La Fiscalía de Cantabria expresa su preocupación por la violencia registrada en los delitos sexuales
La Fiscalía de Cantabria ha alertado de nuevo y ha mostrado su preocupación por la violencia de los delitos contra la libertad sexual, que crecieron un 15,7 por ciento el año pasado respecto al anterior, y de los ilícitos cometidos por menores, debido al empleo de armas o a que se saldan con daños mayores.
Además, el ministerio público ha llamado la atención sobre el incremento de las estafas por Internet, casos de “difícil investigación” y sobre los que se han triplicado las denuncias en tres años, representando las informáticas el 96% de las cometidas y convirtiéndose en 2023 “en el mayor negocio criminal del mundo”, superando en ganancias a los de la trata y tráfico de drogas.
Lo han expuesto así este jueves en el Parlamento regional el nuevo fiscal superior de la comunidad autónoma, Jesús Arteaga, y el teniente fiscal, Ángel González, que ha venido ocupando la jefatura en funciones desde marcha de Pilar Jiménez al Consejo General del Poder Judicial, tras ser elegida como vocal del órgano de gobierno de los jueces.
Ambos han comparecido en la comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de la Cámara para presentar la Memoria Fiscal correspondiente a 2023, de la que González avanzó los principales datos a finales de septiembre, en el acto de apertura de tribunales celebrado en el Superior de Justicia de Cantabria.
Este jueves, una semana después de la toma de posesión de Arteaga como máximo representante del ministerio fiscal en la comunidad autónoma, le ha acompañado en el Legislativo para dar cuenta ante los diputados de los grupos parlamentarios del documento anual, elaborado por Jiménez, y correspondiente a un ejercicio en el que las diligencias de la acusación pública aumentaron un 4,6 por ciento.
Tanto González como Arteaga -que ha mostrado su solidaridad y apoyo a los afectados por la DANA- han expresado su preocupación por la violencia registrada en los delitos contra la libertad sexual, que crecieron de forma significativa, un 15,4%, aumentando las agresiones y bajando los abusos, así como igualmente la agresividad en los ilícitos cometidos por menores. La tendencia general sigue al alza y destacan los hurtos, daños y lesiones.
Desde la Fiscalía han advertido además de las estafas informáticas cometidas por Internet, que se han disparado, hasta triplicarse en tres años. Se trata de casos de difícil investigación por la “impunidad” que otorga la red, y ante los que los fiscales han pedido “no desesperar”, porque van a seguir existiendo, a la par que reclaman más medios y adelantos tecnológicos para poder combatirlos.
Leve ascenso de causas penales
Arteaga, que hasta ahora ha sido delegado de Seguridad Vial y que acaba de iniciar un mandato de cinco años dispuesto a hacer un “trabajo en equipo”, ha señalado que, en términos generales, el ejercicio pasado hubo un “leve” ascenso de las causas penales en la región, del 4,6%, aunque la pendencia -asuntos pendientes de resolver- subió un 14,8%, debido en parte a los conflictos laborales (huelgas de letrados y funcionarios).
El número de escritos presentados por el ministerio público se mantuvo prácticamente igual, en tanto que las denuncias aumentaron y los juicios celebrados bajaron, pues se suspendieron uno de cada tres por las huelgas, que es “una barbaridad”.
Lo ha expresado así González, que ha incidido en el aumento cuantitativo y cualitativo de los delitos contra la libertad sexual -él tiene la “sensación” de que se han crecido más de lo que lo han hecho- y de los cometidos por menores, pues hay una mayor agresividad y, en consecuencia, más preocupación en la Fiscalía.
Ha remarcado el incremento cuantitativo y cualitativo por ejemplo de las lesions, que han pasado de 29 a 41, destacando el empleo de armas y balance de daños mayores. Y también, ha subrayado que se han producido detenciones de menores por material pornográfico para su difusión, algo inédito en la región.
En el ámbito de la seguridad vial, el año pasado se abrieron 21 expedientes por accidentes graves -con fallecidos-, aunque han bajado los cometidos bajo la influencia de bebidas alcohólicas o por conducir sin carné, un 6,5% y un 9%, aumentando en cambio de los protagonizados por monopatines sin licencia.
En los ilícitos contra el patrimonio, aunque han descendido en su mayor parte, han crecido los hurtos y estafas, sobre todo por internet, esfera en la que las denuncias se han triplicado en tres años, punto en el que ha demandado más medios.
El teniente fiscal, que en parte ha achacado la pendencia a que a los juzgados “llegan cosas que no tienen que llegar”, ha abogado por un sistema procesal “más ágil”, y ha subrayado las cifras de conformidades alcanzadas, que llegan al 77% en delitos y causas urgentes, por lo que ha planteado “ampliar el catálago” de ilícitos y penas que sean susceptibles de llegar a acuerdo. En los juzgados de lo penal, ese porcentaje fue del 45, y en las secciones de la Audiencia Provincial que ven estas delitos fue del 60.
Por lo demás, han siguen en “disminución constante” los delitos contra la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, en tanto que se ha producido un aumento, aunque no significativo, de la prevaricación administrativa. Y en los delitos contra la administración de justicia, “la reina” de los quebrantamientos es de condenas de violencia de género, donde también ha habido un aumento de causas.
Las absoluciones en esta materia se sitúan en torno al 18%, en línea con otros ámbitos, y los archivos están en el 33%, que es un dato “muy importante”.
En el área de medio ambiente, destacan 20 causas por maltrato animal, y continúa el “mal endémico” de los incendios forestales, que se concentran entre noviembre y abril y son en su práctica totalidad intencionados o provocados.
Y en Seguridad Vial, en 2023 se incoaron 21 expedientes por 23 fallecimientos, de los que cuatro eran ciclistas. Al margen de los datos, y en términos generales, el hasta ahora y todavía delegado en este ámbito y nuevo jefe del ministerio en Cantabria se ha mostrado partidario de la instrucción fiscal o de un edificio judicial único en la región en el que concentrar todas las sedes para ganar en eficiencia.
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