Ratificada la condena de un año y tres meses de prisión para Plasencia y otros dos empresarios por el caso Áridos
La sección dos de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena de un año y tres meses de prisión para los tres empresarios que se han reconocido autores de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar.
El juez ha confirmado este jueves la sentencia que habían negociado las partes y que evitará que los tres condenados entren en prisión, al ser la pena inferior a dos años.
Entre los condenados se encuentra Antonio Plasencia, quien fuera presidente de la patronal de la construcción de Tenerife, Fepeco.
La sesión se ha reanudado con la declaración del único de los cuatro acusados que no se reconoció como culpable en la primera vista oral del juicio.
Según la sentencia, los tres condenados son los autores criminalmente responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente, por lo que se les ha impuesto una pena de un año y tres meses de prisión para cada uno de ellos, además de una inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de una inhabilitación especial durante un año y medio para ejercer profesión u oficio que guarde relación con la actividad descrita en los hechos probados.
Además, se ha determinado que los condenados deberán hacerse cargo de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico en la zona, para lo que las administraciones deberán realizar un plan de restauraciones.
Mientras tanto, el único acusado que en la primera sesión del juicio que no se declaró como culpable, Francisco Javier del Rosario, ha asegurado durante su declaración que, “en absoluto”, tenía capacidad de decisión dentro de la empresa, puesto que, según su versión, solamente era un trabajador.
A preguntas de su abogado, el acusado ha explicado que siempre ha actuado “como mandatario” y “en representación de la empresa”, ya que era un cometido que le correspondía como empleado.
Del Rosario ha resaltado que “era notorio que no era administrador único” de la empresa y ha negado que él redactase ningún escrito, ya que no tiene capacidad para escribir documentos técnicos y administrativos, y que cuando firmaba lo hacía en representación del dueño, Miguel Reyes.
Las extracciones ilegales objeto de este juicio, que han causado un gran daño ecológico en Güímar, se llevaron a cabo entre los primeros años de los noventa y 2007 y fueron denunciados por el abogado Carlos Álvarez, en representación de un exconcejal y un agricultor afectado por la actividad de los areneros.
La siguiente sesión del juicio está prevista para el viernes 5 de febrero.
