El catedrático de cabecera de Coalición Canaria también emitió un informe para el caso Monkey, en Adeje
La exconcejala de Urbanismo de Adeje y actual directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Ermitas Moreira, investigada junto a otras doce personas en la causa penal por la ampliación del Monkey Beach Club, utilizó un dictamen del catedrático de la Universidad de La Laguna Francisco Villar para tratar de influir en el perito judicial, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Mírame Televisión.
El dictamen de Villar fue presentado en la causa penal como prueba pericial por la defensa de Ermitas Moreira el 26 de febrero de 2021. En el escrito se solicita a la jueza instructora que “dado que este informe se pronuncia sobre cuestiones relacionadas sobre el objeto de la pericia”, que había encargado la magistrada un mes antes, “se le dé previo traslado del mismo al perito judicial, con el fin de que este se pronuncie sobre los mismos extremos, por tratarse de cuestiones que resultan necesarias para el mejor entendimiento de los hechos que son objeto de esta instrucción”.
En una providencia de la jueza, dictada el 6 de abril de 2021, se acordó dar “traslado del informe del catedrático de Derecho Administrativo para su conocimiento”. Con esta decisión, la defensa de Moreira consiguió su objetivo: que el perito judicial conociera, antes de finalizar su dictamen, las tesis de Villar, que sostiene la legalidad de las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Adeje. No sirvió de mucho.
Tal y como relata Mírame Televisión, el dictamen final del perito judicial Juan Jesús Cabrera corroboró la actuación ilegal de todas las administraciones públicas implicadas en los distintos expedientes relacionados con las obras de ampliación del Monkey Beach Club, una sala de fiestas que se encuentra ubicada en primera línea de playa del municipio de Adeje. El informe apunta a posibles responsabilidades por parte de la Demarcación Provincial de Costas, de la Viceconsejería de Política Territorial de Canarias y del propio Ayuntamiento, en contra de lo defendido por Francisco Villar.
Fue el Ayuntamiento de Adeje quien realizó el encargo de forma verbal al catedrático, pero el dictamen fue entregado en la causa penal por Ermitas Moreira. Es decir, a pesar de que el servicio fue requerido por la administración local, cuya Junta de Gobierno del anterior mandato y varios técnicos municipales se encuentran imputados, fue una investigada, externa en la actualidad al Consistorio, la responsable de trasladar el dictamen de Villar al procedimiento judicial.
Esta no es la única cuestión que llama la atención. Tanto la Universidad de La Laguna como el Ayuntamiento de Adeje confirmaron que no existe expediente que sustente el encargo del dictamen. No hay petición formal por escrito, ni informe de necesidad para su tramitación como contrato menor, ni justificación de que no hay fraccionamiento, ni aval de la ULL, ni factura, ni pago. No hay ningún documento que dé forma administrativa al servicio prestado por Francisco Villar a través de la Fundación General de la ULL. Y no lo hay porque la solicitud se hizo verbalmente como “ampliación” a un trabajo anterior sobre la anulación del PMM de Costa Adeje, según confirmaron el propio catedrático y fuentes oficiales del Consistorio.
Preguntado por esta cuestión, Francisco Villar lo explicó así: “Formalmente, la Fundación no tuvo un segundo encargo; yo hice los dos informes en el mismo contrato. Recuerdo que tuve una reunión o dos en el Ayuntamiento y me dijeron que si podía darles una opinión sobre el asunto del Monkey. Y recuerdo que en su momento yo lo vi y, aunque evidentemente no era el mismo asunto, estaba todo relacionado. Las cosas suelen ser así, suelen ser más flexibles. No sé si eso ronda la ingenuidad pero, en general, funciono en relaciones de confianza. Te piden una cosa y la opinas”.
En el dictamen sobre el Monkey, el propio Villar reconoce la vinculación del encargo con la causa judicial, al dejar por escrito que la consulta se formula por parte del Ayuntamiento de Adeje debido a que “un grupo de ciudadanos ha formulado denuncia en la vía penal por entender que la misma [la licencia municipal] es contraria a la Ley de Costas”. Lo que no hay en el documento es mención alguna a su carácter de trabajo de ampliación sobre un informe anterior.
Son numerosos los dictámenes elaborados por el catedrático Francisco Villar a través de la Fundación General de la ULL como asesoramiento a diferentes administraciones públicas. El experto en Derecho Administrativo fue uno de los autores del informe que utilizó la defensa del expresidente de Canarias Fernando Clavijo en el caso Grúas. También fue el encargado de coordinar la redacción de la Ley del Suelo de Canarias.
Sobre la incorporación de su dictamen a la causa penal como prueba pericial, Villar aseguró que era la “primera noticia” que tenía, lo que supone que fue presentado por Ermitas Moreira sin su consentimiento. Un hecho al que no dio mucha importancia el catedrático. “Yo entregué eso abajo, en el Ayuntamiento, me refiero. Si lo han utilizado para una cosa o para otra es como si me preguntas si utilizaron el del PMM para otra cosa. Yo ya ahí, lo que hacen los responsables públicos con esos documentos, no me entero tanto. No te puedo dar más información”.
Desde el Ayuntamiento de Adeje tampoco saben cómo pudo llegar el dictamen a manos de Ermitas Moreira y por qué fue presentado en la causa penal. Las fuentes oficiales insisten en que el objetivo del informe era la consulta interna de los técnicos. La exconcejala de Urbanismo no ha atendido a las reiteradas llamadas de Mírame TV.
Las fechas
También hay una discrepancia en las fechas, ya que mientras que el informe de Francisco Villar aparece datado en el texto del documento el 23 de septiembre de 2019, la firma electrónica no se produjo hasta el 22 de febrero de 2021, cuatro días antes de que fuera presentado por Ermitas Moreira en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona.
En relación con esta contradicción, Villar explicó que “no sé lo que hacen los demás, pero yo normalmente adelanto el papel para que lo vean, quien sea, antes de firmarlo. Si te das cuenta, por lo que me acabas de decir, en medio estaba la pandemia. Es bastante probable que yo entregara la primera versión o la versión pendiente de firma y ahí seguramente se paró el asunto, y no volvieron a decir oye hace falta esto hasta más tarde”.
El dictamen sobre el PMM también aparece firmado, junto a la rúbrica de Villar, por otro profesor de Derecho Administrativo, Andrés Manuel González, cuyo nombre no figura en el informe sobre las licencias del Monkey. En el caso del trabajo sobre la anulación del Plan de Modernización también existe una discrepancia en las fechas, aunque estas son mucho más cercanas en el tiempo. Mientras que en el texto figura la data de 26 de julio de 2019, la certificación electrónica es de 19 de febrero de 2020, unas semanas después de que se pagara la factura.
Sin expediente
Tanto el Ayuntamiento de Adeje como el propio Villar confirmaron que no se elaboró un expediente administrativo independiente para contratar el nuevo dictamen sobre el Monkey Beach Club a la Fundación General de la ULL. Se realizó el encargo verbal en una reunión y el catedrático lo aceptó como una ampliación del primer informe, a pesar de ser más extenso (consta de 29 páginas frente a las 25 del documento sobre el PMM).
El primer informe fue solicitado a Villar por el Consistorio de Adeje en 2019 en concepto de “Dictamen jurídico sobre las consecuencias de la anulación del Plan de Mejora, Modernización e Incremento de la Competitividad de Costa Adeje” y se tramitó a través de un extenso expediente administrativo de 31 folios, donde obran todos y cada uno de los informes y documentos necesarios para avalar la contratación del servicio como contrato menor. Incluido el pago de la factura de 12.000 euros presentada por la Fundación.
En el dictamen de Villar sobre el PMM no se alude en ningún momento de forma directa al caso del Monkey. Aunque es cierto que la ampliación de la sala de fiestas se amparó en las previsiones urbanísticas del PMM, que contradecía la Ley de Costas, el objeto de ambos informes es distinto.
En agosto de 2020, Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Adeje requirió al Gobierno municipal el expediente íntegro sobre el servicio encargado a Francisco Villar para la elaboración del informe sobre la anulación del PMM. En la documentación entregada a la oposición no figura el dictamen del catedrático sobre las licencias del Monkey Beach Club. A pesar de ser una supuesta ampliación del primer trabajo, no está en el expediente ni existe referencia alguna.
El fondo
Después de un análisis jurídicos desarrollado en los 29 folios que conforman el dictamen, Francisco Villar concluye que “la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Adeje es conforme a Derecho”. Para ello, se basa en que la Junta de Gobierno investigada por conceder el permiso “contaba con la previa autorización autonómica de utilización en la servidumbre de protección y resultando conforme con la ordenación urbanística vigente contenida en el PMM de Costa Adeje”.
Villar también sostiene que el permiso municipal “es conforme con la legislación de Costas”. Una afirmación que ampara en que, según su criterio, la actividad que desarrolla el Monkey Beach Club se encuentra dentro de “los servicios convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre (...) tanto más cuando la actuación trae causa de una planificación turística previa, en este caso la recogida en el PMM de Costa Adeje”.
Esta posición es completamente descartada por el perito judicial, que considera ilegales todos y cada uno de los permisos concedidos por las administraciones públicas, incluida la licencia del Ayuntamiento de Adeje. El arquitecto Juan Jesús Cabrera concluye que la ampliación del Monkey Beach Club incumple la Ley de Costas. Es por ello que no se cansa de repetir la misma frase una y otra vez en su informe: “Ni era posible autorizar las obras ni cabe su legalización”.
El perito recuerda, entre otros argumentos, que la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas impide autorizar obras de ampliación de construcciones preexistentes cuando invadan las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, como es el caso del local de fiestas ubicado en la playa de Troya.
En el caso del Ayuntamiento de Adeje, hay un hito que llamó la atención del perito. Dos técnicos municipales emitieron cuatro informes antes de que la Junta de Gobierno Local acordase la concesión de la licencia de obras. Todos coincidieron en la viabilidad de la ampliación del Monkey bajo el paraguas del PMM, el mismo criterio que años después ha plasmado el catedrático Francisco Villar en un dictamen que ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona como prueba pericial por parte de la exconcejala de Urbanismo.
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