El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció en julio de 2015 que el edificio con sus oficinas centrales situado en Ofra, el antiguo Instituto Hermanos García Cabrera, iba a ser el primero de propiedad municipal que utilizaría electricidad generada con fuentes renovables, mediante 88 paneles fotovoltaicos con un coste de 50.000 euros.
Transcurridos tres años, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), a través de su sección en el Consistorio chicharrero, ha criticado el “oscurantismo y el secretismo” del Gobierno local sobre esa instalación, ya que no se ha respondido a las solicitudes que por escrito han presentado, la primera hace dos años y medio ante la Junta de Personal y reiteradas este año, para conocer cuál ha sido el resultado de esa inversión pública “anunciada a bombo y platillo”.
La sección del Sepca quiere conocer una serie de datos que, por el momento, sigue sin recibir: cuántos kilovatios por hora de producción propia han generado esos paneles, a cuánto asciende el ahorro neto en la factura de electricidad, si esta energía de origen renovable se almacena en baterías para poder ser utilizada en horas en que no hay luz solar o se inyecta directamente en la red trifásica previa conversión en corriente alterna, y en qué porcentaje se incrementa -en el cómputo anual- la producción energética en los meses de verano al aprovechar el mayor tiempo de insolación.
Otras dudas del sindicato no resueltas por los responsables municipales son con qué frecuencia se limpian los paneles solares para evitar que pierdan eficiencia, si está ya amortizada la inversión, si se han instalado en otras sedes municipales y si se le aplica en este caso el real decreto que establece el llamado impuesto al sol.
La única respuesta recibida por esta organización sindical fue de la Dirección de Recursos Humanos, que en agosto pasado se declaró como órgano no competente para informar de estos asuntos.
El sindicato había acudido a este departamento toda vez que en 2015, cuando se presentó en público la instalación, el Ayuntamiento anunció que la empresa adjudicataria, Dobons Technology, SL, colocaría una pantalla de 27 pulgadas en la recepción de estas oficinas municipales que debía informar en tiempo real a los usuarios y empleados públicos sobre la energía fotovoltaica producida y consumida en el edificio. Sin embargo, tal monitor nunca ha ofrecido esa información, “siempre ha estado en negro”.
La sección del Sepca le devolvió el escrito a Recursos Humanos, debido a que no cumplió con la obligación, estipulada por la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, de dirigir la demanda de información al órgano competente. El sindicato envió entonces a la Alcaldía una solicitud de información pública, prevista en la Ley de Transparencia, a raíz de lo cual se le comunicó que el documento con las preguntas había sido remitido, finalmente, a la Concejalía de Medio Ambiente, para su respuesta.
Hay que tener en cuenta que, si en estos casos en dos meses no son respondidas, el solicitante de información puede enviar una queja al Comisionado de la Transparencia del Parlamento canario, que tiene la potestad de sancionar y a sus requerimientos el organismo público tiene que contestar en un mes.
Falta de datos también a la prensa
Pues bien, ante la denuncia pública que ha hecho el sindicato en su web sobre falta de transparencia en relación con esta planta fotovoltaica, el jueves 30 de agosto Tenerife Ahora trató de contactar con el concejal responsable de esta área, Carlos Augusto Correa (del PP), para conocer su versión e intentar arrojar luz sobre las numerosas incógnitas que plantea el Sepca.
Desde el servicio municipal de prensa, se informó a este diario de que los panales fotovoltaicos sí estaban funcionando y de que al día siguiente, el viernes 31 de agosto, el concejal haría declaraciones a este medio, pues había solicitado un informe técnico. Pero han pasado ya casi dos semanas e, igual que lo ocurrido con el sindicato, el silencio es, por el momento, la respuesta recibida por el periodista.
En el Sepca siguen a la espera de poder acceder a los datos solicitados para sacar conclusiones, pero muestran sus recelos sobre los números que ofreció el Ayuntamiento en 2015: que esta energía renovable permitiría ahorrar 48.000 euros al año en la factura de la electricidad, de lo cual deduce que el kilovatio/hora se paga a 1,4 euros, “cuando el precio más desfavorable en el mercado es de 0,12 euros, es decir, 10 veces más cara, en tarifas de hora punta”.
Tampoco entiende el Sepca que se anunciara que la inversión de 50.000 euros se amortizara en tres años si a la vez se indicaba que el ahorro en un año era casi de esa misma cuantía.
Suspicacias sobre el funcionamiento de la planta
La organización de empleados públicos ha llegado a sospechar que la planta fotovoltaica en realidad no ha estado generando electricidad, cuestión que aún deberá aclararle el Gobierno municipal, si bien las citadas fuentes oficiales consultadas por este diario indicaron que la instalación sí funciona, aunque sin aportar ningún dato más.
Las suspicacias sindicales surgen porque el real decreto sobre autoconsumo regula una serie de aspectos entre los que se encuentra “la tipología de la conexión de la planta solar, que muy probablemente el proyecto no contempló por ser anterior a la aprobación de esa normativa, pero sí le es de aplicación, por lo que para legalizarla habría sido necesario aumentar el presupuesto inicial”.
También albergan los representantes sindicales otra duda técnica: si en el presupuesto publicado se incluye el precio del convertidor estático, llamado generalmente ondulador, necesario para convertir la corriente continua que da los paneles solares en corriente alterna trifásica.
Como la planta fotovoltaica solo cubre parte de la demanda eléctrica del edificio, en función de las horas de sol, este ondulador debe sincronizarse con la red eléctrica e integrarse con el sistema de alimentación ininterrumpida de Ofra para los servidores y mainframe (computadoras centrales), y el grupo electrógeno propio, precisa el sindicato. Es decir, la electricidad de fuente fotovoltaica tiene que inyectarse en la red eléctrica interior para bajar el consumo de la que procede del exterior.
Para que la instalación sea operativa es preciso que cuente con baterías para almacenar la electricidad generada por los paneles y utilizarla cuando no haya luz solar y además un convertidor de corriente continua (la almacenada en las baterías o la suministrada directamente por la planta fotovoltaica) a la red trifásica interior.
Además, cree el Sepca que la instalación de cogeneración tiene que cumplir el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, el conocido como impuesto al sol.
Otro aspecto que desea clarificar la sección sindical del Sepca en el Ayuntamiento que preside el alcalde José Manuel Bermúdez (CC) tiene que ver con que el expediente de adjudicación de esta instalación no aparece en el Portal de la Transparencia. Así que considera que, por el momento, son demasiadas sombras sobre un proyecto que necesita mucha luz.