El pasado 26 de junio, los sindicatos y la empresa pública Metropolitano de Tenerife, dependiente del Cabildo, llegaron a un acuerdo para poner fin a la huelga indefinida convocada en febrero por los trabajadores del tranvía, en plenos Carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Los empleados reclamaban, entre otros asuntos, la retirada del polvo de sílice, una sustancia cancerígena que se encuentra en el sistema de frenado.
El acuerdo de finalización de huelga recogía esta y otras medidas, aunque casi tres meses después de su rúbrica el comité de empresa no está conforme con los procedimientos que se han llevado a cabo, en especial en materia de seguridad y salud. “Tal y como está ahora la cosa, la plantilla nos pide reactivar la huelga, pero obviamente nosotros optamos siempre primero por la vía de la negociación”, confirma a este periódico Jonay Acosta, secretario del comité de empresa.
El representante de los trabajadores carga contra Metropolitano de Tenerife por no estar aplicando todos los compromisos adquiridos con respecto a las medidas de prevención para la vigilancia de la salud.
En concreto, alude que siete empleados han presentado afecciones por la exposición al polvo de sílice, sin embargo solo a uno de ellos se le podría reconocer la enfermedad profesional al ser Técnico de Material Móvil, un puesto que sí está contemplado dentro de la evaluación de riesgo. En cambio, los puestos de los otros seis empleados, “quienes también están en contacto con la sustancia cancerígena”, no se incluyen dentro de esta evaluación, por lo que desde el comité de empresa exigen hacer una revaluación de los riesgos que tienen estos trabajadores.
“Estas personas fueron a realizarse pruebas por su cuenta, porque están expuestas al polvo de sílice, y les detectaron calcificaciones y nódulos pulmonares. La empresa se acoge a que sus puestos no estaban contemplados en la evaluación de riesgo, por lo que no se podría demostrar que están motivadas por el polvo de sílice”, explica Jonay Acosta.
“La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que cuando se detecta un problema en la salud que puede estar motivado por el trabajo, habría que revaluar los riesgos. Lo que ocurre es que las mutuas se encargan de determinar su origen y la empresa se niega a enviarles a una revisión”, concluye.
Acosta explica que con el primer trabajador “se hizo todo perfecto”: fue al servicio de vigilancia a la salud y, posteriormente, se comunicó a la mutua la sospecha de enfermedad profesional. Sin embargo, al segundo “no lo mandan a la mutua”.
Por otro lado, alerta de que estos trabajadores se encuentran indefensos, puesto que si se les detecta una contingencia común “que hace que no estén aptos para desempeñar su trabajo”, la empresa puede despedirlos “sin indemnización y con una enfermedad laboral encubierta”.
Este periódico se ha puesto en contacto con Metropolitano de Tenerife para conocer su versión de estos hechos. La empresa pública lo niega y asegura que ha seguido el procedimiento existente, por lo que cuando se detecta algún tipo de incidencia médica, “se da traslado al trabajador al servicio de vigilancia a la salud”.
“Ante la más mínima sospecha de que puede haber una relación entre un problema médico y la actividad laboral, se les traslada a la mutua para su investigación por sospecha de enfermedad profesional”, concluye.
Por otro lado, el representante de los trabajadores reclama también negociar una serie de medidas preventivas para mitigar los riesgos psicosociales, “porque se detectaron riesgos elevados y muy elevados en la mayoría de puestos”, el plan de formación o las categorías profesionales. “A día de hoy, todas estas cuestiones siguen sin resolverse”.
Otra de las exigencias que consideran de “especial gravedad” es la negociación de un protocolo de investigación de accidentes. Hace una semana, relata Acosta, se produjo uno que “aún no se ha investigado, ni se han tomado medidas preventivas”. La empresa se defiende de estas acusaciones y afirma que este protocolo “fue revisado y consensuado con el comité de empresa a raíz del acuerdo de finalización de huelga”.
Acosta también acusa a Metropolitano de Tenerife de “aprovechar esta situación” para abrir expedientes disciplinarios contra los trabajadores que han secundado la huelga. “Es una represalia”.
“Hemos tenido reuniones con la presidenta de la compañía para indicarle la gravedad de la situación, sobre todo en materia de salud laboral. Pedimos que se comiencen a negociar todas las cuestiones que están en el acuerdo de finalización de huelga”, concluye.
Choques en redes sociales
La tensión entre la empresa pública y el comité de empresa se hace notar en X (el antiguo Twitter). Mientras el Cabildo de Tenerife destaca haber conseguido un máximo histórico de pasajeros en lo que va de año, tras haber superado los 20 millones de viajeros, los trabajadores reclaman que la riqueza generada se debe invertir en su salud.
“A nosotros siempre nos dicen que no hay dinero, que vamos a hundir la empresa por exigir el cumplimiento de la ley en materia de seguridad y otros derechos laborales”, critican.
Jonay Acosta confirma que en estos momentos “el servicio está mejor que nunca”, pero clama contra Metropolitano de Tenerife porque esos buenos resultados no se están viendo reflejados en materias de seguridad y salud: “Los trabajadores lo necesitan. Esto fue lo que nos llevó a la huelga pasada”, afirma.