El Cabido de Tenerife exige por unanimidad al alcalde de La Laguna que justifique los fondos de Las Chumberas

El pleno del Cabildo de Tenerife, por unanimidad, ha salido este viernes en apoyo de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna al solicitar al alcalde José Alberto Díaz (CC) que explique en qué se han invertido los fondos que ha recibido del Gobierno estatal, el canario y la propia Administración insular para la reposición de la urbanización de Las Chumberas, que ascienden a 25 millones de euros.

El acuerdo adoptado ha sido, curiosamente, iniciativa de la propia CC, que se ha hecho una autoenmienda a la moción en que inicialmente planteaba que las administraciones públicas canarias sustituyeran financieramente al Ministerio de Fomento si este no firmaba o prorrogaba un nuevo convenio para demoler y reponer 668 viviendas y 79 locales afectados por aluminosis en aquel barrio de La Laguna.

Pero si la moción inicial parecía planteada por CC para echar un cabo político al alcalde lagunero y de paso poner en un aprieto a su socio en el Cabildo, el PSOE, pues derivaba la culpa de que no se haya firmado un nuevo convenio al Gobierno central, al final el resultado fue más bien el contrario; esto es, que el pleno del Cabildo ha acordado “apoyar la petición de los grupos municipales de La Laguna para detallar el uso de los fondos recibidos antes del 31 de diciembre de 2018 [25 millones de euros]”, y al mismo tiempo “instar al Ayuntamiento y a Muvisa para que asuman la máxima responsabilidad como ente gestor” de ese convenio.

La realidad es que el Consistorio lagunero, como expuso la directora insular de Vivienda, Marta Arocha (PSOE), no ha justificado aún ni un euro de los recibidos desde 2011 (solo ha certificado una mínima parte, tres millones, que no justificados), “y es intolerable que en nueve años no se haya movido ni una sola piedra”.

Al tratarse de subvenciones anuales, eso ha motivado que los funcionarios -tanto del Cabildo como del Gobierno estatal- hayan puesto reparos y advertido de que no se pueden dar nuevos recursos financieros para esas obras sin antes justificar los fondos anteriores.

El Ayuntamiento adjudicó a finales de diciembre las primeras obras de demolición y construcción, por 17 millones de euros, pero incluso lo hizo sin tener culminados los trámites para disponer del suelo donde levantar los nuevos bloques, como reconoció CC en el pleno del Cabildo.

El acuerdo también insta a la empresa pública Muvisa a que “haga público un cronograma donde se establezcan los hitos de ejecución del convenio, sus plazos y la financiación”. Se insta además a Fomento “a encontrar con las administraciones canarias la fórmula jurídica más viable para resolver la continuidad del convenio, o para hacer uno nuevo, para dar cobertura a la aportación financiera” de todas las partes implicadas. También se rechaza “cualquier acción unilateral por cualquiera de las partes al margen del convenio y del marco establecido por la comisión de seguimiento”.

Y es en este último punto donde surgió en el pleno la polémica entre los socios de gobierno, que el viernes votaron en sentido contrario en dos mociones y están al borde de la ruptura. El portavoz insular de CC, Alberto Bernabé, sacó las cajas destempladas contra la directora insular de Vivienda del propio Cabildo (del PSOE) por reunirse en Madrid la pasada semana con altos directivos de Fomento, “para negociar a espaldas de la comisión de seguimiento y de los servicios jurídicos del Cabildo, y seguramente con una propuesta que será distinta de lo que luego propongan las tres administraciones canarias”.  

Además, acusó a Arocha de que sus declaraciones a la prensa (este diario publicó sus impresiones de esa reunión en Madrid) “no son las que necesitan los vecinos, porque no podemos generar desazón ni desconfianza en las familias afectadas, que están llenas de miedos”. “Usted parece una interventora general, en lugar de buscar un solución, como CC, que somos propositivos”, remachó.

La realidad es que Bernabé no parecía estar bien informado, porque, para su sorpresa, el vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, salió en defensa de Arocha y dejó claro que la reunión no fue de espaldas a CC: “No esperaba que Bernabé usara los términos que ha usado con ella, que ha intentado resolver tanto desaguisado, pues le dije a Carlos Alonso y a José Alberto Díaz que íbamos a mantener esa reunión en Madrid con el Ministerio para procurar que no pidiera el reintegro del dinero y que los técnicos del Estado hicieran los informes necesarios”. Pero Abreu no se quedó ahí, y reprochó que sea CC la que haga reuniones en las que no se convoca al jefe de servicio del área de Vivienda.

“No van a resolver esto ustedes pagando billetes a los vecinos para que vayan a Madrid a manifestarse, sino poniendo el expediente en manos de los funcionarios; no se puede seguir jugando con los afectados”, remarcó.

Encontronazo de PSOE y CC por los presupuestos de Sánchez

En otro de los asuntos destacados del pleno, CC y PSOE volvieron a enfrentarse, pero esta vez votaron en sentido diferente, al apoyarse los nacionalistas en el PP para pedir la devolución del proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 al Gobierno central por ser perjudiciales para Canarias. La votación evidenció la situación explosiva del pacto entre CC y PSOE, que no pudieron entenderse a pesar de que los socialistas reconocieron que las cuentas de 2019 preparadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tienen que ser mejorados para Canarias, pero no entendieron por qué había que pedir anular todo el presupuesto en lugar de incorporar esas partidas en el trámite de enmiendas.  

Esa postura también la defendió Podemos, que propuso una fórmula que contentara a todos los grupos, pero resultó un empeño imposible dado que CC y PP se enrocaron en sus posturas y llevaban un guión inamovible. “El PP está enfadado porque lo han apeado del poder en Madrid por una moción de censura que hacía falta por su corrupción y CC porque ha perdido su voto fundamental en las Cortes”, terció el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté.

Los dos partidos de izquierdas usaron datos de UGT en los que destacaron el aumento en pensiones contributivas, no contributivas y becas de estudio, más la eliminación del copago farmacéutico a los jubilados, el incremento retributivo a los funcionarios y el salario mínimo interprofesional, entre otros avances. También alegaron que no todo son carreteras, aunque también las defienden como necesarias y haya que batallar por incrementar las inversiones.

Los socialistas eran sabedores de que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, se las tenía jurada por haberle retirado el apoyo a la compra del edificio a una empresa de la familia del constructor condenado Antonio Plasencia, y por eso no les sorprendió esta moción en la que no fue posible ningún acercamiento.

De hecho, el portavoz de CC en este punto, Jesús Morales, tachó los presupuestos de una “ruindad” de Sánchez con Canarias por incumplir obligaciones legales del nuevo REF y del nuevo Estatuto de Autonomía en cuanto a inversiones y bonificaciones fiscales. “Es un Gobierno rehén de los partidos independentistas”, avisó el nacionalista.

Desde el PP, Ana Zurita, que además es diputada nacional, desacreditó estos presupuestos del Estado como “los peores en 40 años de democracia, porque no responden al interés general sino al de Sánchez para permanecer en la Moncloa con los independentistas”.

Contradijo estas dos últimas versiones el PSOE, cuyo portavoz en este caso, José Antonio Valbuena, apuntó que, respecto a los presupuestos estatales del PP para 2018, en los elaborados por el equipo de Sánchez para 2019 hay 100 millones más para Canarias, y aún se pueden lograr más fondos en el trámite en las Cortes.

En esta línea, el vicepresidente del Cabildo manifestó que entendía la postura de CC y PP en este asunto, “porque han estado muy a gusto juntos [en Madrid] en los últimos siete años recortando derechos, y encima sacando pecho”. Abreu reprochó además que el Gobierno canario reclame inversiones al Estado a sabiendas de que no tiene los proyectos para poder ejecutarlas.