Empleo sanciona al Ayuntamiento de Arona por incumplir la normativa laboral con una trabajadora del programa formativo 2023-24

La Consejería regional de Turismo y Empleo, a través de su Servicio de Promoción Laboral y tras la correspondiente investigación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha impuesto una sanción al Ayuntamiento de Arona por incumplimiento de la normativa laboral en lo relativo a la situación de un trabajador de un programa de empleo. Aunque la cuantía es baja (751 euros), la oposición socialista teme que el caso se pueda extender a otros participantes en esta iniciativa y considera que se trata de una prueba más del “desbarajuste” en la gestión local durante el presente mandato, ahora por parte del pacto entre PP, CC y Vox.  

La sanción la recibió el Servicio de Recursos Humanos y tiene fecha de registro del 1 de agosto de 2024. La inspección de trabajo hizo las pertinentes averiguaciones a partir del 8 de febrero del pasado año por un accidente de trabajo de una empleada que ejercía como peón de limpieza del consistorio contratada mediante el programa de promoción de la formación y el empleo del Ayuntamiento de Arona 2023-24, tras una resolución para su incorporación del 17 de noviembre de 2023.

Ese accidente se produce en enero de 2024 y la inspección comprueba que no se estaba realizando el registro de la jornada de trabajo de este personal del programa formativo y de empleo, aportándose sólo un documento de control de asistencia de ese mes, “que es rellenado por la empresa con diversa nomenclatura”, ya que se trata de “un Excel con el listado común de todos los trabajadores, y para cada día una casilla donde se escribe una letra (A Asiste, R Reposo, FJ Falta justificada, FI Falta injustificada IT Baja médica, V Vacaciones, SA Salida Anticipada, ET Entrada tardía), sin firmas de los trabajadores, sin horario de trabajo (entradas y salidas), contraviniendo lo dispuesto en el art 34.9 del E.T.”. Así reza en el documento de la sanción, al que ha tenido acceso este periódico. 

El día 9 de febrero de 2024, y tras hacerle un requerimiento a la Corporación aronera, el ayuntamiento remite el 14 de ese mes la solicitud de reconocimientos médicos al Spa Quirón Prevención (centro de salud privado) y un documento Excel con el calendario de las 200 citas. El día 20 de ese mismo febrero, entrega el registro de los epis aportados a la cuadrilla de la accidentada, que se encontraba de baja, y el albarán de entrega del calzado de seguridad por el proveedor de, que tiene fecha del 14 de noviembre de 2023.

Infracción laboral

Sin embargo, la Inspección considera que estos hechos “son constitutivos de infracción en materia laboral conforme a lo preceptuado en el artículo 5.1 del RD. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en adelante TRLISOS); al haberse constatado que, por parte del Ayuntamiento (…), deficiencias en los registros de tiempo completo del personal adscrito” a dicho programa de promoción de la formación y el empleo. Según se constata, se incumple “la obligación de registrar diaria e individualmente la jornada de dichos trabajadores, lo que supone contravenir lo dispuesto en el art. 34.9 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.

Los socialistas temen que esta sanción pueda replicarse en caso de que otros participantes denuncien y que se haya dado o se esté produciendo con otros programas o departamentos del consistorio. La Inspección recuerda que el consistorio, como cualquier empresa, debe garantizar el registro diario de jornada, con el horario concreto de inicio y conclusión de cada trabajado, “sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”. Además, recalca que ese registro se debe negociación de forma colectiva o consultar a los representantes de los trabajadores para organizarlo y documentar la jornada, conservando el consistorio (o cualquier otra compañía) esos registros durante 4 años, cosa que no se ha dado en este caso.

La sanción, decidida el pasado 18 de diciembre de 2024, se considera “grave”, aunque la cuantía se limita a esos 751 euros por la comisión de una infracción administrativa en materia de relaciones laborales. No obstante, se le informó al consistorio del acta de infracción el 16 de julio y se le dio la opción de presentar alegaciones en un plazo de 15 días, aunque no lo hizo, si bien luego pudo presentar un recurso de alzada, para lo que se le otorgó un mes. Además, en el texto del expediente sancionador se recuerda que la “alcaldesa desempeña la jefatura superior de todo el personal, en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 21.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local”, aunque la competencia la delegó en la Teniente de Alcalde del área de Recursos Humanos, Patrimonio y Transportes, Devi Pereyra Kroll“, desde el 30 de septiembre de 2024”.

Canarias Ahora solicitó al gobierno de Arona su versión sobre esta situación desde el pasado viernes 28 de febrero, si bien aún no la ha aportado.