Dos policías locales de Arona declinaron precintar la nave de Guaza en 2023 pese a la orden de Urbanismo de suspender las obras

Los denunciantes de la nave industrial que se reforma y construye desde 2021 en la zona de Guaza, muy cerca de la autopista TF-1 en el municipio tinerfeño de Arona, de gran relevancia turística y con la mayor población de esa comarca, han presentado un nuevo escrito de ampliación de su denuncia ante el juzgado número 4 de esta localidad con el fin de que declaren los dos policías locales que, el 2 de mayo de 2023, se trasladaron hasta esta edificación con una orden de precinto firmada por el entonces concejal de Urbanismo, el socialista Leopoldo Díaz Noda, y, sin embargo, declinaron proceder a la suspensión de los trabajos ante la exhibición de un supuesto permiso por parte de la empresa promotora (Cicar, de alquiler de coches) en ese mismo momento de la visita.

La parte denunciante considera, en línea con la resolución de la Agencia Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias del pasado mes de septiembre, que la compañía nunca ha dispuesto de la pertinente licencia del Ayuntamiento de Arona (de obra mayor) ni de otras instancias superiores, sino, en tal caso, una solicitud de permiso bajo declaración responsable que, en principio, es totalmente insuficiente para seguir con los trabajos, que se han reanudado en diversas ocasiones desde entonces y que siguen en la actualidad como si no existiera la resolución de dicho órgano regional, tal y como comprobó Canarias Ahora al mediodía de este jueves y prueban las imágenes que acompañan estas líneas. 

Los denunciantes dicen no entender nada de lo que está sucediendo con esta obra, de considerables dimensiones justo a la entrada del núcleo de Guaza, y que se mantenga como si no hubiese pasado nada con la Agencia del Medio, con la notificación al Consistorio (área de Urbanismo) y con sendas denuncias posteriores ante el citado juzgado, la Guardia Civil y el propio órgano autonómico. No obstante, creen aún más grave que hace un año y medio, justamente en mayo de 2023, dichos agentes decidieran por su cuenta dar por bueno ese pretendido permiso de obra, interpretando, por tanto, la orden del edil, en vez de simplemente obedecerla y ejecutarla, que creen que es lo que procedía. Por eso, piden que comparezcan en calidad de testigos para saber si actuaron solo según su criterio ante los argumentos esgrimidos por la empresa o si les movieron otras indicaciones desde departamentos o técnicos locales.

“Decisión unilateral” de los agentes

La resolución del último concejal de Urbanismo del PSOE data del 21 de marzo del año pasado 2023, si bien la visita policial no se produce hasta el 2 de mayo. EL documento sostiene que el edificio se encuentra en situación de “fuera de ordenación” y que, “al contravenir la legalidad urbanística”, se acuerda la suspensión y precintado como medida preventiva. Sin embargo, y como se afirma en la querella ampliada, “los agentes deciden, unilateralmente, no llevar a cabo el precinto porque el encargado de la obra le exhibe una solicitud de licencia”. 

Los denunciantes insisten en que se carece de título habilitante para estas actuaciones y piden que la Policía local de Arona emita ahora un nuevo informe sobre el estado de las naves en la actualidad y en los últimos años. Asimismo, reclaman que el juzgado emita un oficio a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural “a fin de que remita el expediente que se instruye por las obras ilegales (e ilegalizables: en suelo rústico) que se llevan a cabo en las naves litigiosas (expediente IU-1529/2024)”. 

Para los denunciantes, resulta “difícil creer que dos agentes policiales pueda decidir unilateralmente tomar una decisión de este tipo sin que hayan recibido instrucciones, bien de algún superior policial o de algún funcionario de la oficina de Urbanismo”. En este sentido, subrayan que la orden de suspensión y precinto del concejal “fue dirigida al jefe de sección de disciplina”, uno de los funcionarios querellados. 

Además, critican la “manifiesta pasividad” del gobierno local (PP, CC y Más por Arona) surgido tras las elecciones de mayo de 2023 respecto a esta situación y ante la resolución de la Agencia, por lo que piden la declaración desde sus nuevas denuncias tras dicha decisión del órgano regional del edil de Urbanismo, Luis García, y de diversos técnicos y funcionarios locales en calidad de testigos o investigados. Temen que se esté cometiendo un presunto delito de prevaricación.