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Con plaza en un centro de día en Tenerife, pero sin el transporte adaptado que contempla la Ley

Una trabajadora sostiene las manos de una persona en situación de dependencia.

Gara Santana

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Jorge (nombre ficticio) tiene un hermano con una discapacidad del 82% con carácter definitivo. La vida de Jorge ha sido un continuo arrimar el hombro por el bienestar de su familia y para que su hermano viva una vida plena con todos sus derechos garantizados. Desde hace diez años, el hermano de Jorge cuenta con una plaza en el Centro de Atención a Personas en situación de dependencia derivada de discapacidad física (CAFF) en el municipio tinerfeño de El Sauzal, pero nunca ha contado con un vehículo adaptado, a pesar de que la normativa en Canarias recoge este derecho en el Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 12, apartado D.

De no ser porque Jorge se ha preocupado en garantizar y, cuando no, costear, el transporte de su hermano al centro de día, “no hubiera podido ir”. “Y como mi hermano”, cuenta “todos los usuarios del centro”.

Casualmente, el Centro de día de El Sauzal es uno de los dos que hay en el archipiélago que gestiona el Gobierno de Canarias, en este caso, a través de la subcontrata Grupo 5. Jorge se pregunta cómo es posible que lleve diez años clamando por un derecho de su hermano en un centro que gestiona la institución que recoge ese derecho en su legislación.

Una carrera en taxi adaptado desde el municipio de La Laguna al municipio de El Sauzal, solo la ida, puede costar al usuario más de treinta euros. “Al año se le pueden ir a una familia mil y pico euros en transporte y mi hermano no es el único usuario del centro que se encuentra en esta situación”.

Jorge se pregunta cómo puede una familia costear ese transporte, junto con los costes sobrevenidos en el cuidado de las personas en situación de dependencia. “Es probable que renuncien a la plaza en el centro por no tener transporte y tal vez es ese centro lo que necesitan esas personas ahora”.

Un largo recorrido burocrático

En febrero del año 2023, la familia de Jorge puso una reclamación por este asunto a la Dirección General de Dependencia, que depende de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, “pero no nos contestó nunca”. Fue en octubre de 2023 cuando presentaron un escrito al Diputado del Común para que mediara en esta solicitud entre la institución y la familia. El Diputado del Común requirió “dos o tres veces” a Dependencia y la contestación que recibieron hace unas semanas ha sido “una cronología de la situación de Dependencia que ha atravesado mi hermano y la información de que el transporte no se ha llevado a cabo”. “Entendiendo la problemática que puede haber en Dependencia debe ser mucho, pero creo que es grave decir que llevamos diez años esperando una respuesta y costeando el transporte”, afirma Jorge.

“El Gobierno sabe que está dando un servicio incompleto desde hace diez años en base a su propia legislación”, lamenta el familiar del usuario. “Yo no quiero limosnas, quiero que se cumpla la Ley: recogida y vuelta al centro”.

La experiencia del transporte adaptado en Gran Canaria

La Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado (ahora Fundación Gran Canaria Accesible) ha funcionado en los últimos años como una herramienta que pretende suprimir barreras en el transporte diario. Pero no solo suprime barreras para que las personas con discapacidad puedan ir a centros sanitarios o a los centros de día, sino para que puedan desarrollar los planes de su vida en plenitud: ir al cine, hacer recados, sacar un libro de la biblioteca o quedar con la pareja o amigos. “Fue una lucha de todos los colectivos de personas con discapacidad, una lucha no de un día sino de mucho tiempo y trabajo”, contó a este periódico Liliana Frater, en representación de las personas usuarias que utilizan el servicio. Desde entonces, asegura que “ha abierto las puertas y posibilidades a muchas personas incluso en los lugares más remotos de Gran Canaria”.

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