El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife ha advertido este miércoles de que actuará hasta las últimas consecuencias para que se esclarezcan los reparos de legalidad puestos por la Intervención General de la Corporación a gastos correspondientes al año 2015, que suman un total de 204 millones de euros, el 25% del presupuesto total del Cabildo en ese ejercicio. Entre los reparos más destacados señalados por los interventores se encuentra el referido a una operación financiera por un importe de 188 millones de euros, de la que se desconoce, asegura Podemos, a qué se dedicó ese dinero.
Por ese motivo, según ha explicado en rueda de prensa Fernando Sabaté, portavoz del grupo en la Corporación, la formación ha incluido una pregunta sobre este asunto en el pleno que el Cabildo celebrará este viernes, en el que esperan que se les expliquen, “también a los ciudadanos”, las irregularidades señaladas por el informe de la Intervención General. Dicho documento incluye un total de 76 reparos, solo en 2015, en el área de Gobierno del Cabildo, de los que la mayor parte, 20, afectan a Presidencia.
Fernando Sabaté recordó que los presupuestos del Cabildo para ese año rondaban los 764 millones de euros, por lo que la cantidad a la que Intervención ha puesto reparos de legalidad (204 millones) representa una cifra “muy abultada”, que supera el 25% de las partidas globales.
Podemos espera que el grupo de gobierno ofrezca una información detallada sobre la gestión de esos fondos o, de lo contrario, el partido está dispuesto a ejercer como acusación particular o llevar este asunto directamente a la Fiscalía, advirtió su portavoz.
Falta de transparencia
Según la información facilitada por Podemos, de esos 76 reparos puestos por Intervención, el pleno de la Corporación insular decidió levantar 12, mientras que el resto (64) fue levantado directamente por el presidente de la institución, Carlos Alonso, lo que, a juicio de Sabaté, supone “la forma menos transparente de levantar un reparo”. Añadió que “el hecho de levantar un reparo no significa que no se hayan cometido ilegalidades o irregularidades”.
Hay 19 reparos a subvenciones que suman un importe de 6.124.140 euros; 11 reparos a convenios por un total de 1.560.554 euros; 17 reparos a contratación de obras por 4.176.033 euros; cuatro reparos a la contratación de servicios por 218.768 euros; tres reparos a contratación de suministros por 586.256 euros, y 13 reparos a encomiendas de gestión por 1.336.899 euros.
En su escrito de conclusiones, la Intervención General destaca como principales advertencias de ilegalidad la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, lo que ocurre en gastos por más de 202 millones de euros, ausencia de documentación o informes preceptivos y valoraciones defectuosas que no se ajustan a los criterios establecidos en las bases.
Podemos, que valoró el trabajo de la Intervención General pese a su “insuficiente dotación de medios, sobre todo humanos”, señaló también que existen subvenciones “camufladas” que se conceden directamente “sin justificar por qué no ha habido una convocatoria pública de ayudas”.
De hecho, Sabaté ha afirmado que la Intervención General ya ha puesto un reparo este año, en concreto a los presupuestos de la Corporación, ya que se ha observado que se ha multiplicado por tres la cantidad destinada a subvenciones nominativas hasta alcanzar los 15 millones de euros. Estas subvenciones nominativas, ha explicado Sabaté, al ser directas, no cumplen con los requisitos de convocatoria ya que “no se explica por qué se dan ni se justifica el gasto”.
El consejero Roberto Gil también señaló que en el pleno del viernes pedirá la comparecencia del consejero de Turismo, Alberto Bernabé, para que explique el uso de 23 tarjetas de crédito por parte de Turismo de Tenerife que supusieron un gasto de 1,3 millones de euros entre 2012 y 2016.
De esa cantidad, 700.000 euros correspondieron a una tarjeta utilizada por el consejero delegado de Turismo de Tenerife Miguel Ángel Santos entre 2012 y 2015.
Asimismo, el consejero Julio Concepción advirtió de que no se está fiscalizando adecuadamente el dinero que reciben los grupos políticos con representación en la Corporación insular y consideró que “queda mucho por avanzar” en la correcta fiscalización democrática de la institución.