Arona es uno de los principales municipios turísticos de Canarias. En condiciones normales, recibe más de 100.000 visitantes mensuales, lo que ha convertido a esta localidad del sur de Tenerife en un imán para las grandes inversiones empresariales, pero también para la corrupción. Durante años, el Ayuntamiento se convirtió en un nido donde incubaban los grandes escándalos urbanísticos y las ilegalidades formaban parte del orden del día. Recuerdos de un pasado gris que vuelven estos días a la memoria tras descubrirse que un centro comercial ilegal, camuflado de proyecto científico, ha sido levantado en pleno paseo marítimo de Los Cristianos con la complacencia de las principales administraciones públicas.
La Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno autonómico, cuando estaba en manos de Coalición Canaria (CC), autorizó la instalación a pesar de que ocupa la servidumbre de protección marítimo-terrestre e incumple la Ley de Costas. El Ayuntamiento, por su parte, ha mostrado una pasividad que ha permitido que, a pesar de infringir el planeamiento vigente, la construcción siga en pie.
En Arona ya no gobiernan los nacionalistas, cuyo buque insignia, el exalcalde José Alberto González Reverón, acabó inhabilitado por la corrupción que sacudió al municipio durante años y que llevó a la cárcel a un exconcejal de Urbanismo del Partido Popular y a dos técnicos municipales. Ahora el PSOE tiene mayoría absoluta, pero hay cosas que no han cambiado. En Arona siempre se han cruzado los intereses empresariales y los políticos. En la actualidad, el PSOE está en manos de un conocido constructor, Agustín Marichal, que preside la Agrupación Local Socialista. Su hijo, Jorge Marichal, es el máximo responsable de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel) y de la patronal nacional, además de ser uno de los grandes defensores de los planes de modernización turística, los conocidos como PMM, impulsados por el Gobierno de Paulino Rivero (CC). El de Los Cristianos nunca se llegó a aprobar, entre otros motivos por la oposición del actual alcalde, José Julián Mena, pero es la base sobre la que se ha levantado el centro comercial de El Camisón.
La posición contraria del alcalde a los PMM es uno de los motivos que ha provocado una brecha interna entre Mena y el actual concejal de Urbanismo, Luis García, que también tiene su reflejo en el expediente del centro comercial. Para entender la tibia actuación del Ayuntamiento en relación a un edificio en el que se han detectado graves incumplimientos del planeamiento vigente, cuyas obras fueron precintadas en julio de 2017, es necesario conocer el papel que han jugado las resoluciones del edil y los informes de un arquitecto municipal, Damián Hernández, exconcejal de Coalición Canaria (CC) en Vilaflor y máximo responsable técnico del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento.
Los documentos que obran en los expedientes municipales evidencian que no fue hasta que se presentaron varias denuncias particulares, ya con las obras avanzadas, cuando desde el área que controla Damián Hernández se emitieron tres informes técnicos, el primero de ellos sirvió para suspender los trabajos, que corroboraron que el centro comercial se ha levantado sin respetar ni el planeamiento vigente ni el propio proyecto básico que fue autorizado mediante licencia municipal en julio de 2014. El 8 de septiembre de 2017, el máximo responsable del departamento y un arquitecto municipal conformaron un nuevo escrito en el que, a pesar de no tener la condición de juristas, concluyeron que gran parte de las irregularidades detectadas eran legalizables, lo que evitaba su demolición, entre las que destaca la planta de más que tiene el centro comercial a raíz de la construcción de la sobrecubierta ondulada que caracteriza al edificio.
Al informe del 8 de septiembre de 2017 se agarró el concejal de Urbanismo, Luis García, para dictar, en marzo de 2018, una orden de restauración de la legalidad vigente que daba oxígeno a la empresa promotora, Melisofi Consulting SL, y le permitía solicitar la licencia para adaptar al planeamiento la mayoría de los incumplimientos detectados y derribar solo la parte considerada ilegalizable por el técnico municipal: las infracciones de los retranqueos, la ocupación de una parcela colindante, la disposición de las lamas de la cubierta y las obras de prolongación del forjado de la segunda planta.
Los promotores presentaron un nuevo proyecto básico modificado, fechado en abril de 2018, que aún no cuenta con licencia municipal. Aunque ya había transcurrido el plazo inicial de dos meses, el concejal volvió a dictar en diciembre una segunda resolución de restablecimiento de la legalidad en la que se volvía a ordenar la demolición de las irregularidades consideradas ilegalizables.
El visor de la empresa pública Cartográfica de Canarias SA (Grafcan) registró el 13 de julio de 2017 una imagen área que muestra el estado de los trabajos solo 12 días antes de que se precintaran las obras. Basta comparar la fotografía con las instantáneas colgadas en la web en años posteriores para constatar que, después del precinto, se han realizado otras actuaciones en la parcela, al menos, en la parte exterior del edificio.
En las conclusiones emitidas por el jefe de Servicio en septiembre de 2017 se considera legalizable la sobrecubierta que, sin estar contemplada en el proyecto básico, la empresa promotora ejecutó en el edificio, lo que otorga una mayor altura a la construcción, que supera los siete metros establecidos en el Plan General de Ordenación (PGO) vigente, que data de 1993. En el expediente municipal del Artslife & Shopping consta un informe técnico, fechado el 4 de octubre de 2011, en el que ya se advertía de que “el proyecto presentado no cumple la prescripción referente a la planta y media de altura permitida”.
El informe de septiembre de 2017 reconoce que se ha introducido “una sobrecubierta distinta a la autorizada”, pero considera que es legalizable “atendiendo a la singularidad arquitectónica del elemento ornamental y que no existe incremento de la edificabilidad desde el punto de vista técnico”. Una posición que no está sustentada por las disposiciones del planeamiento municipal, pero que encuentra cabida en el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) de Los Cristianos, que daba carta blanca a la construcción de cubiertas, u otros elementos ornamentales considerados de singularidad arquitectónica, hasta cuatro metros por encima de la altura reglada. El documento nunca fue aprobado, por lo que no puede ser aplicable al caso del Artslife & Shopping.
Los PMM fueron impulsados por la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno regional, la misma administración que autorizó en 2012, cuando estaba gestionada por Coalición Canaria, la construcción del centro comercial en contra de la Ley de Costas y que, a pesar de que el permiso caducó antes de que se concediera la licencia municipal y comenzaran los trabajos, consintió que las obras se desarrollarán sobre la servidumbre de protección. El Plan de Modernización de Los Cristianos, además de permitir las cubiertas singulares, aumentaba de 1,5 a 2 las plantas permitidas en el centro comercial de El Camisón.
En febrero de 2019, el entonces viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero (CC), uno de los mayores defensores de los planes de modernización, y una vez que ya se había descartado la aprobación del PMM de Los Cristianos, dictó otra resolución para autorizar el proyecto modificado del Artslife & Shopping, que también invade la servidumbre de protección, al que el Ayuntamiento de Arona aún no ha concedido la licencia municipal.
A pesar de las presiones de las principales patronales empresariales, incluida la turística, el PMM nunca entró en vigor. Por ello, para entender si la sobrecubierta ondulada que luce el centro comercial encaja en el planeamiento es necesario acudir al PGO de 1993 y a las ordenanzas municipales de edificación, aprobadas en febrero de 2015. El instrumento general de ordenación establece una altura reguladora de siete metros y 1,5 plantas, pero permite que por encima se sitúe una cubierta que corresponda con el forjado del techo del segundo piso (que tiene que tener una superficie que no podrá superar el 50% de la primera), con una inclinación máxima del 30% y no habitable.
En las obras ejecutadas se ha constatado un aumento no permitido de la superficie de la cubierta provocado, entre otros motivos, al prolongar el forjado de la segunda planta para dar soporte a los elementos que sustentan la nueva sobrecubierta. La construcción también incumple las disposiciones del PGO porque tiene una línea de arranque por encima de la altura reguladora del edificio, por superar su vuelo al correspondiente de los aleros y por rebasar la inclinación máxima, que en las ordenanzas de edificación se lleva a los 30 grados. A ello hay que sumar que el planeamiento dispone que “los altillos se consideran como una planta más”.
Si el edificio se hubiera construido en base a la normativa en vigor, la imagen que se divisaría desde las playas de Los Cristianos y de El Camisón sería la de una instalación más pequeña, en superficie y en altura, y con un impacto visual mucho menor. El proyecto no solo incumple las disposiciones del planeamiento, sino que tampoco respeta el propio proyecto básico, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias en diciembre de 2011, que fue autorizado por la licencia municipal de obras que otorgó el Ayuntamiento en julio de 2014.
Tanto la autorización de Política Territorial de 2012, que caducó antes del inicio de los trabajos, como la licencia municipal fueron solicitados por una particular, dueña en ese momento de los terrenos que ocupa la parcela. En noviembre de 2014, cuatro meses después de obtener el permiso de obras, se produjo un cambio de titularidad a favor de la empresa que promueve el proyecto, Melisofi Consulting SL.
El Ayuntamiento de Arona, entonces gobernado por Coalición Canaria, denegó inicialmente la licencia por no estar desarrollado el plan especial del ámbito donde se ubica la parcela, pero rectificó después de que los tribunales dieran la razón a la propietaria y reconocieran su derecho a obtener el permiso. Este punto es importante porque el fallo judicial no obligaba al Consistorio a conceder la autorización para el inicio de las obras.
La Junta de Gobierno Local, reunida el 11 de julio de 2014, tomó conocimiento de la sentencia y concedió la licencia. En los antecedentes de hecho del acuerdo se expone que el 3 de abril de 2012 tuvo entrada en el Ayuntamiento la autorización concedida por la Viceconsejería de Política Territorial de Canarias para que los trabajos ocuparan la servidumbre de protección, a pesar de que el uso comercial no está considerado como ordinario para esta zona del litoral. El permiso del Gobierno autonómico deja claro que la autorización quedaba sin efecto una vez cumplido su plazo de ejercicio, que el propio documento establecía en dos años, y que se había rebasado ya cuando el órgano municipal adoptó el acuerdo de otorgar la licencia de obras.
La autorización aprobada por Política Territorial también omitía cualquier alusión al aparcamiento subterráneo del edificio. El proyecto aprobado por el Gobierno de Canarias, en cualquier caso, no contemplaba la construcción de la sobrecubierta ondulada que, al igual que el parking y cuatro locales de la instalación, invade la servidumbre de protección.
El 27 de enero de 2015, la empresa promotora, Melisofi Consulting SL, presentó el acta de replanteo de las obras y de comienzo de los trabajos. Según la memoria del proyecto básico, el edificio “se destina a uso comercial-recreativo con la posibilidad de realizar diferentes actividades comerciales, cafeterías, restaurantes, comercios, salas de fiesta, etcétera”.
El concejal de Urbanismo de Arona ha rechazado contestar a las preguntas trasladadas por Canarias Ahora sobre estas cuestiones.
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