Aberración, atentado contra la conservación del patrimonio histórico o puerta abierta a la especulación urbanística. Son algunos de los duros calificativos que dos asociaciones, la de vecinos de Triana San Telmo y la de Defensa del Patrimonio Histórico de Canarias, dedican al nuevo Plan Especial de Protección (PEP) de los barrios de Vegueta y Triana, que sustituirá al actual Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), vigente desde el año 2001.
Estos colectivos han iniciado una campaña de movilización ciudadana para intentar frenar las modificaciones urbanísticas planteadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el texto. Las alegaciones formuladas en julio ya han sido remitidas a todos los concejales del Consistorio capitalino, a los consejeros del Cabildo, a los diputados del Parlamento regional, al director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias y a los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac).
Además han registrado una iniciativa de recogida de firmas en la plataforma change.org para la anulación del plan y la aprobación de una nueva propuesta de ordenación del conjunto histórico elaborada por un equipo multidisciplinar formado por abogados, historiadores, antropólogos, ingenieros y arquitectos, entre otros profesionales. Este viernes el pleno del Ayuntamiento capitalino ha rechazado una moción presentada por el grupo de Unidos por Gran Canaria para suspender el procedimiento. Vecinos y defensores del patrimonio histórico ya amenazan con acudir a los tribunales si se aprueba el plan.
El PEP de Vegueta-Triana fue presentado por el grupo de gobierno municipal, formado por el PSOE, NC y Las Palmas de Gran Canaria Puede, el pasado mes de mayo, pero comenzó a redactarse en 2012, con el PP al frente de la corporación local. El actual concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha defendido el proyecto y se ha mostrado partidario de dinamizar el casco histórico de la capital autorizando actividades comerciales y actuaciones urbanísticas, “la única forma de mantener viva una zona” que, en su opinión, ha entrado en “un estado de ruina” por “el uso tan restrictivo” de los barrios.
La Asociación de Vecinos Triana-San Telmo y la de Defensa del Patrimonio Histórico de Canarias consideran, en cambio, que el Ayuntamiento “no tiene potestad legislativa” para introducir las modificaciones contempladas en el PEP, un plan que, a su juicio, vulnera la Constitución Española y las leyes de patrimonio histórico española y canaria. Estos colectivos recuerdan que cualquier cambio “sólo puede aceptarse con el espíritu de aumentar el grado de protección de los inmuebles catalogados y aumentar el número de inmuebles a proteger”.
En las alegaciones presentadas contra el documento, ambas asociaciones denuncian que, a pesar de que el Ayuntamiento tiene la función de “conservar y custodiar” las viviendas catalogadas en el conjunto histórico de Triana y Vegueta, con el nuevo PEP el gobierno municipal pretende “disminuir la superficie de protección, aumentar el volumen de construcción de inmuebles protegidos, demoler edificios, descatalogar otros y modificar su uso, permitiendo el terciario-recreativo”.
Para los vecinos, la propuesta de homogeneizar la altura de los inmuebles catalogados y, por lo tanto, elevarla en algunos casos, “enmascara la puerta que abre a la especulación urbanística” y altera la singularidad del conjunto. “El casco histórico es el que es y la altura de los edificios es una consecuencia de la etapa en la que fueron construidos y un signo de identidad. Además se crea un híbrido, que no sabemos si ya estará de facto protegido. No se puede permitir tal barbaridad”, exponen.
En el escrito figura una relación de los inmuebles en los que se permite un aumento volumétrico, en algunos de ellos de hasta tres plantas. En el caso del edificio de interés histórico y tipológico situado en el número 2 de la Calle Mayor de Triana, esquina Lentini, se autoriza para su uso cultural un incremento de altura de hasta 7,5 metros, con un retranqueo de tres. “Se trata de una remodelación encubierta de los dos conjuntos históricos en los que el Ayuntamiento hace causa común con el constructor”, señala el documento de alegaciones.
Más bares y restaurantes
Las asociaciones denunciantes acusan al gobierno municipal de intentar unificar “de forma torticera” el uso comercial con el terciario-recreativo, “que no está contemplado en el PEPRI”, para seguir permitiendo la proliferación de restaurantes y bares en la zona. Se refieren, en concreto, a la zona de las Lagunetas, donde incluso se prevé la demolición de un edificio, el ubicado en el número 8, para “diluir el sonido generado por las terrazas”. Los vecinos de Triana recuerdan que la Justicia ya condenó en 2012 al Ayuntamiento por los ruidos y vibraciones provocadas por la actividad hostelera en ese lugar. La restricción de horarios de apertura impuesta para cumplir con la sentencia se ha revelado, en su opinión, “claramente insuficiente”.
“Al legalizar el uso terciario-recreativo en Triana.Vegueta, el Ayuntamiento capitalino, en lugar de colaborar con la Justicia y cumplir con la legalidad vigente, trata de puentearla para librar a varios de sus funcionarios que tienen abiertos procedimientos penales como consecuencia de estas actividades terciarias-recreativas”, sostienen en su escrito, en el que recuerdan que altos cargos de la corporación están siendo investigados por incumplir la orden de cierre de un restaurante sin permisos municipales en la calle Malteses de la capital. Para estos colectivos, la concesión de licencias de aperura a bares y restaurantes desde el año 2004 “ha facilitado la celebración de botellones” en el conjunto histórico y un “proceso de despoblación” de la zona.
Otra de las alegaciones al nuevo PEP alude a la exclusión en la memoria de ordenación de “once edificaciones catalogadas” que, según el Ayuntamiento, no reúnen los valores requeridos y “la reducción del nivel de protección de un total de 53 inmuebles”. También se oponen a que la calle San Bernardo, “una arteria de tránsito rodado”, se convierta en una plaza. “Siguiendo la costumbre del Ayuntamiento, tiene por finalidad facilitar la instalación de terrazas vinculadas a un uso -terciario-recreativo- no contemplado en el PEPRI”, concluyen.
En relación a las ordenanzas estéticas, las asociaciones consideran que el nuevo plan “pisotea el estilo tradicional canario”, al especificar que se admitirá cualquier tipo de construcción “pero con un diseño contemporáneo que no reproduzca estilos anteriores”. El escrito de alegaciones recuerda que el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria se caracteriza por una arquitectura colonial con elementos propios de la identidad isleña, entre los que destaca el uso de la cantería de Arucas.
“En todas las ciudades europeas observamos un riguroso respeto a los bienes inmuebles que conforman su patrimonio histórico. El patrimonio histórico genera dinero. Los viajes turísticos son una fuente generadora de riqueza. A menudo miramos con desconsuelo el patrimonio histórico europeo, al compararlo con el nuestro”, finaliza el escrito.