El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha advertido este martes de que no hay una condena judicial por su actuación en el llamado caso Grúas y ha acusado a los grupos en la oposición que no lograron materializar una moción de censura de pretender destruir al adversario en los tribunales.
José Alberto Díaz se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación tras conocer que el juzgado que instruye las diligencias previas en el caso Grúas lo ha citado para declarar el 16 de abril, en respuesta a una petición de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
El citado juzgado ha llamado al alcalde a declarar como investigado, aunque Díaz en su comparecencia ante los medios no utilizó ese término.
El alcalde reiteró su respeto por las decisiones judiciales, así como su plena voluntad de colaborar con la justicia y “absoluta convicción” en que en la gestión del servicio municipal de grúas se ha actuado “desde el más riguroso respeto a la legalidad vigente y en beneficio de los ciudadanía lagunera”.
“Hoy nada ha cambiado: simplemente el juzgado ha señalado la fecha de mi declaración, que será el próximo lunes”, reiteró el alcalde, quien señaló que “aunque resulta una obviedad insistiré en lo obvio” después de que los grupos municipales de Ciudadanos, Unidos se Puede y X Tenerife-Nueva Canarias hayan solicitado su dimisión.
Esta obviedad es “que no existe una condena judicial” sino que ha sido llamado a declarar en las diligencias previas que practica el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna.
“Los que quieren presentar esto como una condena judicial no solo demuestran una ignorancia palmaria, sino una evidente mala fe cargada de cinismo”, advirtió José Alberto Díaz, quien se refirió a que en los citados partidos políticos “no son pocos los casos de cargos públicos que no han dimitido pese a haber declarado en calidad de investigado ante los tribunales”.
Añadió que en los reglamentos internos de partidos como Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos se establece que basta con ser llamados judicialmente a declarar para estar obligados a presentar la dimisión, algo que no está incluido en el código ético de Coalición Canaria, la formación del alcalde lagunero.
“Considerar y repetir que una declaración judicial, como testigo o investigado, prejuzga la inocencia o la culpabilidad de un cargo público o de un ciudadano cualquiera es jurídicamente un disparate y políticamente una indignidad”, agregó Díaz, quien reiteró que “hay fuerzas y dirigentes políticos dispuestos a cualquier indignidad para destruir al adversario”.
Añadió que no van a conseguir su “destrucción” ante los tribunales, en los que prestará declaración y facilitará toda la información y las aclaraciones que se le pidan.
Sostuvo José Alberto Díaz que no van a paralizar la gestión municipal, distraerlo de su trabajo ni perturbar el diálogo con los laguneros, un compromiso que va a cumplir “sin perder un segundo, más allá de lo que me demande la justicia”.
Insistió en que son los grupos políticos en la oposición en el consistorio a través de sus abogados los que han instado a que le llamen a declarar, ante lo que no contrapone obstáculo alguno porque, continuó, lo que corresponde a la justicia pertenece al proceso judicial y lo que es político al político, pero no mezcla ambos apartados “como hacen otros”.
“No tengo nada que ocultar: es la primera vez que me van a escuchar dentro de este proceso y por lo tanto, tengo derecho a la defensa”, aseveró el alcalde de La Laguna.