La estigmatización como promesa electoral

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en un nuevo ataque de aporofobia, ha decidido, a través de una ordenanza municipal, que vivir en la calle no es suficiente estigma para las personas empobrecidas. Por eso, ha decidido castigarlos y “prohibir la mendicidad”. Mientras, el candidato del PP a la alcaldía, Guillermo Díaz Guerra, amenaza con cerrar el albergue si el resto de las instituciones no aportan dinero.

El pasado 31 de diciembre, José Manuel Bermúdez señalaba en El Día las dos razones por las que, según él, ha aumentado el número de personas sin hogar en Santa Cruz. Para Bermúdez, los responsables eran el resto de los ayuntamientos de la isla y los inmigrantes sin papeles encerrados en el CIE de Hoya Fría. “Casi el 60% de los indigentes que han estado en la calle en esta Navidad no son de Santa Cruz. Son de otros municipios de toda Canarias e incluso de la Península”, añadía el alcalde de Santa Cruz.

Después de soltar esta frase para argumentar, de forma errónea, que no se trata de un problema de Santa Cruz, el alcalde añadía: “El CIE de Hoya Fría, al estar en obras el de Las Palmas y cerrado el de Fuerteventura, es el único de Canarias en activo, por lo que cualquier inmigrante que llegue a nuestras costas es enviado allí. Y si no se producen de manera ordinarias las deportaciones, a los 60 días esa persona se va a la calle”.

A Bermúdez no le parecieron suficientemente bochornosas sus palabras porque ahora va a prohibir “la mendicidad” y multar con 100 euros a las personas sin hogar, una medida que no es nueva. En 2013 la exalcaldesa Of café con leche, Ana Botella, tomó la decisión de multar a aquellas personas que dormían en las calles de Madrid con 750 euros.

Pero no ha sido la única alcaldesa del PP a la que le dio por estigmatizar. Ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le daba un tirón de orejas al entonces alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. El Tribunal le recordaba en una sentencia a León de la Riva que prohibir la mendicidad era “inconstitucional” porque “vulnera el derecho a la libre circulación de las personas”.

En esa tendencia neoliberalista por ver quién estigmatiza y vulnera derechos más fuertes hay que enmarcar la última propuesta del candidato a la alcaldía del PP en Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra. Guerra ha dicho en declaraciones a Planeta Canario que le parece “injusto” que sea solo el Ayuntamiento quien se encargue de pagar el albergue de Tenerife. Por eso, su propuesta, o mejor dicho, su amenaza, es cerrarlo.

Lo que molesta a CC y PP no es que sea el Ayuntamiento la única administración que aporta dinero. Lo que molesta es que el albergue esté ubicado en un sitio visible, molesta que los altos índices de pobreza que hay en Canarias se conviertan en personas que deambulan por las calles, a plena luz del día y a la vista de los turistas. La fórmula para que ambos políticos estén cómodos con el albergue es perseguir e invisibilizar la pobreza; lo que no se ve, no existe.