El arquitecto José Domínguez Anadón ha reconocido que tres parcelas del frente de la playa de Las Teresitas, acerca de las que tenía dudas de si eran privadas o públicas, tenían la segunda consideración a la vista de la información que este miércoles ha dado la fiscal María Farnés Martínez.
Esta incidencia se ha producido durante la sesión de este miércoles del juicio que se sigue por el conocido caso Las Teresitas por un presunto pelotazo por el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró por 52 millones de euros terrenos en la playa de ese nombre y que desde el Consistorio se había valorado en la mitad.
Javier Domínguez Anadón declaró como perito y comentó que, en su opinión, había dudas en torno a si las parcelas 12, 13 y 14 eran públicas o privadas, y sobre si se había aumentado la edificabilidad.
Basó su informe en una ordenanza que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias que la fiscal dijo que el Gobierno canario había considerado “anómala”, a lo cual Javier Domínguez Anadón respondió que era la primera noticia que tenía de ese hecho y agregó que si era así no había duda del carácter público de las parcelas.
También se refirió a la edificabilidad, que con anterioridad había cifrado en 99.000 metros cuadrados, mientras que ahora la plantea en 108.000 metros cuadrados, una vez que ha consultado las ordenanzas.
Uno de los informes hechos por Javier Domínguez Anadón eran contrarios al realizado por los peritos municipales Berta Álvarez y Elías Medina, y que a juicio del arquitecto perito fallaba en que se había hecho la comparación con el plan parcial y no con el plan general de ordenación urbana.
Elías Medina indicó que para hacer su informe no había mirado los datos del registro sino los del planeamiento, por lo que insistió en que no tenía duda alguna de que las parcelas eran públicas.
Este perito mantiene que se aumentó la edificabilidad de la zona, mientras que Javier Domínguez Anadón dice que no ha sido así.
En este caso están acusados el exalcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo (CC); el exconcejal Manuel Parejo (CC), y los exportavoces de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, respectivamente, así como los empresarios Antonio Plasencia, Carlos Plasencia, Ignacio González y Pedro González.
También están acusados el exsecretario general municipal Eugenio de Zárate, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y los funcionarios Antonio Messia, Víctor Reyes y José Luis Roca.