La Justicia da la razón al Cabildo en la suspensión de derribos en Miraflores y condena en costas a Santa Cruz

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife -y además le impone las costas- contra la suspensión cautelar, ordenada por el Cabildo, del derribo del edificio antiguo situado en el número 23 de la calle de Puerta Canseco, en el barrio de Miraflores.

Sostiene el juez que la consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa (PSOE), actuó conforme a derecho con esa medida, pues contaba con informes técnicos que “avalan la existencia de valores dignos de protección”.

Este es uno de los seis inmuebles  que los funcionarios de Patrimonio Histórico  de la Administración insular proponen desde hace más de una década salvar de la piqueta en el antiguo barrio de Miraflores, de los que tres ya han sido demolidos (incluyendo el que motivó este litigio) y para otros tres, también en el patíbulo, el Gobierno municipal ha aceptado negociar con los promotores para preservarlos tras comprobar que el Cabildo podía llevar el asunto a los tribunales.

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), no entra en el fondo del asunto, es decir, si el inmueble tenía valores patrimoniales o no, pues indica que no era el objeto del recurso.

Sí determina el fallo judicial que la consejera obró de forma correcta al intentar salvar el referido inmueble 23, y además tumba la pretensión del Ayuntamiento de que este caso fuera extensivo a otros futuros por igual motivo, de modo que el Cabildo no pudiera ordenar a partir de ahora la suspensión cautelar de más demoliciones en la capital tinerfeña en supuestos similares. Y son nada menos que 500 los inmuebles que los funcionarios del Cabildo defienden proteger desde hace más de una década en la capital, sin que el Ayuntamiento los haya catalogado.

En este sentido, el juez recuerda que la consejera se limitó a usar la potestad que le da el artículo 48 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias para “evitar la destrucción o deterioro de los bienes integrantes del patrimonio histórico, incluso en aquellos casos en que no estén formalmente declarados de interés cultural o inventariados”.

El juzgado da por verificado que fue legal la decisión de la consejera de parar el derribo en el nº 23 de Puerta Canseco, pues, en palabras del magistrado, “es lo cierto que existen diversos informes (mencionados en el escrito de contestación a la demanda y obrantes en el expediente administrativo remitido a este juzgado) que avalan la existencia (al menos provisional e indiciaria) de tales valores dignos de protección”.

Como consecuencia, “la emisión por técnicos cualificados de informes en los que se pone de manifiesto, de forma decididamente motivada, la existencia de valores dignos de tutela es fundamento suficiente para acordar la suspensión de la licencia de demolición en su día concedida por la recurrente”.

El hecho de que el Ayuntamiento aportara al juzgado informes en sentido contrario, es decir, que el inmueble no tenía valores, “no hace contraria a derecho la resolución objeto del recurso, pues aún queda que por la Administración competente se tramite el correspondiente procedimiento formal y se declare la concurrencia de tales valores de protección”, expone la sentencia.

En todo caso, el Ayuntamiento acabó derribando el inmueble nº 23 de Puerta Canseco, pues la suspensión cautelar por el Cabildo tiene una duración limitada en el tiempo, y para ello el Gobierno municipal aportó un informe encargado a la Fundación Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP) que también ha dado el visto bueno a demoler los restantes cinco edificios con valor histórico y artístico para el Cabildo.

Se trata de unos informes que los funcionarios insulares han desacreditado por entender que se utilizan argumentos “falsos” con el único fin de posibilitar los derribos, para construir la nueva urbanización residencial en estas manzanas.

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, ya ha dicho a La Opinón de Tenerife que el Ayuntamiento recurrirá esa sentencia.