La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha concluido este martes, con el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo como principal acusado, la vista oral por el caso Las Teresitas, un supuesto “pelotazo de libro” que reportó 120 millones de euros a dos particulares, constituidos en empresa (Inversiones Las Teresitas) a costa de los ciudadanos, según la Fiscalía Anticorrupción.
Esa cantidad es la que consiguieron los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González en una operación que, según el ministerio público, comenzó en 1998 con la adquisición de 103 parcelas en el frente y en la trasera de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, gracias a un crédito “anómalo” de CajaCanarias.
En 2001, Plasencia y González vendieron por 52,5 millones de euros las once parcelas del frente de playa al Ayuntamiento, que no tuvo en cuenta un informe de su entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, que las valoraba en 19 millones, según definieron las acusaciones.
El Ayuntamiento recalificó para uso residencial el resto de las parcelas de la trasera de la playa, que siguieron en manos de los empresarios hasta que en 2006 se las vendieron a Mapfre por 92 millones de euros, con un aumento de edificabilidad valorado en nueves millones.
Para hacer posible esta operación, el Ayuntamiento puso en marcha toda su maquinaria institucional y administrativa en lo que constituyó “una trama” de políticos, empresarios y funcionarios para cometer una “estafa” al pueblo de Santa Cruz de Tenerife, según las conclusiones de Anticorrupción. A pesar de que durante la instrucción se investigaron las cuentas de los acusados, no se hallaron pruebas de cohecho.
La fiscal María Farnés Martínez pide para los 11 acusados entre cuatro y ocho años de prisión por malversación de fondos públicos y prevaricación, además de penas de inhabilitación e indemnizaciones solidarias a la ciudad por 48 millones de euros.
En el banquillo se han sentado desde el 9 de septiembre, durante 32 sesiones, muchos relevantes de la vida política y económica local, el principal de ellos, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife de 1995 a 2011 por Coalición Canaria, Miguel Zerolo, para quien la fiscal pide ocho años de cárcel, los mismos que para el exconcejal de Urbanismo de su mismo partido, Manuel Parejo. La fiscalía además pide cuatro años de prisión para el exportavoz del grupo socialista Emilio Fresco y para el exportavoz del grupo popular José Emilio García Gómez.
Los máximos beneficiarios de la operación, según la fiscal, se enfrentan a cuatro años de prisión y son también personas relevantes: Antonio Plasencia fue presidente de la patronal de la construcción provincial (Fepeco) e Ignacio González fue presidente de la Cámara de Comercio y anteriormente presidente del PP de Tenerife.
A su lado se han sentado dos de sus hijos, Carlos Plasencia y Pedro González, que siguen acusados pese a que la Fiscalía les ha levantado sus imputaciones y debido a que la acusación popular mantiene las suyas.
Junto a los políticos y los empresarios, también están en el banquillo tres funcionarios que tuvieron funciones clave: José Tomás Martín, Juan Víctor Reyes y José Luis Roca, exgerente, ex secretario delegado y ex interventor delegado de la Gerencia de Urbanismo, respectivamente.
La vista oral se había iniciado con trece encausados, pero dos de ellos fueron exonerados por la Fiscalía y la acusación popular durante el juicio tras declarar que informaron favorablemente la operación de compraventa bajo engaño: el exinterventor general del Ayuntamiento Antonio Messía y el exsecretario general José Eugenio de Zárate.
Todas las defensas han pedido la absolución de los acusados, al considerar que no existen pruebas de malversación ni de prevaricación.
Jorge Muñoz, abogado de Miguel Zerolo, sostuvo que la compra de los terrenos fue beneficiosa para la ciudad porque impidió la construcción de hoteles en el frente de playa, a la vez que el Ayuntamiento se quedaba con una parcela hotelera con la que se puede recuperar el dinero invertido.
Eduardo García Peña, defensor de Manuel Parejo, sostuvo que el caso Las Teresitas es “un castillo de naipes que se derrumba” porque no se sostiene sin cohecho, “y cohecho no hay ninguno”.
De la misma opinión es Jordi Pina, abogado del empresario Antonio Plasencia, para quien “el juicio murió el día que se archivó la acusación de cohecho”.
Para demostrar que no hubo ningún acuerdo entre empresarios y políticos, Jesús María Silva, abogado de Ignacio González, reveló que los empresarios “aborrecían” a los representantes municipales, “tipos deleznables” con quienes tuvieron que negociar “a cara de perro” el precio de la venta.