La AsociacioÌn Profesional de Funcionarios de Prisiones en Tenerife (APFP) ha denunciado este lunes, por medio de una nota de prensa, nuevas agresiones a integrantes de este colectivo por internos de la conocida como prisión Tenerife II, sita en La Esperanza.
Según anunció esa entidad de representación de los funcionarios de prisiones, “los hechos han ocurrido en el Centro Penitenciario de Tenerife II, ubicado en el teÌrmino municipal de El Rosario, cuando un interno del moÌdulo 5, durante el reparto de la comida, se dirige a un funcionario de forma agresiva y violenta y le propina varios golpes”.
En el mismo comunicado, la APFP asegura que, “tras conseguir ser apartado de los demaÌs internos y llevado a una zona de seguridad”, es cuando el interno violento “propina un mordisco en el gemelo de otro funcionario, mientras este procediÌa a su reduccioÌn dada la agresividad que presentaba”.
Como consecuencia de tales lesiones, prosigue la nota, hay “constancia de que al menos uno de los funcionarios agredidos ha tenido que ser atendido en la enfermeriÌa del propio centro y posteriormente ha sido remitido a urgencias de un hospital externo”. Las lesiones sufridas por el otro funcionario “se desconocen”, se afirma en el comunicado de la AsociacioÌn Profesional de Funcionarios de Prisiones.
El suceso que se ha producido en el centro de Tenerife “no es un caso aislado en los recintos penitenciarios a escala nacional, en los cuales se registra maÌs de una agresioÌn de media por diÌa”. La APFP viene denunciando las “graves carencias que padecen los empleados penitenciarios, lo que dificulta mucho la compleja labor que cada diÌa realizan en su lugar de trabajo”.
Esa misma organización de trabajadores asegura que “hay una falta de personal con maÌs de 3.400 vacantes (48 de ellas en Tenerife II)” y una “carencia de medios materiales que no permite trabajar con la seguridad que precisa el medio en el que ofrecemos nuestro servicio puÌblico”.
A ello, sostienen, hay que sumar “la gran cantidad de internos con patologiÌas mentales presentes en los centros penitenciarios ante la ausencia de recintos psiquiaÌtricos para ellos (solo dos en toda España, ubicados en Sevilla y Alicante), lo que, sumado al consumo de sustancias estupefacientes, configura un grave peligro, tanto para los empleados penitenciarios como para los internos que se encuentran cumpliendo su pena privativa de libertad”.