La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado tres años y medio de cárcel por un supuesto delito de estafa a dos hombres acusados de vender las participaciones de un kiosco-bar, sin informar a los compradores de las deudas que mantenían con el Ayuntamiento, entre otras.
En caso de ser condenados los encausados deberán hacer frente a una responsabilidad civil que asciende a casi 13.000 euros de los que unos 3.500 euros corresponden a los compradores, 6.000 a una entidad bancaria y a otra más casi 3.800.
Los acusados eran socios de la empresa vendedora, dividiéndose el capital social en 10.000 participaciones de las cuales 7.500 pertenecían al primer acusado y 2.500 al segundo.
Finalmente, ambos vendieron la totalidad de sus acciones a una empresa y a un socio de ésta en tres operaciones distintas por un total de 317.250 euros, de los que 265.000 los recibiría uno de los vendedores y el resto el otro.
El principal activo de la mercantil vendedora y que suponía el verdadero interés de los compradores era una concesión administrativa para explotar el quiosco.
Sin embargo, los acusados, según la Fiscalía, “de común acuerdo y guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, omitieron a los compradores la situación económica real en que se encontraba la entidad mercantil”.
En concreto, no informaron de la existencia de determinadas cargas o deudas que de haber sido conocidas por los compradores hubiesen variado o modificado el precio de venta o en su caso incluso frustrado la operación.
Por lo tanto el Ministerio Público da por probado que los acusados “escondieron” que no habían pagado por obtener el suministro eléctrico como consecuencia de un enganche al suministro municipal.
Los procesados tampoco comunicaron la necesidad de realizar una obra para regularizar este servicio que resultaba indispensable para lo cual los vendedores habían presentado ya un proyecto valorado en casi 30.000 euros.
Pero esta circunstancia no llegó a ser comunicada de forma expresa antes de la firma de los contratos generando un perjuicio a los propios encausados que alcanzaría esa cifra y a los compradores que se verían obligados a realizar otro proyecto nuevo.