Un informe encargado por Santa Cruz de Tenerife avala el derribo de otros tres edificios históricos, mientras el Cabildo insiste en su protección

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha despejado el camino para demoler otros tres inmuebles antiguos, y ya van seis este año, de los más de 500 que la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife defiende proteger en la ciudad, en informes técnicos que datan de 2006 y 2010.

Los tres edificios se hallan en el barrio de Miraflores, una zona descuidada de la ciudad, algunos de los cuales están ocupados por prostíbulos. Uno de ellos fue la primera sede de CajaCanarias y otro es la llamada Casa Clavijo, un ejemplo de modernismo destacado entre los edificios históricos más reseñables de Santa Cruz por el catedrático de Historia del Arte Alberto Darias en un voluminoso libro editado por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2004.

Para poder derribarlos, el Ayuntamiento necesita acreditar con informes técnicos que carecen de los valores que les atribuyen los funcionarios del Cabildo. Y ha sido la fundación CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) la que por encargo del equipo municipal de gobierno, ha emitido tres nuevos informes que avalan la destrucción de estas antiguas edificaciones, a pesar de la contundencia con la que los técnicos del Cabildo han defendido catalogarlos, es decir, darles un grado de protección.

Lo mismo ocurrió hace unos meses, cuando esta fundación emitió un informe que dio vía libre a la demolición de otros tres inmuebles en la misma manzana, lo que permitió levantar la suspensión cautelar de las obras ordenada por el Cabildo.

Pero la consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo, Josefa Mesa, ha afirmado este lunes a Tenerife Ahora, tras enterarse por la prensa los informes del CICOP y a la espera de conocerlos en su integridad, que ve insuficiente lo que el Ayuntamiento ha divulgado sobre estos dictámenes técnicos y que su Consejería “no va a avalar ninguna licencia de demolición sin los informes que contemplen estudios históricos de cada inmueble”.

De hecho, asegura que este fue el compromiso del Cabildo con el Ayuntamiento a raíz de que surgiera este enfrentamiento entre instituciones el pasado año: el de incorporar a los informes que encargue el consistorio no solo un análisis sobre los posibles valores arquitectónicos, sino también los valores históricos.

Mesa advierte de que su planteamiento sobre este asunto, y el de los técnicos del servicio Insular de Patrimonio Histórico, es el que ya expuso con ocasión de los primeros tres derribos llevados a cabo en los últimos meses, después de que el Cabildo paralizara las demoliciones en la calle de Puerta Canseco, como medida cautelar en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico, y el Ayuntamiento tuvo que encargar un informe externo, también al CICOP, para justificar que fuera pasto de las palas.

En concreto, la consejera echaba en falta entonces una evaluación histórica de estos edificios “tanto del arquitecto proyectista, del contexto histórico en que fueron levantados, y su posible vinculación con la historia de Santa Cruz”.

Mesa también aprecia una contradicción entre el hecho de que estos tres inmuebles, como los tres anteriores, los incluyera el Ayuntamiento en la anterior revisión del Plan General de Ordenación como “susceptibles de futura catalogación”, lo que implicaba a su juicio otorgarles un valor patrimonial desde 2010, y que ahora entiendan los expertos del CICOP que han perdido esos valores, cuando ninguno de ellos está declarado en estado de ruina. “Que estén en mal estado no es un criterio para no catalogarlos”, expone Mesa.

Además, la responsable insular de Patrimonio Histórico señala que desde la polémica sobre Puerta Canseco no comparte el enfoque esgrimido por el CICOP de que solo merecen catalogarse inmuebles que formen parte de un conjunto, y que este ya ha desaparecido. A su juicio, los tres ya demolidos y los tres que se quiere demoler, estaban conectados espacialmente y formaban un pequeño conjunto que aglutina a las tres calles. No obstante, incluso estando aislados resulta erróneo a su juicio y para sus técnicos no catalogar teniendo en cuenta los propios valores de cada inmueble.

Tampoco considera un argumento válido para no proteger estos inmuebles “supeditar su valor patrimonial a la situación urbanística del entorno en que se localizan ni a las previsiones del Plan General, pues antes bien deberá ser éste el que se supeditara a la necesidad de otorgar protección dichos edificios”.

Mesa (del PSOE) asegura que en el momento de hacer las declaraciones a este diario la Consejería no había recibido el documento, pese a que la primera teniente de alcalde de Santa Cruz, la popular Zaida González, ha manifestado públicamente que ya lo ha enviado al Cabildo.

La consejera afirma que no está en disposición de adelantar los siguientes pasos que dará el Cabildo, hasta que sus técnicos no analicen el nuevo informe del CICOP en su contenido literal, aunque sí recordó que la Unidad de Patrimonio del Cabildo apuesta por integrar el patrimonio histórico arquitectónico de Miraflores en la nueva urbanización de la manzana, y cree viable insertarlos en el proyecto contemporáneo, conviviendo en equilibrio y “dialogando” los nuevos edificios con los históricos. Por eso, este lunes ha insistido en que “nunca” ha respaldado que desaparezcan esas edificaciones porque “el patrimonio histórico es un valor de la ciudad, y eliminarlo es quitar historia e identidad de los ciudadanos”.

El criterio del CICOP y el de los técnicos del Cabildo son como de la noche al día. Así, sobre la Casa Clavijo, ubicada en los números 28 y 30 de la calle de Miraflores, la fundación sostiene que “ante la situación material y urbanística que presenta el inmueble en su relación con toda la manzana donde se inserta, donde como consideración general de este informe, los valores descritos anteriormente deben ser puestos en relación con el contexto urbano existente y las determinaciones urbanísticas en desarrollo, y en cumplimiento de las prescripciones del Plan General, es por lo que no consideramos que presente en la actualidad ninguno de los aspectos de interés a los que se refiere la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias”, y añade que “el valor patrimonial estaba precisamente basado en el conjunto y no en las edificaciones individualmente consideradas”, según publicó Diario de Avisos.

En cambio, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, en un informe emitido en agosto de 2017 a petición de la Asociación Nuestro Patrimonio, y en líneas con sus informes de años anteriores, sostiene que “de forma taxativa, debiera estar catalogado por su magnífica fachada y sin perjuicio de determinar la posible presencia de elementos catalogables en el interior, como pavimentos, carpintería...”

Además, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna Alberto Darias Príncipe, que formó parte en 2009 del poco después desactivado Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de la capital tinerfeña, destacó esta vivienda, situada en la calle de Miraflores, en un libro editado por el propio Ayuntamiento de Santa Cruz en 2004, titulado “Ciudad, Arquitectura y Memoria Histórica. 1500-1981”. Darias Príncipe elogió además esta construcción en una ponencia en el I Congreso Internacional coupDefouet sobre Art Nouveau-Modernismo, celebrado en Barcelona.

Para los otros dos inmuebles, según refiere Diario de Avisos, el argumentario del CICOP es el mismo, de modo que a los números 38 de Miraflores y 9 de la calle de Carmen Monteverde, primera sede de CajaCanarias ni siquiera les confiere que mantengan algo de valor, ya que solo son “un reflejo automático del paso del tiempo”.

Frente a este criterio, los técnicos del Cabildo sostienen que esta construcción “debería ser objeto de protección mediante su inclusión en el catálogo municipal, sin perjuicio de la existencia de otros elementos interiores susceptibles de ser protegidos”. Se trata de “un imponente edificio en estilo ecléctico que fue proyectado por el insigne arquitecto Antonio Pintor y Ocete en 1908”. Tiene poco más de 110 años. El promotor del inmueble fue Enrique Pérez Soto, una destacada personalidad santacrucera, que vivió entre 1854 y 1925 y fue cofundador de la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Santa Cruz de Tenerife. Cedió el bajo de su gran vivienda para que fuera la primera oficina de la entidad financiera, que se crea oficialmente el 13 de abril de 1910.

Por último, sobre el inmueble 38 de Miraflores, fue proyectado en 1951 por el arquitecto Domingo Pisaca y Burgada. Para los técnicos del Cabildo, merece un grado de protección “por su volumetría, la configuración de la fachada y la mano de Pisaca”, quien lo construyó por encargo de Josefa Jiménez Rubio.

Hasta 500 inmuebles que el Cabildo propone proteger carecen de salvaguarda legal en la capital tinerfeña. Un asunto que viene de la época de Miguel Zerolo (CC) como alcalde, y que no fue abordado por los sucesivos gobiernos municipales, ambos presididos por José Manuel Bermudez (de Coalición), primero en pacto con el PSOE y en este mandato con el PP, hasta que la asociación Nuestro Patrimonio denunció públicamente el riesgo de pérdida irreversible de patrimonio histórico por su falta de protección.

Fue este colectivo ciudadano el que desempolvó los informes del Cabildo fechados en 2006 y 2010, emitidos con ocasión de la anterior revisión del Plan General capitalino, cuyos redactores consideraron esos inmuebles en un tomo como “susceptibles de futura catalogación”. La Cotmac rechazó esta declaración de intenciones por no ser ninguna figura jurídica y pidió que se catalogaran o no, un reparo que el Ayuntamiento solventó suprimiendo ese tomo pero sin que luego emitiera informe propio alguno para descartar o confirmar su protección legal. Hasta que llegó esta polémica por Miraflores, y se vio obligado a pedir esos informes externos y cuando ya se habían iniciado las demoliciones.

El pleno municipal se comprometió en junio de 2017 por unanimidad a revisar el Catálogo de edificios protegidos, una vez se constituya el nuevo Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, cuyo reglamento acaba de aprobarse de forma definitiva. Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene un litigio judicial contra el Cabildo a raíz de que este paralizara un derribo en el barrio de Miraflores. El grupo de Podemos en el Cabildo ha llegado a calificar lo que sucede con estos inmuebles como “un gravísimo caso de corrupción”.