El Ayuntamiento estudia demoler la estructura del hotel abandonado en Añaza, con un coste de casi dos millones
La desaparición del edificio abandonado y en estructura localizado en el litoral de Añaza costará 1,8 millones de euros, según un informe técnico encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para averiguar el coste aproximado de la demolición y posterior recogida de escombros y restos, con el objeto de hacer desaparecer esa edificación del paisaje de la ciudad.
La primera teniente de alcalde, Zaida González, acompañada por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, visitó este martes el edificio abandonado en estructura en la urbanización Acorán, donde anunció que el Ayuntamiento “avanza con paso firme para hacer desaparecer esta edificación”.
Durante la visita, que contó con la presencia de técnicos de las áreas de Urbanismo y de Servicios Públicos, Zaida González indicó que vienen trabajando “con prudencia” desde hace meses para encontrar una solución definitiva en dos direcciones: por un lado, garantizar la seguridad cuanto antes para que nadie acceda a su interior, y por otro, llegar a un acuerdo a corto y medio plazo que convierta este edificio en “un recuerdo del pasado”.
La primera teniente de alcalde recordó que esa edificación se inició en 1973, hace 45 años, cuando una promotora privada solicitó al Ayuntamiento una licencia de obras para construir un hotel de 741 apartamentos, licencia que fue concedida entonces de acuerdo a la legalidad vigente y en el marco de los planes especiales de interés turístico.
“Sin embargo, los promotores abandonaron el proyecto en 1975, dejando un edificio en estructura como hoy lo conocemos: un edificio con planta en forma de y, con 22 plantas de altura, sobre una superficie de 2.350 metros cuadrados y con una superficie edificada estimada de 40.000 metros cuadrados”, detalló González.
En relación con este mismo asunto, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, detalló las dos líneas de actuación que sigue el Ayuntamiento, encaminadas a garantizar la seguridad mediante la instalación de una red perimetral completa de cuatro metros de altura que impedirá el acceso al edificio, debidamente señalizada y con advertencias de prohibición situadas cada diez metros en todo el perímetro. El coste estimado es de 109.450 euros y se ejecutará en el plazo de un mes, aproximadamente.
En segundo lugar, Carlos Tarife mencionó que ya en 1998 el Tribunal Superior de Justicia decretó que el edificio invade una zona de servidumbre marítimo-terrestre y que por tanto debe ser demolido. “Por nuestra parte, en otoño pasado, abrimos un informe sobre el estado del edificio que, debidamente ajustado a la legislación de aplicación, devino en declarar la caducidad de la licencia de edificación otorgada en su día”, indicó.
