El Cabildo de Tenerife dice que la denuncia de Podemos a Carlos Alonso por malversación es una maniobra electoral

El Cabildo de Tenerife ha hecho público un comunicado en el que asegura que la denuncia que el grupo Podemos ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción por la tasación de los casinos es una maniobra electoralista que coincide con la finalización del plazo de presentación de ofertas y con el inicio de la campaña electoral.

La denuncia ha sido presentada contra el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), así como contra el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, y los miembros del Consejo de Gobierno insular que votaron a favor de la venta, y el motivo es que presuntamente se han cometido delitos de prevaricación y malversación en la tasación hecha para la venta de los tres casinos públicos.

En el comunicado del Cabildo de Tenerife se indica que la tasación de los casinos se realiza de “conformidad con la ley por la empresa BDO, y a través de un procedimiento de contratación que contó con todos los informes favorables de los órganos de control de la Corporación insular”.

Posteriormente, añade el Cabildo de Tenerife, se incorporó al expediente el informe técnico, realizado por un funcionario público, que recoge los parámetros en los que se fundamenta la tasación y que “fija el precio del contrato, tal y como establecen tanto la ley como el reglamento de patrimonio de las administraciones públicas”.

Añade la Corporación insular que el expediente cuenta con los informes preceptivos y de control “exigidos, entre ellos el informe favorable de la Intervención”.

Comenta el Cabildo de Tenerife que el sindicato UGT “ya presentó en similares términos un recurso contencioso administrativo que fue desestimado y una querella ante la Fiscalía en el anterior proceso de desinversión, denuncia que fue archivada. Además, el sindicato fue condenado a pagar las costas del proceso”.

Por ello, según el Cabildo de Tenerife, las acusaciones de Podemos responden a una “maniobra electoralista que coincide con la finalización del plazo de presentación de ofertas y con el inicio de la campaña electoral, con la única intención de paralizar el proceso de desinversión de los casinos aprobado en su día por todos los grupos políticos representados en el pleno del Cabildo, con la excepción de Podemos”.

Asegura la Corporación insular que las condiciones de venta de las tres sociedades exigen al adjudicatario -además de pagar el precio establecido (25 millones de euros)-, realizar adicionalmente un proyecto turístico con una inversión mínima de 4,6 millones de euros. 

Asimismo, prosigue el Cabildo de Tenerife, el comprador debe garantizar el mantenimiento de la plantilla durante al menos dos años y respetar todas sus condiciones laborales.

Agrega que los recursos que se obtengan de la venta de las tres salas de juego, enmarcada dentro del proceso de desinversión y reestructuración del sector público empresarial vinculado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se destinarán a financiar infraestructuras sociosanitarias de la Corporación insular.