El portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, ha acusado este jueves al alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), de favorecer a la multinacional Sacyr (que gestiona el agua en la ciudad) en contra de la ciudadanía y de su propio interés electoral.
El origen de este caso está en 2005, cuando, con Miguel Zerolo como alcalde (de Coalición Canaria y actualmente en la cárcel por el caso de corrupción de la playa de Las Teresitas), el Ayuntamiento privatizó la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). El concurso, para el que había que pagar un canon de adquisición de 59 millones de euros, lo ganó Sacyr. Y una vez controlada por la multinacional, Emmasa decidió devolver a la matriz, es decir, a ella misma, el canon abonado a razón de 2.360.000 euros al año. En resumen, que Santa Cruz entregaría a la empresa el dinero que esta pagó, con lo que la beneficiaba y la ciudad perdía un dinero que le pertenecía.
Esto salió a la luz pública en el breve período en el que el Ayuntamiento pasó a manos de Patricia Hernández, del PSOE, que inmediatamente paralizó los pagos a Sacyr, que hasta entonces había recuperado ya indebidamente 33,6 millones de euros.
Actualmente hay abierto un proceso judicial para reclamar todo el dinero cobrado por la empresa (más intereses), pero el Ayuntamiento, de nuevo en manos de CC, no se personó en dicho caso gracias al voto de calidad del alcalde Bermúdez.
Ahora el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la multinacional para que esta inicie la devolución, pero hay, de nuevo, una cláusula que beneficia a la empresa: se ha vinculado el reintegro del dinero a que se suba la tarifa del agua a los vecinos. De hecho, el Ayuntamiento dio una rueda de prensa a comienzos del verano para explicar que dicha subida era del 8%.
Es decir, empresa y Consistorio han firmado que esta comience a devolver los 33 millones cobrados indebidamente pero con la condición de subir las tarifas, con lo que ganará 49 millones.
Ramón Trujillo (Unidas Podemos), en rueda de prensa este jueves, se ha preguntado por qué el alcalde ha llegado a este acuerdo que beneficia a Sacyr, cuestión que ha dicho que le ha trasladado en el pleno del Ayuntamiento al propio Bermúdez y que este no ha respondido.
Devolver 33 millones, pero ganar 49
Según los cálculos de concejal de la oposición, Sacyr tiene que devolver 33,6 millones más intereses en un plazo de diez años, pero con el nuevo acuerdo y la subida de la tarifa del agua, esta empresa ingresará en ese tiempo 49 millones (entre 2022 y 2031).
Trujillo ha criticado que el alcalde defienda los intereses de Sacyr, empresa a la que le hace “concesiones inaceptables”, como a su juicio es subir las tarifas del agua como condición para que devuelva el dinero que cobró de forma indebida al Ayuntamiento.
A su juicio es “profundamente inmoral” este acuerdo, que hace que los vecinos, con la subida de la tarifa del agua y su vinculación al IPC, paguen el canon.
Pese a haber llegado a este acuerdo con el Ayuntamiento que le favorece, Sacyr mantiene el contencioso administrativo para no pagar y el consistorio no le pide que lo retire, ha alertado el concejal de Unidas Podemos, quien considera que es “una vergüenza” que Bermúdez no se haya personado como acusación particular debido al cobro indebido por parte de Sacyr ni tampoco haya sido favorable a la creación de una comisión de investigación.
“¿Cómo podemos tener un alcalde que daña de manera tan severa el interés de los vecinos para favorecer a una empresa privada?”, se ha cuestionado, al tiempo que ha apuntado que la subida de la tarifa del agua va en contra del sentido común y del interés electoral de Bermúdez.
En este contexto, Trujillo ha exigido la resolución del contrato con Sacyr por haber cobrado 33,6 millones de forma indebida, después de que Coalición Canaria (CC), partido del alcalde, decidiera privatizar el servicio de aguas.
“Bermúdez no debe representar a la ciudadanía, la CC de Bermúdez es la CC de Zerolo”, ha aseverado el concejal de la oposición, quien ha lamentado que sus quejas no lleguen a la opinión pública de la misma manera que las del alcalde.
Por ello, ha avanzado que iniciará una campaña en redes sociales para denunciar esta situación al mismo tiempo que valorará si puede añadir esta información a la causa penal abierta por la devolución del canon, la cual llevó Unidas Podemos a los tribunales.