El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dejado claro que ninguna sentencia le obliga a pagar el derribo del edificio de aparcamientos y centro comercial situado en la playa de Las Teresitas. En respuesta a una pregunta presentada por el concejal socialista José Ángel Martín Bethencourt, el grupo de gobierno menciona el contenido del fallo en primera instancia del juzgado número 5 de lo penal y el de la Audiencia Provincial que ya es firme, para indicar que en ninguno de ellos se dice que la Corporación local deba asumir este gasto.
En ambos casos, el Ayuntamiento indica que en las sentencias se apunta que deben ser las seis personas que resultaron condenadas en este proceso, tres exconcejales y tres técnicos, quienes deben costear la demolición de su propio bolsillo y a partes iguales. Sin descartar tampoco posibles indemnizaciones a terceros de buena fe. “Tal y como se puede comprobar, la responsabilidad de los condenados a hacer frente a los costes deriva de dos resoluciones judiciales, por lo que la interpretación y ejecución de las mismas, incluyendo la exigencia de responsabilidades económicas a los condenados por el coste de la demolición, corresponde al Juzgado de lo Penal número 5”.
No obstante, el Ayuntamiento confirma que está dispuesto a colaborar con este órgano judicial “para la íntegra ejecución de dichas sentencias, incluyendo la exigencia de abono del coste de la demolición facilitando cuantos medios sean necesarios para ello y en la medida en que así nos sea requerido”, se indica en otro momento de la respuesta.
Pese a todo ello, lo cierto es que el Consistorio llegó en su momento a encargar hasta dos proyectos de demolición según fuese ésta total o parcial. Además ha anunciado que sacará por urgencia las obras a concurso con un presupuesto de 540.000 euros, con una partida presupuestaria propia y un plazo de ejecución de seis meses.
El concejal de Sí se puede, Pedro Arcila, al tener conocimiento del contenido de la respuesta ha mostrado su sorpresa e indica que de la misma puede desprenderse que la participación del Ayuntamiento en todo este proceso, por lo visto, sólo ha tenido como fin el obstaculizar al máximo posible el derribo. “De lo contrario no se entiende que sea ahora cuando de pronto se den cuenta de que nadie les obligaba a nada, después de haber puesto todos los impedimentos habidos y por haber para salvar el edificio o la mayor parte del mismo”.