Salvando a los empresarios

Rosa Dávila decía hace unos días que el caso Grúas era una persecución política, y lo hacía de esta manera: “Cuando uno ocupa un cargo público toma muchas decisiones y algunas de ellas llegan al juzgado, porque hay alguien en desacuerdo, en este caso un partido de la oposición, que es el que pone la denuncia”. Esperemos que en el futuro la hemeroteca no le saqué los colores a Rosa Dávila y tenga que entonar algo parecido al “me he equivocado, no volverá a pasar”.

La jueza que ha reabierto el caso Grúas, Celia Blanco, ha llamado a declarar como investigado al actual portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez-Godiño, y ha elevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Lo ha hecho porque la otra pieza del puzle, Fernando Clavijo, está aforado. Godiño declarara el 4 de diciembre, así que apunten la fecha y la hora.

No nos engañemos, la cosa pinta mal, muy mal. Tanto es así que Fernando Clavijo ha sido preguntado por este asunto por la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en un encuentro en Madrid. Y claro, el presidente ha salido del paso lo mejor que ha podido. Clavijo ha explicado el caso Grúas a la vicepresidenta de forma muy, pero que muy resumida: “Esto viene de una concesión administrativa que entra en desequilibrio económico-financiero y que los empresarios y los trabajadores me piden que rescate esa concesión. Significaba asumir todas las deudas del concesionario y dejar a 22 personas fijas e indefinidas en el Ayuntamiento. Lo que hice fue secuestrar la concesión, equilibrarla económicamente y volverla a entregar a los empresarios, y hoy está funcionando sin ningún tipo de quebranto para el Ayuntamiento”.

No le dijeron sus asesores de comunicación que decir en público que “se lo pidieron los empresarios”, en la mayoría de los casos, no es conveniente, pero en este es un gran error, sobre todo porque cinco de los siete trabajadores han admitido que tenían una relación personal con el presidente del Gobierno de Canarias. Tampoco es conveniente decirlo por que el empresario José Padilla, el administrador de Autogrúas Poli, declaró en su momento haber sufrido presiones por parte del que hoy es presidente del Gobierno de Canarias.

Es muy probable que a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría no le preocupe mucho lo que pudo haber hecho Clavijo en su etapa como alcalde, pero esto ha servido para dos cosas: la primera, y no menos importante, que Clavijo haya sentido el deber de responder ante sus actos, y la segunda, que en Madrid conozcan el caso Grúas.

Se avecinan malos tiempos para Clavijo y para Coalición Canaria, pero, sobre todo, para los laguneros y las laguneras que no tienen la seguridad de que los contratos y las concesiones que se firman con empresas privadas en el Ayuntamiento se hagan bajo la legalidad.