El Cabildo de Tenerife pagó a una UTE cuatro millones de más en contra de sus técnicos

Algo más de 13 millones de euros. Esta es la cantidad que pagó el Cabildo de Tenerife a las empresas Acciona y Construcciones Darias por las obras de la vía de servicio y modificación de enlaces de San Isidro-Aeropuerto Sur, lo que supone un encarecimiento de 4,5 millones, un 53% más con respecto al presupuesto por el que fueron adjudicadas: 8,5 millones. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, el sobrecoste fue autorizado el 9 de marzo de 2012 por el consejero de Carreteras, el socialista José Luis Delgado, a pesar de conocer una serie de informes técnicos que advertían de que la UTE había inflado los precios por encima del valor del mercado.

Las discrepancias entre los técnicos del Cabildo y las empresas adjudicatarias se remontan al anterior mandato. El 25 de enero de 2010, el director de la obra y el jefe de Servicio de Carreteras emitieron un primer informe en el que alertaban de que la UTE había presentado una valoración muy por encima de los precios de mercado sobre las modificaciones llevadas a cabo en el proyecto inicial. La falta de acuerdo entre las partes provocó que el expediente quedara sobre la mesa, hasta que fue rescatado por José Luis Delgado en 2012, después de que los técnicos insulares propusiesen que se liquidasen los trabajos sin tener en cuenta las tasaciones de Acciona y Construcciones Darias, al no haberse pronunciado hasta ese momento el órgano de contratación.

El director de las obras quiso desmarcarse en un nuevo informe, que firmó el 12 de marzo de 2012, de la decisión que adoptó el consejero de Carreteras “en una reunión mantenida el 9 de marzo de 2012”, al dejar por escrito, una vez más, las diferencias de precios entre lo solicitado y las valoraciones de los trabajadores del Cabildo.

“Sin proyecto modificado”

El pago final de 13.088.341 euros se llevó a cabo a través del Decreto de pago a proveedores. Este hecho, según declaraciones de José Luis Delgado, explicaría las prisas a última hora por aprobar el expediente. “La empresa renunció a más de un millón de euros en intereses de demora a cambio de que se autorizara el gasto”, recalcó el consejero del PSOE. La UTE solicitó en 2010 un pago de 14,7 millones, que redujo a la cantidad final “después de una dura negociación”, según Delgado.

El político socialista fue más allá y culpó a la anterior directora insular de Carreteras del sobrecoste de la obra, Ofelia Manjón, trasladada a otro puesto por discrepancias con Delgado, a la que responsabilizó de que los trabajos se llevaran a cabo “sin proyecto modificado aprobado por el Consejo de Gobierno”, pese a que en los informes técnicos se alude a la existencia del documento que debería plasmar los cambios en el proyecto original. Según el consejero, esta práctica fue “habitual” en el pasado mandato, y añadió que esta es una de las cuestiones que en su momento denunció en la Fiscalía y que han dado pie a la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

José Luis Delgado insistió también en que la UTE “había amenazado con demandar”, por lo que decidió “poner por delante el interés público, ya que era mucho más el dinero al que renunciaban en concepto de intereses de demora que la discrepancia por los precios de los materiales”.

Informes técnicos

En el primer informe, fechado el 25 de enero de 2010, los técnicos valoraron el nuevo precio de las obras en 11,1 millones de euros, frente a los 14,7 millones que en un principio solicitaban las empresas adjudicatarias. Así, por ejemplo, mientras que Acciona y Construcciones Darias proponían aplicar un coste de 97,67 euros por metro cúbico de hormigón, el director de la obra rebajaba la cuantía a un valor orientativo de 71 euros, al considerar que “los precios que propone la UTE no son de mercado”. Por este concepto, el Cabildo pagó finalmente un sobrecoste de 557.941 euros.

También advirtieron los técnicos de que era “un poco elevado” el precio fijado por las constructoras sobre los movimientos de tierras que se tuvieron que llevar a cabo para el aumento de terraplén. Por estas modificaciones, finalmente, se pagó un incremento sobre el proyecto original de 239.515 euros.   

Los desacuerdos entre las partes también afectaban a diferentes trabajos complementarios que tuvo que ejecutar la UTE, por los que pedía un incremento presupuestario a pesar de que se basó para ello en “partidas alzadas sin justificar, precios nuevos sin descomposición y unidades que esta dirección entiende que son de proyecto”, como explicaron los técnicos en su informe de 2010. Algo similar ocurría, siempre según el criterio de los trabajadores de Carreteras, con las cuantías reclamadas por los desvíos de tráfico acometidos durante las obras, “que no están justificados” al venir “contemplados en el capítulo de Seguridad y Salud”.

Tampoco estaban conformes los técnicos del Cabildo con otra de las valoraciones llevadas a cabo por las empresas adjudicatarias, que inicialmente reclamaron 66.614 euros al tener que realizar el cajeado del arcén como excavación en zanja y no como desmonte, en contra de lo que proponía el proyecto. Para el director de la obra y el jefe de Servicio, la cantidad adecuada era de 33.013 euros, al proponer que se descontase “la parte que se ha certificado como desmonte”.

Los técnicos del Cabildo, además, cuestionaron que la UTE solicitase una indemnización por el retraso de la obra en relación a los tiempos establecidos en el proyecto original. Para ello, en el momento de la redacción del primer informe, cifraban en 17 meses la demora de los trabajos, toda vez que inicialmente se estipuló en 20 y ya alcanzaba los 37 meses, lo que elevaba la factura en 1,1 millones. Para el director y el jefe de Servicio, este extremo no cabe al considerar que “el incremento de la obra da lugar a un incremento del plazo”, por lo que el retraso computable sería solo de siete meses. Asimismo, advertían de que si existía una nueva demora a partir de la fecha del informe sería consecuencia de la “no aceptación del modificado y por lo tanto no dará lugar a un incremento en esta reclamación por retrasos en las obras”.

El área de Carreteras se ha colocado en el ojo de la polémica en los últimos meses, después de conocerse la investigación abierta por la Fiscalía ante las presuntas ilegalidades denunciadas, tras una investigación interna, por el actual responsable del área. A estos hechos, en las últimas semanas, se han sumado las controvertidas adjudicaciones del político socialista a la empresa de un exconsejero de su partido, Juan Miguel Martín Zarza, como adelantó mirametv.com, que obligaron al propio Delgado a comparecer en el pleno celebrado el pasado viernes en el Cabildo de Tenerife.