La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tal y como esta recoge en su escrito de denuncia cursado ante los juzgados de Güímar contra la alcaldesa de este mismo municipio, Carmen Luisa Castro (PP), y dos concejales, Verónica Isabel Jorge, de CC, y Sixto Carlos Alfonso, de Alternativa por Güímar, no deja lugar a la duda en el asunto que contra estos cargos públicos locales se sigue, ahora en los citados juzgados, por la comisión de supuestos delitos de prevaricación administrativa.
Tal y como se asegura en el mencionado escrito legal (se adjunta en esta información), que firma el fiscal José Ramón Jurado López y es el resultado de varias denuncias cursadas ante la Fiscalía Anticorrupción por integrantes de los partidos Sí Se Puede y PSOE (la más antigua de finales de 2015), a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, se le debe “tomar declaración, en calidad de investigada”, como así también se debe actuar con los otros dos concejales, sin perjuicio de que esta lista pueda verse ampliada.
El objeto de tal decisión responde a que sobre esos tres políticos pesa la supuesta comisión de un delito de prevaricación administrativa, tal y como describe el artículo 404 del Código Penal, atribuido a parte de las decisiones que los tres cargos públicos tomaron en el desarrollo de sus responsabilidades.
Del escrito de denuncia de la Fiscalía, que desmonta muchos de los argumentos recogidos en la nota de prensa ordenada por la alcaldesa Castro este viernes, para rebatir una anterior, de este jueves (el día anterior), de la formación política Sí Se Puede, se desprenden varias cuestiones de relevante importancia en la causa: a) que, en efecto, como dice Sí Se Puede se le debe tomar declaración a la alcaldesa y a los dos concejales, en todos los casos en calidad de investigados (o imputados, que así se decía antes y es lo mismo), y b) que a ese proceso se debe añadir la toma de declaración a un largo listado de testigos. Aparte de estas voluntades, aparecen muchas más, todas ellas en el PDF que aquí se publica.
Concretados al menos esos dos extremos, no se explica el porqué del comunicado de la alcaldesa de Güímar en el que niega, esconde u oculta parte de lo recogido en el escrito de denuncia remitido por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife a los juzgados de Güímar, donde ya se ha iniciado el proceso judicial para dirimir si hubo o no delito en el caso que nos ocupa.
Menos incluso se entiende la voluntad de la Alcaldía de negar lo recogido en la nota de prensa de este jueves de Sí Se Puede, que se acerca mucho más, sin duda, a la realidad de este proceso judicial, el que ya se ha iniciado con la práctica de las diligencias previas y al que ahora seguirán otros procesos judiciales de más larga duración.