Encomiéndate a San Roque

Somos la tercera comunidad autónoma que más gasto sanitario destina a realizar conciertos con clí­nicas privadas. Ni la décima ni la quinta. Estamos en el podio de la privatización sanitaria. También somos una de las comunidades autónomas que peor valoración tiene en la sanidad pública. No son datos míos, son de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. No es un hecho casual ni anecdótico. No se puede entender la falta de infraestructuras y de recursos económicos en la sanidad pública canaria sin explicar que aumenta el número de clientes de la sanidad privada. El neoliberalismo en estado puro: desprestigias a la pública y derivas a la privada.

Probablemente, uno de los casos más escandalosos que hemos conocido en los últimos años es el del hospital Negrí­n, en Gran Canaria. Un hospital que tiene un servicio entero privatizado y, casualmente, gestionado por Diagnósticos Médicos Especiales (Dimec), una filial del grupo San Roque. Resulta inevitable recordar el caso del hospital Negrí­n cuando esta semana leí­amos esto: “El TSJC sancionará al Servicio Canario de la Salud si no informa sobre los conciertos sanitarios”.

De esa manera, el periodista Moisés Grillo explicaba que la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) daba un plazo de 20 días para aportar el expediente administrativo sobre la demanda contra los conciertos sanitarios presentada por Intersindical Canaria.

Grillo explica muy bien que el pasado mes de mayo la misma sala del TSJC se declaró competente en la demanda y señaló esto: “Se han mantenido fuera de la legalidad vigente, incumpliendo los principios comunitarios de transparencia y publicidad previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y constituyendo una vulneración del plazo cierto del contrato”.

Y una vez más es inevitable acordarse del caso del hospital Negrí­n. La empresa que gestiona el Servicio de Medicina Nuclear del hospital Negrí­n gana el concurso en 2006, con la capacidad de gestionar el servicio durante ocho años y existiendo la posibilidad de prorrogarlo otros dos. Y, aunque el plazo se venció en 2016, la empresa que gestiona el servicio es la misma que en 2006: se ha perpetuado durante dos años no se sabe muy bien de qué forma.

Ahora, parece que la Consejería­ de Sanidad tendrá que rendir cuentas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por los conciertos sanitarios. Por eso, para que no te confundan con el discurso sobre la eficiencia de la sanidad privada, no está mal recordar que los conciertos sanitarios son una herencia que el franquismo dejó a las élites polí­tico-económicas canarias.