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El último concejal de Promoción Económica de Santa Cruz de Tenerife adjudicó a su actual empresa más de 140.000 euros a dedo

Alfonso Cabello (mirando a la cámara), concejal de CC y anterior responsable de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz

Canarias Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

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El último concejal de Promoción Económica de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, de Coalición Canaria (CC), adjudicó durante los últimos 30 meses de su mandato contratos por valor de más de 141.000 euros a favor del grupo empresarial JFT, del que pasó a ser adjunto a la dirección después de que su partido fuera desplazado del poder el verano de 2019. Según una auditoría realizada a la gestión de Coalición Canaria al frente de la Sociedad de Promoción de la ciudad desde 2017 a mayo de 2019, Cabello fraccionó contratos y huyó permanentemente de los procedimientos legales para gestionar un organismo público que en 2020 tendrá un presupuesto cercano a los 6 millones de euros.

Sólo en 2017, siempre según esta auditoría, cuatro empresas vinculadas al grupo JFT facturaron 88.919 euros a la Sociedad de Promoción por el procedimiento de fraccionar contratos para que se situaran por debajo de los 15.000 euros de límite para pasar del tope de los contratos menores.

Llama la atención cómo en ese año de 2017, cada una de las cuatro empresas del grupo JFT, facturaron por su cuenta diferentes cantidades por el mismo concepto. Así, por la llamada “campaña navidad”, D7 Publicidad, S.L. facturó 4.322,34 euros; Arola A-1 Publicidad, S.L., 14.017 y Gamopasa, 6.072,25 euros. Es decir, 24.411,59 euros por el mismo concepto y el mismo año, distribuidos entre tres de las cuatro empresas del grupo que facturaron a la Sociedad de Promoción.

Por el concepto “Ven a Santa Cruz”, el grupo JFT facturó un total de 20.699,14 euros, pero lo hizo a través de tres de sus empresas: D7 Publicidad se encargó de la módica cantidad de 128,29 euros, y Gamaposa, 9.254,43; pero Juan José Fuentes Tabares, S.L.U. (JFT), el fundador y propietario de la compañía, llegó a los 11.316,42 euros.

También al año 2017 pertenecen unos pagos que aparecen en la contabilidad de la Sociedad de Promoción bajo el epígrafe de “General” y que los auditores estiman que suponen el 40,4% de los gastos. Se trataría de “gastos que no corresponden a servicios que puedan asignarse a un proyecto concreto”, según el dictamen hecho público este lunes por la concejala Matilde Zambudio, sustituta de Cabello en esa concejalía. Pues bien, bajo este concepto de “General” aparecen pagados en 2017 a las cuatro empresas del grupo empresarial para el que presta sus servicios el concejal Alfonso Cabello un total de 18,564,70 euros. Pero sin que ninguna de las cantidades abonadas a cada empresa alcance los 15.000 euros.

En 2018 hubo menos miramientos y a la empresa Gamapo, S.A., a la que se le pagaron 52.384,74 euros: se le contrató la campaña Ven a Santa Cruz por un importe de 25.819,85 euros, pero reclamando solo un presupuesto para esa adjudicación, el de la empresa agraciada. Además, ese mismo año y por el concepto “Ven a Santa Cruz, 5º aniversario” se le pagaron a la misma empresa otros 7.383 euros.

También destacan en la auditoría los pagos bajo los conceptos Plenilunio I y Plenilunio II, que se extienden por numerosos proveedores y a lo largo de dos años. Se trata de una fiesta organizada por la Sociedad de Promoción con diversas actividades lúdicas y culturales para la que hay diversidad de pagos a la empresa para la que presta ahora sus servicios el último concejal responsable del área. Para las dos fiestas hay pagos al grupo JFT, tanto en 2017 como en 2018, por un importe total de 13.139,43 euros.

Todas esas adjudicaciones directas las realizó la Sociedad de Promoción bajo la presidencia del alcalde José Manuel Bermúdez y la dirección de Alfonso Cabello, ambos actualmente concejales de Coalición Canaria en la oposición, pendientes de regresar al poder el próximo lunes si prospera la moción de censura formulada por su partido junto al PP y la concejala Evelyn Alonso, expulsada de Ciudadanos precisamente por prestar su firma a esta iniciativa.

Alfonso Cabello (Santa Cruz de Tenerife, 1977) ha alternado sin descanso su actividad en el mundo de los negocios cuando no ha estado participando en la gestión política. Según el currículo que él mismo facilita, su primera incursión en la gestión pública aparece en 2007, con tan solo 30 años, junto al alcalde Miguel Zerolo, actualmente en prisión por el caso de Las Teresitas. Con Zerolo y hasta 2009 asume la gerencia del polémico Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife. De ahí da el salto al grupo empresarial JFT, donde ejerció como director del departamento de Eventos entre 2009 y 2011, año en el que asume el puesto de director de Negocios del Grupo Prisa Radio (Cadena Ser y Radio Club Tenerife) en Canarias. Entre 2014 y 2015 se convirtió en la mano derecha del último alcalde de Coalición Canaria en la ciudad, José Manuel Bermúdez, que lo coloca entre 2015 y 2019 al frente de la poderosa Concejalía de Promoción Económica hasta 2019. Tras abandonar el poder, regresa al grupo JFT como adjunto a la dirección, según se puede comprobar en su web.

La Sociedad de Promoción nació en 1993 con el objetivo de promover “el desarrollo de cuantas actuaciones sean de interés para el desarrollo económico y social del municipio de Santa Cruz de Tenerife, y especialmente con actuaciones relativas a comercio, industria, empleo, formación, creación de empresas y servicios a las ya creadas, y turismo”.

Después de 26 años ininterrumpidos de gobiernos municipales de Coalición Canaria, la nueva mayoría (PSOE-Ciudadanos, con el respaldo externo de Unidas Podemos) ha dado a conocer una auditoría de los últimos años de gestión que ha arrojado, entre otras conclusiones, que en el cien por cien por cien de los contratos analizados, no existió o fueron insuficientes las motivaciones que constan en los expedientes; que en el 95% de los contratos no ha habido presupuesto previo de los servicios a contratar o ha habido un solo presupuesto, y que el 15% de los contratos menores pudieron suponer un incremento de costes por falta de concurrencia y causa potencial de fraccionamiento.

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