Aficionados a la arqueología piden protección para el barranco del Muerto, uno de los más ricos en yacimientos de Santa Cruz de Tenerife

El grupo de arqueología social Imanasten reclama medidas de protección más potentes y efectivas para el barranco del Muerto, en Santa Cruz de Tenerife, ante los ataques y riesgos para sus muchos yacimientos guanches, que lo convierten en uno de los más relevantes de la capital tinerfeña pero que sufre un creciente deterioro, sobre todo de algunos de sus grabados.

Este cauce se sitúa en el distrito Sur-Oeste. El grupo que lidera Sixto García critica que el ayuntamiento “nunca se pronunció” sobre estos riesgos “pese a la alarma vecinal y, como es costumbre en lo que se refiere a daños sobre el patrimonio indígena, no hubo reacción institucional el año pasado, cuando ya trascendió en diversos medios un ataque a algunos grabados”. Para el colectivo, se trata de algo especialmente grave porque el yacimiento atacado está declarado como Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica por decreto desde el 24 de julio de 2014.

Además, critican que, “en Mayo de 2021, el Cabildo de Tenerife se jactaba en prensa de haber colaborado mediante la concesión de un presupuesto de 36.000 euros para que trabajadores y alumnos del IES San Matías habilitasen un espacio en el centro educativo a modo de centro de interpretación, con dotación tecnológica y contenido divulgativo sobre los valores del cercano BIC, pero aún hoy ese centro sigue sin abrir sus puertas, mientras que en este año transcurrido se han comprobado, al menos, dos nuevos ataques contra los grabados ubicados en algunos de los treinta paneles con inscripciones rupestres catalogados en la zona”.

Los integrantes de Imanasten detectan un claro “cinismo y dejadez” respecto a la protección de este bien, y más si se atiende a que “se verá una vez más amenazado por la proyección de una nueva ciudad que pretende ser erigida sobre una superficie que abarca 393.000 metros cuadrados. Se trata del equivalente a unos 50 estadios de fútbol, con un total de 1.680 viviendas, zonas verdes, 13.894 metros cuadrados edificables de uso comercial, 1.529 metros cuadrados de uso religioso y 3.156 metros edificables de dotación pública”.

El colectivo alerta del impacto que un proyecto que, “de facto, supondrá la unión de la autopista TF-1 y los núcleos poblacionales de Barranco Grande, Añaza y Los Moriscos con un nuevo sistema viario y la ampliación por el litoral de la Rambla de Añaza, en lo que hoy son acantilados. Es decir, el poco espacio costero que no había sido urbanizado en la zona se convertirá en una nueva ciudad”.

Terrenos con valor, pero que no se reconocen

Según denuncian, el proyecto asegura literalmente que los terrenos “carecen de recursos naturales de interés, más allá de algunos enclaves de tabaibal dulce, que la ordenación deberá tratar de preservar, y de algunos yacimientos arqueológicos, a los que la ordenación ha de proteger y poner en valor”. Por eso, recalcan que “el  propio borrador recoge que la totalidad de los terrenos, antes de uso agrícola, se encuentran sin explotar o en estado de abandono desde hace más de 50 años, pero hay que recordar que el estado de abandono de esta importantísima zona de especial valor medioambiental y arqueológico es común a todas las no edificadas aisladas y en medio de áreas densamente urbanizadas”.

El grupo indica que lo que este proyecto concibe como “terrenos sin valor y sin necesidad de proyección incluye eriales, bancales de secano y pequeñas zonas de extracción de áridos, también en estado de abandono, un aparcamiento de contenedores sin uso desde hace años y una zona formada por las laderas del barranco y el cantil costero, ocupado por tabaibal dulce, rabos de gato y otras especies arbustivas”. Por eso, y aparte del gasto de dinero en un centro de interpretación no desarrollado, no entienden que no se proteja como se deba este BIC, al tiempo que se proyecta una urbanización de este calibre.

“¿De qué sirve catalogar o reconocer como Bien de Interés Cultural un yacimiento arqueológico si no se ponen a su disposición medios para su protección, conservación e investigación científica efectivas? Sabemos que ningún responsable piensa contestar a esta pregunta, sobre la que subyace otra, quizás, de significado más profundo: ¿por qué aquellas zonas abandonadas, degradadas de manera consciente, condenadas a servir como vertederos ilegales, solares abarrotados de plantas invasoras y basura, coinciden con las proyectadas como nuevas áreas urbanas? ¿Casualidad? ¿Simple dejadez y negligencia? Creemos que no y que la respuesta esconde una fórmula más retorcida que se repite a lo largo y ancho de la Isla. Allí donde se proyecta una nueva zona residencial, un campo de golf, un hotel, un centro comercial u otro pelotazo urbanístico privado es precisamente donde se observa una especial desidia institucional en preservar los ecosistemas y restos patrimoniales ancestrales que pueden impedir el crecimiento urbanístico indiscriminado, que sigue siendo la única forma de generar riqueza que nuestros gobernantes contemplan. Riqueza para una minoría, todo sea dicho”.

En este sentido, censuran que, “pese a las repetidas promesas de progreso que contemplan sus planes, la insalubridad, la pobreza y el fracaso escolar siguen poniendo al pueblo canario a la cabeza de todas los índices europeos de atraso y precariedad. Todo es posible con tal de ofrecer oportunidades a los inversores y constructores que representan al sector privado, mientras al conjunto de la sociedad canaria se le priva del derecho de vivir en unas islas limpias, libres de sobrepoblación, contaminación y saturación paisajista. Pero, sobre todo, del derecho inalienable como pueblo de preservar, estudiar y valorar sus propias raíces para reconocerse en una identidad y valores que le hagan capaz de amar más su tierra y aquellas riquezas naturales y culturales que aún no han sido borradas del todo como consecuencia de la avaricia sin fin de quienes ven solares y vertederos donde los demás vemos ecosistemas y riquezas patrimoniales”.