La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide 10 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público para la alcaldesa de San Juan de la Rambla (municipio del norte de Tenerife), Fidela Velázquez (PSOE), por delitos de prevaricación administrativa. El Ministerio Público también acusa al actual primer teniente de alcalde, Cayetano José Silva, y al exconcejal Víctor Manuel García, para los que reclama una pena de ocho años de inhabilitación.
Los hechos considerados delictivos por el fiscal en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso mirametv.com, están relacionados con el pago de una indemnización prescrita a un aparcero y el abono de gratificaciones sin justificar a personal laboral del Ayuntamiento.
El representante de la acusación pública descarta sentar en el banquillo a Fidela Velázquez por contratar la elaboración del logotipo municipal a uno de sus hijos, que realizó el trabajo de forma gratuita, pese a que el juez instructor apreció indicios suficientes en el expediente.
Tampoco siguen adelante las imputaciones por dos delitos de malversación de fondos públicos, que durante la instrucción del caso se investigaron en concurso con los de prevaricación.
La noticia fue dada a conocer este jueves por la propia alcaldesa durante la celebración de una rueda de prensa, en la que compareció acompañada, entre otros, por el concejal Cayetano José Silva, también acusado. Velázquez informó de que tiene intención de presentar en los próximos días su escrito de defensa, único trámite que resta para que se fije la fecha de la vista oral.
La alcaldesa aseguró que no presentará su dimisión pese a la inminente apertura del juicio, en contra de lo establecido por el código ético del PSOE. “Yo he actuado en base al bien común, no de manera delictiva o corrupta”, contestó a preguntas de los periodistas. Sobre la posibilidad de que su partido le pida que deje su cargo, Fidela Velázquez aseveró que, “en todo caso, me pedirán que no me presente a las elecciones”.
Durante el encuentro con los medios de comunicación, la alcaldesa celebró que de los 12 expedientes administrativos por los que fue denunciada, en lo que tildó de “un acto de mala fe” del exalcalde Tomás Mesa, solo va a ser juzgada por dos. Velázquez negó haber actuado de forma delictiva en el expediente por el que se pagaron 300 euros de horas extras a 16 trabajadores del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, pero reconoció que el Consistorio “cometió enriquecimiento ilícito por no pagarle a un medianero”. Sobre este expediente llegó a admitir que “es donde único entendemos que podría haber calificación de prevaricación”.
El asunto del aparcero
El fiscal Santiago Guibert considera probado que los tres acusados cometieron delitos continuados de prevaricación. El representante del Ministerio Público recuerda que el 23 de noviembre de 2012, a pesar de tener sobre la mesa un informe negativo del secretario municipal, la Junta de Gobierno acordó reconocer una indemnización de 4.220 euros a un vecino por la “extinción improcedente de un contrato de aparcería”.
En el escrito de acusación se argumenta que los acusados votaron a favor de la proposición “con pleno conocimiento de que era contraria a derecho”, ya que la reclamación del aparcero se produjo en septiembre de 2011, siete años después de que cesara el contrato, por lo que el fiscal considera prescrita la posibilidad de obtener una indemnización.
La acusación pública insiste en que el interventor municipal pidió la suspensión del expediente y reparó el acuerdo al considerar que “la propuesta se había llevado a efecto sin la previa tramitación y resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial preceptivo”. El 18 de diciembre de 2012, el día después del informe del funcionario encargado de la fiscalización previa, Velázquez dictó un decreto para levantar el reparo “con pleno y consciente conocimiento de actuar contra la legalidad”.
La alcaldesa aprobó el decreto, explica el fiscal, “omitiendo conscientemente su obligación de elevar informe al pleno municipal”. La indemnización se materializó “mediante la entrega de un cheque nominativo (...) por importe de 4.220 euros el mismo día 18 de diciembre de 2012”, concluye el escrito de acusación.
Horas extras
Para entender el segundo de los expedientes por los que se sentarán en el banquillo los tres acusados hay que remontarse al 8 de febrero de 2013, el día hábil anterior a la moción de censura que permitió a Tomás Mesa, el denunciante de la causa, arrebatar la alcaldía a Fidela Velázquez. Ese viernes la alcaldesa dictó un decreto para conceder gratificaciones de 300 euros a favor de 16 trabajadores del Ayuntamiento tinerfeño. La resolución, una vez más, se hizo en contra del criterio del secretario municipal.
Según el fiscal, el decreto concedía “una cantidad a tanto alzado (...) sin atender o comprobar, en primer lugar, si habían realizado las horas extraordinarias y, en su caso, cuántas”. El escrito de acusación recuerda que el nuevo equipo de Gobierno, con Tomás Mesa a la cabeza (PP), no dio efectividad al decreto ante “las flagrantes irregularidades que contenía”.
Fidela Velázquez despidió su rueda de prensa con un mensaje dirigido a Tomás Mesa: “Las elecciones se ganan en las urnas, no en los juzgados”. Si se cumplen las previsiones, lo cierto es que la alcaldesa de San Juan de la Rambla se sentará en el banquillo de los acusados antes de que tenga lugar la próxima cita electoral. Su futuro político pende de la sentencia que salga de la vista oral.