La Guardia Civil desaloja un colegio en Tenerife: “Hemos puesto una bomba para que no vacunen a nuestros hijos”

La Guardia Civil ha ordenado el desalojo del colegio del CEIP Isaac de Vega, en el municipio de Granadilla, tras un aviso de bomba que investigan varias dotaciones de la Guardia Civil, informan fuentes del instituto armado a Europa Press.

El propio centro ha informado de que se inició el desalojo tras recibir una llamada de teléfono en la que una persona aseguraba que había colocado una bomba para que no vacunara a los alumnos contra la COVID-19.

Según ha podido saber este periódico, el incidente se produjo sobre las 10.00 horas de este jueves y a esta hora continúa la investigación de los agentes para esclarecer los hechos.

Sin embargo, tras comprobarse que no existía ningún artefacto en el interior del centro ni en sus instalaciones, los escolares regresaron a las aulas.

Fuentes del Ayuntamiento de Granadilla han explicado a este periódico que esta mañana había una vacuguagua de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que se han sumado a la campaña de vacunación contra la COVID como punto móvil en las islas capitalinas, frente a las instalaciones del centro, lo que pudo originar la llamada, que finalmente resultó ser una “falsa alarma”.

El director territorial de Educación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Federico Delgado, ha censurado esta acción “totalmente injustificada”, que “altera la vida del centro” y de los alumnos, y sus familias, además de profesores y del resto de trabajadores.

Delgado ha detallado que durante la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad fueron desalojados los 430 alumnos del centro al colegio más cercano “para mantener su seguridad y tranquilidad”, y añade que el aviso de bomba produjo “nerviosismo y ansiedad”.

Además, ha indicado que la Consejería de Educación “se compromete rotundamente a seguir adelante con la responsabilidad que le corresponde”.

La Guardia Civil desplegó a agentes de la unidad de seguridad ciudadana y de la de desactivación de explosivos (GEDEX), que hizo comprobaciones y acordonó el centro.

En un comunicado del centro remitido a las familias se indica que la persona que hizo la llamada dijo literalmente: “Hemos puesto una bomba para que no vacunen a nuestros hijos”.

Fuentes de la Consejería de Educación señalan a Efe que una asociación contraria a la vacunación contra la COVID-19 viene remitiendo varias cartas a la Consejería y a algunos centros educativos, antes incluso de que se conocieran los planes para administrar las dosis en centros educativos. 

Otras amenazas de antivacunas en las islas

Esta amenaza se suma a las recibidas a principios de mes por personal docente de los centros educativos en los que se están administrando vacunas a menores, solo a aquellos que cuentan con la autorización de sus progenitores. Fue el sindicato ANPE Canarias quien denunció que profesionales que participan en el programa piloto de vacunación de menores de 5 a 12 años contra la COVID-19 estaban siendo amenazados por colectivos antivacunas.

El sindicato expuso en un comunicado que dos asociaciones contrarias al proceso de vacunación y al uso de mascarillas enviaron a los centros cartas intimidatorias en las que los acusaban de estar cometiendo “graves delitos” y amenazaron al personal directivo con iniciar acciones legales en su contra, como ya hicieron con trabajadores sanitarios.

También el Servicio Canario de la Salud ha sido objetivo de antivacunas y negacionistas. En enero miles de correos electrónicos fueron enviados a enfermeros y auxiliares que participan en la campaña de vacunación desde diciembre de 2021 en las Islas a menores de 12 años. Estos profesionales recibieron en sus correos corporativos un documento en formato PDF con mensajes amenazantes respecto de la campaña pediátrica que desarrollan para inmunizar a la población de entre 5 y 12 años frente al coronavirus, según denunció entonces el director del SCS, Conrado Domínguez. Las cartas iban firmadas por dos colectivos: la Asociación Nacional Sovida y la Asociación Nacional Leaders Collegue International.

En las misivas se aseguraba que estaban “cometiendo graves delitos tipificados en el Código Penal contra menores de edad”.