La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife que imponga multas de 1.000 euros cada veinte días a la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, hasta que cumpla la sentencia que condena al Ayuntamiento a derribar unos chalés adosados.
En un comunicado, ATAN recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó una sentencia el 25 de febrero de 2015 con las medidas efectivas que debían promoverse para demoler los chalés adosados ilegalmente edificados en ese municipio del sur de Tenerife.
Para ello pedía identificar al titular del órgano administrativo responsable de la ejecución, fijar un plazo razonable para la ejecución subsidiaria de la sentencia e imponer, en su caso, multas coercitivas al titular del órgano responsable de la ejecución o alternativamente requerir la colaboración de otras administraciones públicas para la ejecución de la sentencia.
Según indica ATAN, el Ayuntamiento de Vilaflor ha intentado “toda clase de dilaciones” para evitar el cumplimiento de la sentencia y en esta situación “se lleva más de cuatro años”.
Señala que el 4 de diciembre de 2017 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo otorgó un plazo de dos meses para la demolición de lo ilegalmente edificado y advierte de que esta orden se ha incumplido de manera ostensible, dado que ha transcurrido más de un mes desde la fecha en que se cumplió el plazo.
Precisa que la alcaldesa de Vilaflor indicó en un escrito del 26 de febrero dirigido al juzgado que “ni tan siquiera se ha elaborado proyecto de demolición” y que se condiciona el derribo de los inmuebles a la aprobación de los presupuestos municipales de 2018.
Agrega que en su escrito la alcaldesa señala que el presupuesto se deberá aprobar en el plazo de un mes (antes del 27 de marzo de 2018). ATAN indica al respecto que ni siquiera ha sido convocado el pleno del Ayuntamiento para su aprobación provisional.
“Los escritos de la alcaldesa de Vilaflor son nuevos intentos por dilatar de manera grosera el cumplimiento de la sentencia, ahora condicionando la demolición a la aprobación de unos presupuestos municipales para este año que ni tan siquiera han iniciado su tramitación en el pleno del Ayuntamiento”, asegura ATAN.