Salarios bajos, sobrecarga de trabajo y ansiedad: Cantabria No Se Vende denuncia las condiciones laborales de la ayuda domiciliaria a dependientes

Salarios bajos, sobrecarga de trabajo, enfermedades laborales y ansiedad. Este es el retrato que la organización Cantabria No Se Vende (CNSV) hace de las condiciones laborales en el servicio de ayuda domiciliaria a dependientes que facilita el Gobierno autonómico a través de empresas contratadas y cuyo seguimiento realiza la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social (FCSBS). Según ha denunciado el colectivo, el resultado es el “paulatino desmantelamiento” de la ayuda domiciliaria a dependientes, que pueden llegar a tardar seis meses en verse atendidos una vez reconocida su condición.

La reorganización del servicio de ayuda a domicilio, dentro de los cuidados que reciben los beneficiarios de la Ley de Dependencia, no está resultando como preveía el Gobierno de Cantabria, a tenor de una denuncia de Cantabria No Se Vende, que, atendiendo a su vez a relatos de las y los trabajadores, ha considerado que un año después de la reorganización y reagrupación de los departamentos “el resultado es el desmantelamiento, con despidos, malas condiciones de trabajo y un supuesto incumplimiento por las adjudicatarias de las condiciones de prestación de servicios”.

Entre los elementos de deterioro, este colectivo social que agrupa a casi medio centenar de organizaciones sociales de Cantabria cita el retraso en la prestación del servicio a los usuarios, una vez concedido, y las deficientes condiciones de trabajo, lo que precisamente repercute en que las ofertas laborales que se realizan no susciten interés suficiente ante la precariedad de las condiciones.

“Después de los seis meses que establece la Ley de Dependencia para evaluar y negociar los recursos necesarios, los usuarios deben esperar otros dos, cuatro o incluso seis meses más para recibir atención”, se indica en un comunicado de Cantabria No Se Vende. “Sueldos que no llegan al salario mínimo, jornadas parciales que dificultan la conciliación, grandes desplazamientos con vehículo propio para una hora y media de servicio, falta de reconocimiento de enfermedades laborales y nula protección frente a los riesgos físicos y emocionales asociados a su labor”, subrayan en lo que atañe a los trabajadores.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) reorganizó hace un año la prestación del servicio de ayuda a domicilio y la atención a cuidadores en el entorno familiar para proporcionar “más agilidad y eficiencia” a los beneficiarios con la creación de la Unidad para la Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia, según el acuerdo que fue adoptado por el Patronato de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

Dicha Unidad surgió así para evitar duplicidades y proporcionar una atención integral, asumiendo el programa de Servicio de Ayuda a Cuidadores en el Entorno Familiar (SACEF), el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), el de Teleasistencia Domiciliaria (TAD) y la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF). Tenía entonces un coordinador y 11 técnicos de Grado Medio para atender a 4.000 usuarios, lo que suponía 8.000 visitas a domicilios.

Sin embargo, nada más comenzar a operar fueron despedidos los siete trabajadores que atendía a los cuidadores. Con el correr de los meses, y según testimonio de dos trabajadoras sociales que han preferido guardar el anonimato, la situación ha llegado al actual estado de deterioro: “Actualmente, hay un incumplimiento del contrato de licitación y no se están dando altas, dejando a las personas dependientes absolutamente desprotegidas”, afirman en el comunicado de CNSV.

“Las empresas adjudicatarias [Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi, que se reparten el territorio cántabro] justifican este retraso alegando que las oficinas de empleo no encuentran personal suficiente, pero los técnicos aseguran que el verdadero problema radica en las condiciones laborales precarias del sector. En lugar de mejorarlas para atraer más profesionales, aquí simplemente se deja de prestar el servicio'”, ha valorado una portavoz de CNSV.

“Con esa temporalidad, entiendo que no se preocupen por mí”

A título de ejemplo, se cita el caso de un usuario que, entre mayo y diciembre, ha sido atendido por más de 20 auxiliares diferentes. “Con esa temporalidad, entiendo que no puedan esmerarse ni se preocupen demasiado por mí”, ha confesado el usuario a una de las trabajadoras. Las empresas adjudicatarias, según las trabajadoras sociales y CNSV, “incumplen sistemáticamente los acuerdos establecidos en los contratos, dejando desatendidos a los usuarios con la excusa de la falta de personal”, sin que haya por parte del Ejecutivo sanciones ni rescisión de contratos.

Se trata de empleadas y empleados que compatibilizan este trabajo con otras ocupaciones. Suelen tener jornadas parciales y sus ingresos son equivalentes sobre la base del salario mínimo, que no suelen alcanzar. Pueden trabajar, quien lo haga a media jornada, de lunes a viernes por unos ingresos que oscilan entre 500 y 600 euros. La jornada completa es de lunes a domingo, librando dos días después. Esta situación se completa con una conciliación familiar prácticamente imposible de alcanzar, entre otras cosas por los desplazamientos con vehículo propio, así como la falta de reconocimiento de enfermedades laborales y “nula protección frente a los riesgos físicos y emocionales asociados a su labor”.

“Los auxiliares movilizan a personas encamadas y atienden a usuarios con graves dependencias, por lo que sufren con frecuencia lesiones profesionales no reconocidas, cuadros de ansiedad y un agotamiento extremo que, en muchas ocasiones, les fuerza a medicarse para sobrellevar su trabajo. En definitiva, enfermos cuidando a enfermos”, ha confesado una de las trabajadoras afectadas a CNSV.

Cantabria No Se Vende considera esta situación intolerable. “Las personas dependientes, sus familias y cuidadores están pagando las consecuencias de un sistema externalizado que no garantiza ni la calidad de la asistencia ni unas condiciones laborales dignas. Descuidar este servicio no solo agrava el sufrimiento de quienes dependen de él, sino que también refleja una irresponsabilidad flagrante por parte de las administraciones y empresas implicadas”, han concluido desde Cantabria No se Vende.

Réplica del Gobierno

El Gobierno de Cantabria ha replicado que “no existe constancia” en el ICASS (Instituto Cántabros de Servicios Sociales), como responsable del contrato, “escrito formal de los representantes legales de los trabajadores denunciando incumplimiento de condiciones laborales por parte de ninguna de las tres empresas que prestan el servicio de Ayuda”. Tampoco se ha registrado, agregan, “escrito similar en la Fundación Cántabra Salud y Bienestar Social, que es la entidad que realiza el seguimiento del servicio”.

En cuanto a las condiciones del contrato, tampoco el Ejecutivo autonómico tiene constancia de que exista incumplimiento del pliego. En el caso de ser así, la Administración “actuaría con la exigencia de responsabilidades”, aunque recalca que las relaciones contractuales son diferentes, ya que, por un lado, está la de la Administración con las empresas adjudicatarias y, por otro, el de estas con sus trabajadores.

“Es obligación de la empresa asumir la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador”, ha explicado el Ejecutivo autonómico a preguntas de elDiario.es.