El PSOE enfría las reformas más progresistas para evitar nuevos choques con PNV y Junts antes de los Presupuestos

Es recurrente que la oposición acuse al Gobierno de parálisis por su minoría parlamentaria y es habitual también que el Ejecutivo reivindique que, aun en esas circunstancias, ha sido capaz de sacar adelante 25 leyes en lo que va de legislatura. Pero en la Moncloa saben que la producción legislativa no es precisamente uno de los puntos fuertes de un mandato de Pedro Sánchez marcado por dos asuntos: la ley de amnistía y la falta de una mayoría progresista en la que sustentar una verdadera agenda reformista, como sí impulsó en la pasada legislatura. Porque no pocas de esas reformas pendientes tensionan, además, a algunos de los grupos que tienen que apoyarlas en el Congreso.

En las últimas semanas, Sumar y otras formaciones progresistas han acusado directamente al PSOE de arrastrar los pies con el impulso a algunos de los compromisos por cumplir y que son nítidamente de izquierdas. Es el caso, por ejemplo, de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, una medida que ha enfrentado públicamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz con el ministro económico Carlos Cuerpo.

La titular de Trabajo llegó a acusar a su compañero del Consejo de Ministros de “engañar” a la ciudadanía por defender que esa reducción se lleve a cabo de manera “gradual”. Además del choque puramente ideológico, también habitual entre la cartera de Economía y los socios de coalición de izquierdas, de fondo planea una delicadísima negociación presupuestaria a muchas bandas que el PSOE quiere blindar de cualquier complicación externa.

Los socialistas aluden, sin ir más lejos, al último episodio afrontado con la reforma fiscal. El castillo de naipes que fueron capaces de levantar para sacar adelante en comisión un paquete de medidas impositivas que prometía a unos socios justo lo contrario a lo que se comprometía con otros acabó por venirse abajo parcialmente un par de semanas después en el Pleno. Aliados conservadores como Junts y PNV se desmarcaron de la mayoría de investidura para alinearse con el PP y consiguieron hacer caer los impuestos extraordinarios a las grandes empresas energéticas.

En las filas del Gobierno defienden, no obstante, que el grueso de la reforma fiscal consiguió salir adelante. Y se muestran confiados en que la sociedad parlamentaria de la derecha con los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes es “anecdótica”. Pero aun así el PSOE se tienta la ropa antes de cualquier otro paso en falso que pueda añadir aún más gasolina a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, la verdadera prioridad política para Pedro Sánchez a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

Sacar adelante esas cuentas supone la auténtica obsesión de la Moncloa. Por más que en el equipo del presidente se intente instaurar la idea de que los Presupuestos que están en vigor permitirían mantener el Gobierno a flote, nadie en la coalición cree de verdad que políticamente sea viable sostener una legislatura larga sin lograr aprobar al menos unas cuentas. Y por eso todos los esfuerzos negociadores se centrarán justo ahí a partir del 7 de enero.

Los últimos mensajes que lanzó antes de las vacaciones Carles Puigdemont, que a pesar de su irrelevancia en la política catalana mantiene el control de siete diputados clave para la gobernabilidad de Pedro Sánchez, no dejaron mucho lugar al optimismo. El líder de Junts amenazó una vez más con hacer caer al Ejecutivo, en esta ocasión si el presidente no aceptaba la imposición de su grupo de someterse a una cuestión de confianza. El PSOE prefirió eludir el sapo para dar margen, una vez más, a poder reconducir las conversaciones con Suiza.

Tras airear sus reproches sobre los incumplimientos de los acuerdos firmados en los que en su opinión incurre Sánchez, Puigdemont llegó a mostrar su convencimiento de que la negociación sobre los Presupuestos no llegaría ni a producirse. Y lo siguiente que ocurrió fue que sus siete diputados unieron sus votos en el Congreso al PP, a Vox y al PNV para tumbar los impuestos a las grandes eléctricas en contra del criterio del Gobierno.

La estrategia política del expresident catalán desde que se ha visto reforzado al frente del liderazgo de su partido es clara: un discurso de marcada carga ideológica de derechas en asuntos como la inmigración, cuya delegación de competencias negocia con el Gobierno, y como la economía. En este último capítulo, y tras orillar reivindicaciones independentistas, el plan de Puigdemont para recuperar la influencia perdida pasa por convertirse en el representante político de las patronales catalanas, algo que quedó patente en la negociación de la reforma fiscal.

Sumar mete prisa

Ninguno de estos extremos es ignorado por el PSOE, que en privado asume que la reducción de jornada se terminará por llevar a cabo en términos muy parecidos a los que demanda Yolanda Díaz, pero pone en valor también la importancia de los tiempos y del equilibrio entre las fuerzas políticas de las que necesita apoyo en el Congreso. Un tiento que, sin embargo, escama cada vez a más socios progresistas, como ERC o Podemos, principalmente, que afean al PSOE “plegarse” de manera constante “a las derechas” para entorpecer reformas nítidamente de izquierdas.

Desde Sumar, la propia Yolanda Díaz ha intercedido directamente con Junts y PNV en busca de los respaldos necesarios para sacar adelante su gran reforma de 2025. Ni vascos ni catalanes se han opuesto frontalmente a reducir la jornada a 37 horas y media, aunque en el caso de los de Puigdemont ponen sobre la mesa ayudas directas a pequeñas y medianas empresas y una instauración paulatina de la nueva norma para esas pymes.

El socio de coalición de Pedro Sánchez intensifica desde hace semanas sus demandas de una agenda reformista que haga retomar al Gobierno la iniciativa política, ahora subarrendada por la oposición a los tribunales en plena ofensiva judicial al Ejecutivo. Los de Yolanda Díaz reclaman, además de la jornada laboral, que se implemente ya la subida anual del Salario Mínimo Interprofesional o que se intervenga de manera decidida el mercado del alquiler para controlar los precios de la vivienda.