Vivienda pública en Canarias: la década perdida

La situación de vecinos y vecinas en Añaza nos ha llenado de indignación en estos días, ¿cómo podía ser posible que tantas familias se vieran de un día para otro en la calle por la avaricia de un fondo buitre? Es más, ¿cómo es que unas viviendas públicas estuvieran en manos de un banco que a su vez vendió a un fondo buitre?

La situación produjo la reacción de las instituciones canarias, retirando fondos de dicha entidad bancaria y con el compromiso de compra de dichas viviendas por parte del Ejecutivo autonómico.

Está claro, desde mi punto de vista, que esos movimientos no se hubieran producido sin la movilización del barrio y sin el apoyo de las plataformas que han estado dando la batalla.

Pero más allá de este caso, la pregunta es ¿cómo hemos llegado a esta situación y de quién es la responsabilidad?

Los años más duros de la crisis se llevaron por delante derechos hasta entonces vistos como intocables e impidieron el desarrollo de otros, como la vivienda, el cual nunca se ha articulado como tal, en este caso porque la vivienda siempre ha sido más un objeto de especulación y negocio que un derecho como recoge nuestra constitución.

Mientras miles de personas eran, y son, desahuciadas, con la única respuesta de la sociedad civil a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la respuesta de las administraciones, en nuestro caso las canarias, eran nulas; el parque público lleva 10 años congelado, apenas se construye ni se adquiere vivienda pública, y el último plan de vivienda del Gobierno de Canarias caducó en 2012.

En plena burbuja del alquiler, con un repunte de los desahucios por los precios inasumibles de las casas, con una generación de jóvenes que no se puede independizar, y con una precariedad y pobreza laboral que ha venido para quedarse, es más necesario que nunca recuperar esa década pérdida, ampliar el parque público de vivienda en alquiler y hacer políticas públicas que garanticen el acceso a este derecho constitucional no solo a las personas que más lo necesitan sino a toda la población que hace esfuerzos inhumanos para tener un techo en el que vivir. Y esto requiere que los gobiernos se pongan del lado de la gente y no de los intereses de los especuladores.

La Laguna ha sido un ejemplo de esto que digo: las pocas viviendas de su empresa municipal no se han dedicado a satisfacer esa necesidad sino que se ha priorizado su venta para saldar las cuentas del despilfarro de los grupos de gobierno en estos años.

Toca que a partir de ahora exista un compromiso claro de todas las administraciones. Aumentar el parque de vivienda deberá ser una prioridad en los próximos presupuestos del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de La Laguna.

Y, por supuesto, nunca más unas viviendas construidas con dinero público en manos de buitres financieros.

*Concejala de Unidos Se Puede en La Laguna