El PSOE pone dinamita al pacto con CC en el Cabildo al llevar al pleno que se aborte al completo la operación Plasencia

El PSOE ha decidido soltar amarras de forma definitiva ante cualquier intento de compra por parte del Cabildo de Tenerife (de CC) de un edificio sito en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) a la empresa Carlacand, de la familia de Antonio Plasencia.

El viraje de los socialistas, después de que en diciembre apoyaran esta operación, es de 180 grados: en el pleno de este viernes propondrán desistir ya de toda esa operación -valorada en 23 millones de euros, más otros 6,1 para adecuar el inmueble a su futuro uso sociosanitario- e impulsar la construcción de un nuevo edificio en suelo público, mediante el oportuno concurso.

Esa propuesta, que pone el pacto de gobierno entre ambos partidos al borde del abismo, recoge el mandato del Comité insular del PSOE, presidido por Pedro Martín, para que los consejeros socialistas en el Cabildo incluso recojan sus bártulos si CC optara ante tan fuerte pulso por romper el pacto, algo de lo que hace una semana ya advirtió Carlos Alonso.

Desde luego, la moción se aparta del anuncio hecho la pasada semana por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), de un reinicio del expediente para convocar una solicitud pública de ofertas, en la que incluso pedía a los Plasencia que mantuvieran la de ellos, para buscar lo mismo: un edificio ya construido en el área metropolitana con capacidad para 220 plazas geriátricas que estuvieran disponibles en 10 meses.

Alonso, que intentó sin éxito retener el apoyo de los socialistas so pena de una ruptura del pacto (el giro del PSOE ya quedó bien claro en el consejo rector informativo del viernes pasado, en el que defendió el contenido de la moción llevada este lunes a la junta de portavoces), buscó de este modo una vía de escape al callejón sin salida en que se había metido CC después de que el PSOE y PP, que habían apoyado a fines de 2018 comprar el edificio a Plasencia, en el caso de los socialistas en el Consejo de Gobierno insular y luego en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS), decidieran desmarcarse de la operación.

Esto se produce tras publicarse en los medios que aquel inmueble está vinculado al constructor doblemente condenado por el caso Las Teresitas y el caso Áridos de Güímar y después de difundirse con todo detalle los pormenores del expediente, con llamativas anomalías que ha detallado Tenerife Ahora en una serie de entregas a lo largo de este mes.

Un expediente que hace aguas, según el PSOE

Precisamente, los socialistas alegan en su moción, registrada este lunes, que no ha quedado acreditado en el expediente del IASS por qué esta compra a Plasencia no salió a concurso público, sino que se optó por la compra directa (el propio interventor de este organismo la pone en cuestión y otro informe económico financiero advierte de que este método debe estar bien justificado).

El PSOE también advierte de que la valoración de 23 millones aceptada a Plasencia “debería ser validada por un funcionario con conocimiento suficientes en la materia, siempre teniendo en cuenta la finalidad asistencial del inmueble y el elevado grado de inejecución de obras en su interior”. Cabe recordar que la empresa que tasó el edificio, Tinsa, lo hizo como si estuviera “terminado”.

En este punto, los socialistas, sin decirlo, vienen a contradecir a Alonso, quien había manifestado que “todo se hizo sobre la base de una tasación oficial de un funcionario público, cuando la realidad es que la tasación la hizo, por encargo también a dedo, la empresa Tinsa (la misma que infló el precio de la parcelas de Las Teresitas en contacto con el arquitecto de Antonio Plasencia y de Ignacio González, los propietarios de los terrenos), y que un funcionario del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del IASS se limitó a validar el precio pedido por Carlacand tomando como referencia el de esa tasadora, a pesar de que este servicio público había reconocido en un informe anterior que carecía de medios, formación y datos actualizados para calibrar cuánto podía costar el inmueble.

A todo ello se une un sorprendente hecho en el expediente: que la oferta de Carlacand aparece con registro de entrada en el IASS de 14 de diciembre de 2018, dos meses y medio después de que consten iniciados los trámites previos para la compraventa, como son la tasación de Tinsa -tramitada y hecha a toda prisa en octubre- y un informe urbanístico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el que certifica que el edificio, construido para oficinas, puede cambiar de uso a geriátrico con el actual Plan General de Ordenación (en el aire también está su anulación judicial por sentencia, ahora pendiente de un recurso ante el Supremo del Ayuntamiento para saber si es firme o no).

Macrorresidencias de ancianos ya en desuso en Europa

En su moción, el PSOE también propone crear una comisión entre administraciones públicas que haga un estudio detallado del modelo sociosanitario que debe implantarse en la isla y “tomar las medidas necesarias para iniciar de manera inmediata” la construcción de los centros sociosanitarios con proyectos ya redactados, es decir, el Febles Campos II y el Añaza, aprovechando el suelo público disponible.

Para explicar su sobrevenido apartamiento de CC en la operación Plasencia, los socialistas aducen además que el edificio en cuestión, de 13 plantas y diseñado para oficinas, choca con el modelo de residencia para ancianos que es hoy la “tendencia en todos los países europeos”, que pasa por caracterizar los geriátricos como una vivienda propia, creando un ambiente hogareño y preservando la autonomía personal. Todo lo cual, dice el PSOE, no sería posible con el modelo de “macrorresidencia” que se crearía con el inmueble que CC quiere comprar a Plasencia.

Contraofensiva de CC: presupuesto del Estado y Las Chumberas

Pero CC no se quedará sin ases en la manga en el pleno para poner al PSOE en aprietos, lo que forzaría a hacer visible, por su parte, desencuentros en otros asuntos que pudieran justificar una ruptura del Gobierno insular.

Así, en el pleno de este viernes está previsto que CC contraataque con dos mociones. Una difícilmente los socialistas van a suscribirla: solicitar la devolución del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez, por sus “incumplimientos” con Canarias en cuanto a las inversiones recogidas en la Ley del REF o los convenios. “Incumplimientos” que, según el grupo nacionalista, son “graves” con Tenerife, en el caso de un millón comprometido para la rehabilitación de Puerto de la Cruz, cinco millones para los trenes, obras hidráulicas y la playa de Valleseco.

No será fácil tampoco que el PSOE apoye otra moción de CC en la que plantea que si el Ministerio de Fomento no firma un convenio para desbloquear la financiación de la reposición de Las Chumberas, sean el Cabildo, el Ayuntamiento lagunero y el Gobierno canario los que firmen uno por su cuenta.

Los socialistas ya han dicho que el problema es que el Consistorio de La Laguna no ha certificado gastos sino por 2,9 millones de los 25 que ha recibido de las demás administraciones (12,5 de ellos de Fomento), y que eso puede implicar la devolución del dinero, al no haberse justificado en el plazo legal y tratarse de subvenciones.

Pese a ello, la directora insular de Vivienda del Cabildo, Marta Arocha, acudió a Madrid la pasada semana para proponer un nuevo convenio, esta vez por cuatro años y que evite ese extremo. Arocha arrancó una cita de todas las partes para el día 29 de este mes.

El PP quiere visitar el edificio de Plasencia para decidir

Existe aún cierta incertidumbre sobre cuál será el planteamiento y el voto del PP en este pleno, pues los populares también se han desmarcado de forma sobrevenida de la compra a dedo (la habían apoyado en el consejo rector del 28 de diciembre, donde solo Podemos se abstuvo y nadie votó en contra ) y han reprochado a CC su “falta de transparencia” con ese expediente. Si el PP (CC tiene mayoría absoluta con el PP, esto es, un tope de 16 votos) apoya la moción del PSOE sobre el asunto de Plasencia, los planes de CC habrán quedado desbaratados del todo y no podrá apoyarse en otro partido. Podemos también está en contra de los postulados de CC.

De momento, el viernes lo que tiene previsto el PP es una pregunta: “¿Tiene el grupo de gobierno insular la intención de seguir adelante con la compra del edificio de 13 plantas sito en Cabo Llanos para su uso como centro sociosanitario?”, algo que ya tiene respuesta de Alonso en rueda de prensa desde la pasada semana, es decir, que ante la polémica creada recula para pedir más ofertas públicas y pide a Plasencia que no retire la de los 23 millones de euros.

El PP está interesado además (como publicó en un tuit) en hacer una visita al hospital Febles Campos y a la residencia de mayores de Ofra, puesto que CC alega en este caso la necesidad de demolerlas y, entre tanto se construyen nuevas infraestructuras, reubicar a 270 pacientes en un edificio nuevo (esa era la explicación para adquirir el inmueble a Plasencia). También quieren los populares visitar el propio y controvertido inmueble de oficinas a medio construir que el IASS pretendía adquirir en Cabo Llanos.