El portavoz de XTF-NC en La Laguna, Santiago Pérez, consideró este miércoles en rueda de prensa un escándalo que la empresa de recogida de residuos Urbaser siga prestando ese servicio y el de limpieza viaria según un contrato público que venció, incluidas todas sus posibles prórrogas, el pasado 31 de octubre.
Según afirmó Santiago Pérez, “se trata de un contrato por el que se paga mensualmente 1,3 millones de euros. Y lo que es peor, atendiendo a ese contrato toda la flota de Urbaser ya pasó a ser de propiedad municipal desde el 31 de octubre de 2018, como estipula el pliego de condiciones. Así, desde ese momento, Urbaser, sin contrato, a dedo, sigue prestando ese servicio cobrando lo mismo que si lo siguiera prestando con sus propia flota y camiones, que ya son del Ayuntamiento de La Laguna”, explicó el concejal en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna.
Pérez añadió que “el Ayuntamiento le sigue pagando a Urbaser como si la flota de camiones siguiera siendo de ella, sin la menor reducción del precio que se le abona de 1,3 millones de euros por mes. El beneficio económico, ilegal e injustificado, para Urbaser es tan espectacular como el quebranto económico que esa decisión supone para los contribuyentes laguneros”.
El concejal de XTF-NC considera que “Clavijo instauró su marca: paraíso de ilegalidad en materia de contratación de servicios en el Ayuntamiento de La Laguna. La mayoría de las empresas que gestionan servicios municipales continúan haciéndolo desde hace años, después de que se extinguieron los contratos que les fueron adjudicados mediante concurso en algunos casos hace ya más de un decenio”.
Cuando el contrato se extingue, la obligación es tramitar un nuevo concurso. Es el abecé de la legislación en materia de contratación pública, “pero Clavijo y su sucesor lo han derogado en La Laguna. Se les prorroga a dedo. En el caso de Urbaser, el procedimiento para tramitar el nuevo concurso lo inició el Ayuntamiento justo 10 días antes de que ese contrato venciera. Se trata de un concurso de tanta importancia que su importe alcanza los 150 millones de euros y debe ser publicado en los boletines oficiales. Era evidente que no estaría a tiempo”.