Santa Cruz de Tenerife avala que la Ciudad de la Justicia se ubique en Cabo Llanos y pide que el Gobierno invierta en los accesos al centro urbano
El Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han acordado este miércoles de manera definitiva que la futura Ciudad de la Justicia se ubique en Cabo Llanos, aunque el alcalde José Manuel Bermúdez ha exigido también al Ejecutivo autonómico una inversión en carreteras para facilitar los accesos al centro urbano.
El acuerdo sobre la definitiva ubicación de la Ciudad de la Justicia se ha producido este miércoles en una reunión entre el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, y el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, en la que se ha descartado la opción de edificar esa infraestructura en El Sobradillo.
El viceconsejero de Justicia, Emilio Moreno, dijo a los periodistas al término de la reunión que ahora queda pendiente determinar cuáles son los mecanismos adecuados para materializar este acuerdo, si a través de una modificación parcial del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad o por la vía de las disposiciones de la Ley del Suelo.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subrayó que se trata de hacer ahora dos cosas: la tramitación necesaria para que la capital tenga la Ciudad de la Justicia que se merece, “y hemos tardado tanto en realizar”, y de forma paralela, continuó, que se produzcan inversiones en la zona.
Bermúdez señaló que el Gobierno de Canarias actuó en su momento “de forma importante” cuando se decidió soterrar la avenida de Tres de Mayo en su salida hacia la autopista y se construyó un túnel que ha supuesto “un gran alivio” para la ciudad.
“Estoy pidiendo exactamente la misma solución para una zona que además tiene una diferencia con Tres de Mayo, que es que se trata de una vía de interés regional, puesto que da acceso al puerto, y por lo tanto, es una competencia absolutamente” autonómica, señaló el alcalde.
Bermúdez, que indicó que el consejero José Miguel Barragán tiene previsto convocar una reunión con los operadores judiciales para informar del acuerdo adoptado este miércoles, insistió en que en la zona de Cabo Llanos se precisan inversiones y consideró que habrá nuevos accesos por la vía del plan Santa Cruz Verde 2030, pero serán a largo plazo.
A corto plazo deben estipularse acceso por la vía del convenio de carreteras y por los que define el plan territorial del viario del área metropolitana de Tenerife, continuó el alcalde, quien aludió concretamente a la vía TF-4, la de entrada al puerto de la capital desde el sur, donde es necesario “de manera urgente” hacer una inversión para separar el tráfico portuario del normal que se dirige a la ciudad.
Sin embargo, lamentó el alcalde, no hay previstas inversiones en el área con carácter inmediato y, aunque esto no es competencia del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, sí que lo es del Gobierno autonómico al tratarse de una vía de interés regional, reiteró Bermúdez, quien subrayó que es el único tramo donde confluyen el tráfico portuario y el de la ciudad.
Exigió José Manuel Bermúdez que se habilite una inversión urgente para solucionar el tráfico en la zona, que podría pasar por soterrar el portuario de manera que los vehículos accedan directamente al puerto.
“Sabemos que hay problemas de tráfico sin la Ciudad de la Justicia y los habrá con ella, como ha avanzado un estudio de movilidad que ha aportado el Gobierno”, advirtió el alcalde, quien también precisó que en la solución de este obstáculo hay “corresponsabilidad de todos los actores”, el Gobierno central a través del convenio de carreteras y el Cabildo de Tenerife, que “invierten en otras vías” pese a que las mencionadas son fundamentales para Santa Cruz.
En cuanto a la fórmula urbanística para edificar la Ciudad de la Justicia, señaló el alcalde que los técnicos de la Consejería de Política Territorial y de la Gerencia municipal de Urbanismo tratarán de buscar la solución más rápida porque “es verdad que hay un retraso evidente”.
Preguntado por el futuro de los terrenos de El Sobradillo donde se había propuesto situar la instalación judicial, José Manuel Bermúdez dijo que tiene conocimiento de que el Gobierno de Canarias analiza la posibilidad de edificar la sede del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2.
A su juicio, es evidente que el Ejecutivo regional quiere ahorrar dinero en alquileres y ahora que tiene capacidad para ello “puede y debe invertir” en el suelo de El Sobradillo.
