El secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, también está siendo investigado en el conocido como caso Emmasa, que intenta esclarecer la apropiación indebida de 59 millones de euros por parte de la multinacional Sacyr para hacerse con el negocio del agua en la ciudad. El grupo Unidas Podemos (UP), como acusación particular, ha sido informado de que Luis Prieto es investigado por presunta prevaricación administrativa y malversación después de la declaración como testigo del exconcejal Norberto Plasencia.
El portavoz de UP en la corporación municipal ha explicado este jueves que Luis Prieto, como secretario general del pleno, formaba parte del consejo de administración de Emmasa en el que en 2007 se ordenó la devolución de una deuda “que no existía”, según la declaración de Plasencia en el caso.
La multinacional Sacyr-Vallehermoso se quedó con el ciclo integral del agua de Santa Cruz de Tenerife en 2005, mientras Coalición Canaria estaba en el poder. La empresa ofreció un canon de 59 millones de euros (10 millones más de lo que se exigía en el pleno) por quedarse con las infraestructuras. Este dinero fue recuperado después de forma ilegal mediante diferentes pagos devueltos por el Ayuntamiento. Con esta estrategia, en 2007 Sacyr ya había recuperado 28,2 millones de euros, casi la mitad de lo invertido.
La trama está en los tribunales. Sin embargo, el alcalde, José Manuel Bermúdez, impidió a través de su voto de calidad que el Ayuntamiento ejerciera la acción penal por el caso, ignorando incluso a los servicios jurídicos de la corporación. El pasado 28 de mayo el pleno votó la posibilidad de que el grupo de gobierno, integrado por Coalición Canaria, el PP y la concejala tránsfuga Evelyn Alonso, ejercieran la acción penal por el caso. El resultado fue un empate a 13 y Bermúdez ejerció su voto de calidad para impedir la iniciativa.
Los principales investigados en esta causa son Miguel Zerolo, exalcalde de la capital, y Pablo Abril Martorell, ex consejero delegado de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife). Los delitos que se les atribuyen son prevaricación y malversación de fondos públicos por privatizar el servicio de agua en la ciudad. Sacyr argumentó, según publicó Canarias Ahora, que el canon abonado fue un “préstamo” a Emmasa por el uso de los bienes del servicio integral de agua durante 25 años, por eso “debía recuperarlo”.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife paralizó estos pagos en concepto de devolución de los 59 millones de euros a Sacyr cuando Patricia Hernández (PSOE) entró al poder. La entonces alcaldesa tomó esta decisión avalada por los servicios jurídicos municipales y la intervención, que constataron que no existía ninguna base legal para la venta de Emmasa a Sacyr, que en la práctica convirtió a Emmasa en un “regalo” del Ayuntamiento a la multinacional.
La oposición, formada por el PSOE, Unidas Podemos (UP) y Ciudadanos, ha convocado este jueves una rueda de prensa para denunciar “el intento del alcalde”, José Manuel Bermúdez, de no celebrar un pleno extraordinario convocado por estos grupos. Según el portavoz de UP, que el secretario del Ayuntamiento esté siendo investigado en esta trama es una de las razones por las que el grupo de gobierno no ha accedido a celebrar este pleno extraordinario. En él, la oposición también pretendía abordar el coste que supone para Santa Cruz de Tenerife mantener los escoltas de Evelyn Alonso.