El sexto teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz, José Alberto Díaz Estébanez, a raíz de las declaraciones de Si Se Puede (SSP) sobre el supuesto desahucio de ciertos establecimientos en inmuebles pertenecientes al Consistorio, ha explicado que “esas empresas ocupan unos locales que son titularidad municipal desde hace muchos años, y en muchos de los casos lo han hecho sin pagar alquiler alguno, lo que además de ser una ilegalidad debemos solventar cuanto antes, puesto que supone una cierta competencia desleal hacia otros negocios de la zona”.
En este sentido, Díaz Estébanez afirma que esta decisión, lejos de perjudicarlo, refuerza al sector comercial tradicional, dándole seguridad jurídica y condiciones de igualdad. “Calificar este procedimiento como desahucio, en clave política y en las circunstancias actuales, no sólo es irresponsable, sino casi un insulto a las familias que de verdad han sufrido este problema en sus viviendas por imposibilidad económica”, afirma el edil.
El concejal ha recabado los informes oportunos de este procedimiento, en algunos casos iniciado hace varios años, que apuntan que la actuación no sólo es correcta, sino imprescindible de acuerdo a la legalidad. “Tenemos el deber de regularizar y cumplir con la ley en este tema, y alejarnos de la demagogia. Para que lo entienda todo el mundo, se trata de empresas o negocios que obtienen unos beneficios por su labor pero que ocupan unos locales públicos y que, en muchos casos y por diversas circunstancias, ni siquiera pagan un alquiler”, apuntó.
Además, subraya que “en ningún caso se trata de organizaciones no gubernamentales, asociaciones benéficas o personas sin recursos, sino tiendas o bares que, a pesar de habérselo pedido en multitud de ocasiones, no aportan ni un contrato de alquiler, ni los justificantes de haber abonado algo por el uso de estos locales”.
Según consta en los informes, estos expedientes solicitando información a los propietarios de los negocios se iniciaron hace varios años por parte de la sección de Patrimonio Municipal, determinándose que los empresarios los ocupaban “sin ningún título jurídico válido para ello”. A partir de ese momento se encargó una tasación de los locales para abordar la posibilidad de restablecer la legalidad y que los inquilinos pagaran un alquiler como posible paso intermedio a la recuperación de la posesión.
Al parecer esa vía tampoco fue aceptada y el consistorio capitalino tuvo que emprender otras acciones legales para no incurrir en una posible responsabilidad patrimonial. Los informes también apuntan que la actual situación, que se ha venido alargando desde hace muchos años, hace que estas empresas estén ejerciendo su actividad en algunos casos sin licencia e incumpliendo la normativa laboral.
El último episodio de este expediente se refiere a que muchos de los ocupantes de esos locales no han permitido la entrada a los técnicos municipales que tenían la obligación de hacer la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que, como propietario de los mismos debe hacer el propio Ayuntamiento, hasta el punto de que en algún caso, los informes técnicos emitidos señalan que “se debe impedir la ocupación del inmueble por razones de seguridad”.
En cualquier caso, a lo largo de todo el procedimiento no se ha empleado en absoluto “un tono inadecuado” desde la Administración hacia los interesados, muy al contrario, siempre se ha mantenido una actitud de buscar soluciones, eso sí, dentro del marco de la legalidad y sin agravios comparativos, en el ánimo de dar seguridad jurídica tanto a los comerciantes como al propio Ayuntamiento. “Estos procedimientos, lejos de perjudicar al sector comercial, lo refuerzan y lo dinamizan –afirma el responsable municipal- dándole seguridad jurídica a su situación, en lugar de buscar generar un alarmismo injustificado y demagógico, haciendo juicios de intenciones que no se corresponden con la realidad”.