El juicio por el caso Las Teresitas dejó varias sorpresas este martes. Una de ellas fue la declaración del inspector jefe del Grupo VII de la Brigada de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Judicial. Otra, ha sido la renuncia por parte de la Fiscalía a un testigo esencial, el jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio de Hacienda, Manuel Souto.
El agente de la Policía Judicial explicó que la investigación se llevó a cabo a instancias de la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Una de sus sospechas fue si el acusado Antonio Messía Yraola, interventor en 2001 en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (en la actualidad lo es del Cabildo de Tenerife), había recibido presiones para elaborar un informe favorable a la compra de la playa de acuerdo con las tres tasaciones incluidas en el expediente de la Gerencia de Urbanismo. Además de si conocía la existencia de una tasación, muy a la baja en el precio de los terrenos y que nunca se incluyó en ese expediente, de la arquitecta municipal Pía Oramas.
El inspector jefe declaró que, en efecto, se entrevistaron hasta en tres ocasiones con Antonio Messía. En la primera “nos dijo que el informe (de Pía Oramas) era conocido en el ámbito de la Gerencia” pero que “no lo había visto en persona. Que sólo figuran tres informes en el expediente y que no sabía de nada que justificara por qué no estaba incluido el de Pía Oramas, pero que sabía de él”.
La investigación por parte de la Policía Judicial se llevó a cabo los meses previos a que la Fiscalía presentase su querella.
“Teníamos información de que había sido presionado. Por eso nos entrevistamos con él”. Messía no reconoció haber sido presionado, “pero tampoco lo negaba. Nos decía que quería consultar con otros compañeros interventores y con un abogado”.
Una vez que consultó con un abogado, “su actitud había cambiado, se desdijo y se mostraba a la defensiva”.
Cuando posteriormente fue interrogado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Carla Bellini, Messía negó haber recibido presiones o coacciones. Las acusaciones piden que sea condenado a cuatro años de cárcel por prevaricación.
Nada de cuestiones jurídicas
Souto era una pieza importante en este juicio. Fue quien elaboró el informe sobre la compra-venta de la playa a instancias de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, en el que calificó la operación como “un pelotazo de los de libro”, frase que ya parece ligada al caso Las Teresitas.
Pero la fiscal María Farnés Martínez tuvo que renunciar a tomarle declaración por video-conferencia porque el abogado Eduardo García Peña, que defiende al ex edil de Urbanismo, Manuel Parejo, alegó que esa testifical era “una pericial encubierta”. El tribunal que preside el magistrado Astor Landete concluyó que en el interrogatorio no se podrían abordar cuestiones jurídicas del sumario.
La fiscal protestó porque se trataba de una prueba que todas las partes conocían y que había sido admitida a trámite, sin que en la primera jornada de cuestiones previas del juicio se hubieran presentado alegaciones en contra. Y porque a otros testigos se les ha preguntado por cuestiones que se incluyen en el sumario, sin quejas.
Al testigo no pareció sorprenderle que se renunciara a escucharle. Tras decirle el auxilio judicial que muchas gracias y que perdonase las molestias, Manuel Souto soltó una carcajada.