Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tienen nada que decir al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), respecto a su solemne petición pública de hace quince días de “explorar cualquier vía judicial posible a nuestro alcance para luchar” contra la Ley de Amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados a iniciativa del PSOE. Y como no tienen nada que decirle, los letrados consistoriales han optado por no responderle porque, sencillamente, ningún ayuntamiento de España tiene ni competencias ni capacidad legislativa ni derecho de veto o formulación de cuestión previa de inconstitucionalidad frente a una iniciativa que se tramita en las Cortes Generales.
La petición la lanzó públicamente el alcalde Bermúdez el pasado día 15, en una solemne comparecencia institucional con atril y banderas, amparándose en una moción aprobada por el pleno de la Corporación con los votos a favor de Coalición Canaria, el Partido Popular y Vox y el único negativo de la fuerza mayoritaria, el PSOE. En esa moción, los tres partidos de centro derecha clamaban contra la ruptura de España y a favor de la Constitución y la democracia.
“He firmado una instrucción para que, con carácter inmediato, los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento exploren cualquier vía judicial posible a nuestro alcance para luchar contra esta ley. Es decir, evitar que se tramite, por ser ilegal, o que se aplique, por ser ilegal”, dijo José Manuel Bermúdez.
Transcurridos los plazos legales para que los Servicios Jurídicos contesten al alcalde, no ha habido respuesta alguna, al menos hasta este miércoles, última consulta evacuada por este periódico. Nadie en ese departamento se pone al teléfono, pero desde el Ayuntamiento restan importancia al vencimiento de los plazos de respuesta sin respuesta, cinco días hábiles, ya que, a su entender sólo operan “en informes tasados en procedimientos administrativos, y este no es el caso”. Pero nadie apuesta por que haya un pronunciamiento que satisfaga mínimamente los deseos de guerra jurídica que insinuó el alcalde que pretendía librar.
Y en cuanto a la consulta en sí, Bermúdez se defiende, a través de su Gabinete de Prensa, sosteniendo que “tiene la potestad de consultar directamente a los Servicios Jurídicos aquellos asuntos que considere que son necesarios, en este caso, además, había un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Santa Cruz de rechazo a la Ley de Amnistía, que fue aprobado por el voto de CC, PP y Vox, y solo con el voto en contra del PSOE. Con esta consulta, en alguna medida estaba siguiendo la expresión de un rechazo que el Pleno ya había manifestado”, han dicho textualmente las fuentes oficiales consultadas.
José Manuel Bermúdez se ha convertido en la voz más chirriante de Coalición Canaria contra la amnistía promovida dentro de los acuerdos entre el PSOE y Junts, aunque es cierto que hay más dentro del partido como la suya, en realidad disconformes con que la única diputada que tienen en el Congreso, Cristina Valido, haya votado favorablemente a la investidura de Pedro Sánchez y haya firmado con el PSOE un acuerdo de investidura a cambio del respeto y cumplimiento de la llamada agenda canaria.
En realidad el alcalde de la capital tinerfeña trata de posicionarse en un complejo ecosistema en el que tiene que, de un lado, hacerse fuerte dentro de su propio partido para conseguir su propósito de salirse de la rueda aparentemente eterna de ser alcalde o alcaldable, y del otro, hacer guiños a su clientela local, de ideología marcadamente conservadora, a la que trata de agradar con ocurrencias como la de su puesta en escena tan institucional como inútil contra la amnistía.
No es baladí que Bermúdez tenga el triste honor de dirigir una de las ciudades españolas con más vestigios franquistas de España (79) gracias a su resistencia a retirarlos incluso mediante recursos judiciales contra el catálogo que lo delata.
Precisamente fue ese asunto el que motivó la única petición de informe del alcalde a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento en los últimos tres años, según ha informado el Consistorio. Fue en 2022 y de ahí surgió un recurso con el fin de paralizar la aprobación del Catálogo de Vestigios Franquistas elaborado por un grupo de expertos designados por el Gobierno de Canarias. El alcalde anunció que se recurría por considerar que estaba solamente dirigido a atacar a Santa Cruz de Tenerife.