Clavijo y su sucesor en La Laguna prorrogaron en dos años contratos vencidos por 18 millones de euros
El Ayuntamiento de La Laguna concedió entre 2015 y 2016 prórrogas o autorizaciones de continuidad por cerca de 18 millones de euros para mantener contratos ya extinguidos de servicios municipales. A través de decretos, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su sucesor en la corporación local, José Alberto Díaz, se saltaron por sistema durante esos dos años los reparos planteados por el interventor, funcionario con habilitación nacional encargado de velar por la legalidad de todas las actuaciones de la administración con repercusión económica, que advertían del incumplimiento de los propios pliegos y de la Ley de Contratos del Sector Público.
Esta fórmula para dar continuidad a contratos vencidos se repite en la corporación lagunera, al menos, desde 2014. Hace dos semanas Fernando Clavijo defendió en Radio Nacional de España que se trataba de actuaciones ajustadas a derecho y que el interventor “no era garante de la legalidad”. “Ocurre en el Gobierno de Canarias, en los cabildos y en los 88 municipios de Canarias y los ocho mil y pico de España”, dijo.
El servicio de Intervención eleva cada trimestre al pleno un informe de las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento en contra de sus reparos. En 2015, año en el que Clavijo ostentó el bastón de mando municipal hasta el mes de mayo, el gobierno de La Laguna contravino el criterio del alto funcionario para aprobar el pago de servicios, facturas, ayudas y subvenciones por un montante total de 8,74 millones de euros, cantidad de la que quedan excluidas las discrepancias sobre determinados aspectos del abono de las nóminas. De esa cifra, casi el 70%, unos seis millones de euros, estaba destinada a prórrogas de contratos vencidos. En 2016, el porcentaje aumentó hasta el 76%. De los 15,11 millones aprobados en contra de los informes del interventor, 11,54 se correspondían a autorizaciones de continuidad al margen de lo estipulado en la legislación vigente en materia de contratación.
Entre las facturas con reparos y algunas adjudicaciones tramitadas como contratos menores a pesar de que su montante excedía con creces el previsto en la ley pàra este tipo de procedimiento suman dos millones de euros en 2015 y a 1,5 millones en 2016, mientras que las ayudas y subvenciones concedidas en contra del criterio del interventor se cifran en 800.000 y casi dos millones de euros, respectivamente.
El gasto más cuantioso que figura en esos informes de Intervención de los ejercicios 2015 y 2016 corresponde al servicio de ayuda a domicilio, otorgado en abril de 2008 a Servisar por 13 millones de euros. Los pliegos del concurso establecían en siete años el plazo máximo de vigencia del contrato, con prórrogas incluidas, por lo que está extinguido desde abril de 2015. A pesar de ello, la empresa sigue prestando servicio dos años y medio después gracias a esas autorizaciones de continuidad que, según el interventor, incumplen la legislación. En 2015 se aprobó una prórroga de 3,9 millones de euros y en 2016, otra de 3,1 (7 en total).
Los servicios a los que se les ha dado continuidad bajo esta fórmula puesta en entredicho por la Intervención superan la quincena. Entre ellos destaca el de limpieza en los colegios, adjudicado a Procedimiento de Aseo Urbano (PAU) en 2012 y prorrogado en 2016 por 2,08 millones de euros a pesar de estar vencido, o el de jardinería, concedido a la UTE Interjardín y Tegalpa el mismo año y que se ha mantenido una vez extinguido gracias a una autorización de continuidad por importe de 1,44 millones de euros. Detrás de una de las empresas de esa UTE, Interjardín, está la potente agencia de publicidad JFT Comunicación.
Otra de las empresas beneficiadas por esta práctica institucionalizada durante la etapa de Clavijo como alcalde y secundada por su sucesor, José Alberto Díaz, es Effico, adjudicataria de los servicios de alumbrado y prevención de incendios. Las prórrogas concedidas a este sociedad en contra de los informes del interventor ascienden a 1,87 millones de euros.
También se prorrogaron durante estos dos años contratos vencidos para la prestación de los servicios de limpieza para las instalaciones del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) a la empresa DOAL por un total de 746.494,04 euros, repartidas en cinco autorizaciones de continuidad; para la gestión de los centros de día para menores y actividades extraescolares a la sociedad Lude por un importe global de 1,22 millones de euros; para las escuelas infantiles a cargo de Koroibos por más de 700.000 euros; para programas contra el absentismo escolar, adjudicados a Eulen, por más de 600.000 euros, o para el servicio de teleasistencia ofrecido por Clece, también por algo más de 600.000 euros.
La cifra de 18 millones de euros la completan otras prórrogas de servicios de menor cuantía, entre las que se encuentran la gestión del sistema contable, la informática, las escuelas de teatro o el catering.
Interés público
El gobierno municipal siempre ha esgrimido el interés público como argumento para mantener esos contratos hasta tres años después de que se extinguieran, periodos durante los que no ha sido capaz de preparar y convocar los concursos para renovar las adjudicaciones. La corporación ha empezado a regularizar la situación este mismo año, a través de la convocatoria de algunos procedimientos, pero no lo ha hecho todavía en la mayoría.
La continuidad de los contratos más allá de su periodo máximo de vigencia es la irregularidad más llamativa de entre las detectadas por Intervención, pero no la única. Este servicio también ha puesto de manifiesto que las prórrogas “retroactivas” planteadas por el gobierno municipal para intentar justificar las prórrogas no tienen amparo legal. “El acto administrativo por el que se acuerda la continuidad debió ser adoptado con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia”, remarca en muchos de esos informes. Otros reparos aluden a la falta de competencia de los concejales de área para formular las propuestas de continuidad (deben firmarlas los técnicos) o a la ausencia de justificación de los costes del servicio y de revisión de los precios para adecuarlos al mercado.
