Representantes de tres colectivos sociales y el concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ramón Trujillo, criticaron la decisión de la dirección del Centro Municipal de Acogida, más conocido como albergue municipal, de no permitir el acceso a uno de los usuarios al que “han echado a la calle” tras protagonizar supuestamente una pelea, y tacharon de “inhumano” el reglamento por el que se rige este centro.
Eloy Cuadra, representante de la Plataforma por la Dignidad, comenzó su intervención pidiendo disculpas porque este colectivo no presentara en su momento y por desconocimiento alegaciones al Reglamento de régimen interior del Centro Municipal de Acogida, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en mayo de 2014, del que dijo que “es abusivo e inhumano”.
Según indicó, el reglamento establece la expulsión del centro por un periodo de tres meses en caso de cometer una falta leve; de tres meses a un año por falta grave; y expulsión definitiva por falta muy grave. Añadió que las sanciones son desproporcionadas con respecto al albergue municipal de Sevilla, “que gestiona la misma empresa, Grupo 5, y que establece para las faltas leves varias alternativas; en último caso si hay reincidencia se contempla la baja del centro por un mes”, recalcó.
Denunció que en el albergue de Santa Cruz conviven usuarios con problemáticas distintas, desde ancianos hasta personas con adicción a las drogas o al alcohol, y aseguró que hay quejas incluso por parte de los usuarios pero no quieren dar la cara por miedo a represalias.
Afirmó que es necesario buscar soluciones alternativas al albergue, “porque este reproduce señalamiento y marginalidad”, e indicó que el Plan Nacional para personas sin hogar plantea que hay que sustituir progresivamente los albergues por pisos tutelados. Dijo también que “el Cabildo de Tenerife -al que el Ayuntamiento ha pedido su colaboración en la atención a las personas sin hogar- no quiere poner más dinero para el albergue porque ellos van por esta otra vía de los pisos tutelados”.
Ángel Brito, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Azorín y portavoz de la Plataforma 29-E, reclamó “una solución digna” para las personas sin hogar y recordó que la asociación que representa ha hecho algunas propuestas, como que se habilite un espacio junto al albergue para una ambulancia fija e indicó que el año pasado murieron en la zona cinco personas.
Además afirmó que en el lugar donde el Ayuntamiento quiere habilitar un centro de acogida para que las personas sin hogar puedan pasar la noche, en el barrio de Buenos Aires, “está escriturado como garaje y oficinas”, y se preguntó si este es el espacio idóneo.
También intervino en la rueda de prensa Ana Méndoza, presidenta de la Asociación en Defensa del Parque Cultural Viera y Clavijo y defensora de las personas que actualmente viven en el edificio público que alberga este parque. Mendoza recordó el caso de Yurena, la trabajadora del albergue y madre de dos hijas despedida por llevarse tres panes y 150 gramos de queso, indicó que el acto de conciliación está previsto para el 12 de mayo si bien advirtió de que “la empresa ha dicho que no va a haber acuerdo” alegando como motivo que la noticia del despido saltara a los medios de comunicación.
Asimismo Mendoza dijo que se ha preguntado al albergue por qué no se permite la entrada a uno de los usuarios del centro desde hace una semana pero no les han contestado. “Sabemos que hay peleas dentro pero no se puede echar a la gente a la calle. ¿Por qué no se le da un bocadillo y por qué no se le permite utilizar las duchas, acompañado si fuera preciso, de un segurita”, apuntó.
El afectado en cuestión, según Mendoza, alega que “fue al médico para que le atendiera tras la pelea y cuando volvió al albergue no le dejaron entrar”.
A este respecto Ramón Trujillo informó de que IUC preguntará al grupo de gobierno por algunos casos concretos de usuarios del albergue municipal y a cuántas personas se han sancionado con la expulsión del centro. Además planteara modificaciones “para humanizar este reglamento”.