La Audiencia Provincial de Santa Cruz ha acogido este lunes la primera sesión de un juicio contra el antiguo administrador del quiosco Strasse Park, en el Parque García Sanabria, acusado de traspasar la concesión sin informar a los nuevos titulares de que el enganche de luz era ilegal y que acumulaba facturas por casi 90.000 euros, que en la actualidad ya son 150.000.
En la sesión intervino uno de los nuevos titulares, quien aseguró que no se les informó de que la conexión era ilegal ni de la existencia de deudas y la obligación de llevar a cabo obras para regularizar la situación, pero poco después les llamaron desde el Ayuntamiento y les informaron de lo que ocurría.
Los antiguos titulares sí habían elaborado un proyecto para llevar a cabo la instalación, cuyo coste era de 29.000 euros, pero tenía determinadas carencias que nunca fueron resueltas.
La ejecución de la obra contaba con un presupuesto de al menos 70.000 euros y dado que el quiosco está en un entorno calificado como Bien de Interés Cultural (BIC) se debió esperar por el permiso del Cabildo.
El actual gerente de urbanismo y antes de Servicios Municipales, Guillermo Díaz Guerra, recordó la conversación en la que se le comunicó a los compradores de la concesión de la situación real del quiosco, las deudas acumuladas y necesidad de llevar a cabo las obras o de lo contrario les cortarían el suministro.
El exconcejal asegura que le llamó la atención la reacción del empresario porque “se quedó como congelado, ni pestañeó”, y justificó que fuera en ese momento cuando requirió el pago porque impulsaba una política de ahorro en electricidad y le sorprendió la abultada factura del Parque.
Cuando le comunicaron cuál era la situación real del quiosco del Parque, este comprador asegura que se quedó en shock dada la cantidad de dinero que debían desembolsar y porque no se le hubiera informado antes de la compra.
El otro socio dijo que de haber tenido conocimiento de este dato no la hubiese llevado a cabo o lo habría hecho con unas condiciones muy diferentes y que en el contrato se incluyó una cláusula en la que se aseguraba que no había deudas pendientes.
Los nuevos titulares indicaron que la concesión terminó el pasado mes de septiembre, se está a la espera de que se lleve a cabo otra nueva y el negocio siempre ha sido rentable excepto durante la pandemia, aunque luego consiguieron subvenciones por valor de 71.000 euros.