Ricardo Melchior y Carlos Alonso convencieron en persona y por carta de la viabilidad del pelotazo de Geneto

Sin procedimiento administrativo, sin causa y en base a una tasación que infló el precio un 524%, pero con el aval de las dos cabezas más visibles de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo. La adquisición de dos parcelas de la ciudad deportiva del CD Tenerife por 18.9 millones de euros, que investiga la Fiscalía tras una denuncia del interventor general, salió adelante gracias al voto del consejo de Administración de la empresa pública que la Corporación insular utilizó para canalizar la compra y evitar los controles de fiscalización, Parque Científico y Tecnológico. En la sesión decisiva, que se celebró el 16 de enero de 2012, las explicaciones de Carlos Alonso y una carta remitida a los consejeros dos semanas antes por Ricardo Melchior sirvieron para convencer a los otro cuatro miembros del órgano de la viabilidad de la operación.

Así consta en el acta de la sesión, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, y en el informe que el interventor general del Cabildo ha remitido a la Fiscalía por apreciar la existencia de indicios de presuntos delitos de malversación de fondos, prevaricación y administración desleal. Según el criterio del funcionario, el Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico no podía aprobar la compra de los terrenos del CD Tenerife porque no se daban los requisitos legales, pero el órgano se apoyó en los compromisos manifestados por Ricardo Melchior y por Carlos Alonso, además de en la opinión de un asesor jurídico de la empresa, que también respaldó de forma verbal la compra. Los miembros que votaron a favor, junto a los dos expresidentes de la Corporación insular, fueron tres consejeros de CC (Juan Antonio Núñez, Antonio García Marichal y Pino de León) y uno del PSOE, José Luis Delgado, actual director general de Infraestructura Viaria del Gobierno. 

En la sesión del 16 de enero de 2012 no se habló de los incumplimientos que, ocho años después, ha detectado el interventor general. Ni de la falta de procedimiento administrativo, ni del sobreprecio, ni de la inexistencia de causa. A pesar de que la operación siempre se justificó en base a la construcción de un parque empresarial, ya en un consejo anterior, celebrado el 28 de diciembre, se había descartado tanto esa posibilidad como una posible permuta de los terrenos con la Universidad de La Laguna. La única condición que se habían marcado los consejeros para aprobar la compra era contar con el visto bueno del pleno del Cabildo y tener garantizada la viabilidad financiera. Ahí es donde el papel de los expresidentes Ricardo Melchior y Carlos Alonso fue decisivo.

Como el pleno no se había pronunciado sobre la adquisición de los terrenos en fechas recientes, Carlos Alonso defendió ante el Consejo de Administración de Parque Tecnológico que tenía validez un acuerdo adoptado en una sesión plenaria de 2009, donde se dio el visto bueno a la operación bajo el pretexto de la construcción de un parque empresarial que, cuando se votó la compra en 2012, ya se había descartado.

El interventor concluye en su informe que el acuerdo plenario de 2009 “no podía ser aceptado” para salvar el requisito obligatorio de contar con el respaldo de la mayoría de representantes del Cabildo de Tenerife. Pero si hay algo que enciende las alarmas del funcionario es la forma en la que se garantizó la viabilidad de la operación, sobre todo si se tiene en cuenta que la compra de los terrenos de Geneto provocó un agujero financiero en las cuentas de Parque Tecnológico.

Para salvar el escollo de la viabilidad financiera, y ante la falta de un acuerdo plenario al respecto, el entonces presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, envió una carta a los consejeros de Parque Tecnológico, dos semanas antes de la sesión que votó la compra, en la que se comprometía a realizar una ampliación de capital de 20 millones de la empresa pública entre 2014 y 2018. La inversión prometida nunca se produjo y el Cabildo ha tenido que tapar durante los siguientes ejercicios el sumidero provocado en la sociedad por una operación que aún le cuesta a las arcas públicas el pago de 1,7 millones de euros al año.

Durante la sesión del 16 de enero de 2012, según consta en el acta, Carlos Alonso manifestó que “tanto el acuerdo plenario del Cabildo de Tenerife de fecha 30 de octubre de 2009, como la propia carta remitida por el presidente a todos los señores consejeros de fecha 2 de enero corriente, son aval y garantías más que suficiente para considerar que con ambos documentos se dé por cumplimentada la transcrita condición”.

Una opinión que choca de frente con el criterio del interventor, que considera en su informe que “no puede una carta dirigida por el presidente del Cabildo insular constituirse en título habilitante para obligar a la Corporación insular y, en todo caso, al no ser el órgano competente para ello, aun cuando hubiese dictado alguna resolución administrativa sobre el particular, esta estaría viciada de nulidad de pleno derecho”.

PSOE

El PSOE, que ahora preside el Cabildo de Tenerife e impulsa las acciones administrativas por los presuntos delitos denunciados por el interventor en la operación de Geneto, también formaba parte del Gobierno insular en el momento de la compra de los terrenos. De ahí que uno de sus representantes en 2012, José Luis Delgado, actual alto cargo del Gobierno de Canarias, formara parte del Consejo de Administración que dio luz verde al pelotazo.

Durante la sesión del 16 de enero, y tras escuchar las explicaciones de Carlos Alonso, el acta recoge que Delgado cuestionó “al letrado señor Luengo”, asesor jurídico de Parque Científico y Tecnológico, “si efectivamente en su criterio puede este Consejo considerar que con ambos documentos se da por cumplimentada la condición anteriormente citada, respondiendo por este que sin duda alguna así es”. No hubo más preguntas y la compra se aprobó por unanimidad de los seis consejeros presentes. 

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el actual presidente del Cabildo, el socialista Pedro Martín, ha asegurado que la Corporación se ha puesto a disposición de la Justicia para que se investigue la compra de los terrenos de Geneto, según informa Europa Press.

El Cabildo, a través de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico, adquirió en 2012 al CD Tenerife un total de 30.000 metros cuadrados de un suelo ubicado en la ciudad deportiva de Geneto. Según el informe del interventor, el valor real de los terrenos, en base a datos catastrales actualizados en 2017, es de tres millones. La Corporación pagó 18,9 millones en base a un informe de Tinsa, una tasadora externa que elevó el precio un 524%. Los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.