El juez Alba no aclara por qué su baja la firma un médico procesado por falsificar una historia clínica
El juez Salvador Alba Mesa, procesado por cinco delitos por presuntamente conspirar contra su compañera Victoria Rosell, no aclaró este lunes por qué su baja por enfermedad aparece firmada por un médico para el que la Fiscalía pide seis años de prisión por falsificar la historia clínica de su exmujer durante su proceso de divorcio. En unas declaraciones a la Cadena Ser, Alba ha anunciado que va a interponer una querella contra este periódico por un delito “que puede ser penado con hasta siete años de prisión”.
Alba ha confirmado que no está adscrito al régimen de cobertura de la Seguridad Social, en el que sí trabaja como facultativo el médico que le firmó la baja, Sergio Hernández Sánchez, que pasa consulta cada día en el Centro de Salud de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria. El magistrado goza de un régimen específico como funcionario de la Administración de Justicia, la Mutualidad General Judicial, en la que se puede optar por la sanidad pública o por la privada. Según sus declaraciones, él ha optado por la segunda, lo que no explicaría por lo tanto que su baja médica la firme un médico de la pública que no pasa consulta en ninguna de las clínicas privadas que tienen convenio con la Mutualidad General Judicial, según respondieron todas ellas a llamadas de este periódico cuando se les consultó concretamente por ese médico.
Además, el doctor Hernández Sánchez, que no quiso concretar a este periódico bajo qué modalidad de atención sanitaria firmó la baja del juez Alba, no aparece en el Colegio de Médicos de Las Palmas dentro de la lista de facultativos con consulta privada y en su perfil profesional de Linkedln solo figura su destino profesional en el Servicio Canario de la Salud.
Alba explicó su baja médica de este modo este lunes en sus declaraciones a la Cadena Ser en Las Palmas: “La baja la firma en mi caso un médico de cabecera porque no pertenezco a la Seguridad Social sino que es mi médico general; en segundo lugar, la baja la justifica un especialista y hay una serie de informes que justifica ese especialista y que dan lugar a que el médico general pues otorgue esta baja puesto que los especialistas, según nuestro cuadro de salud, no pueden hacerlo”
Tal afirmación es falsa. Según corroboró este lunes a Canarias Ahora la gerencia de la Mutualidad General Judicial en Las Palmas, “cualquier médico adscrito al cuadro médico de las aseguradoras privadas puede dar la baja”. Lo normal es que tal gestión la haga el médico de cabecera que cada mutualista haya escogido, “pero puede hacerlo cualquier especialista”, aseguró la portavoz.
En sus declaraciones a la Ser, Alba dijo que las informaciones de Canarias Ahora sobre la identidad del médico que firmó su baja “no son verdad, son inciertas o falsas”. Sin embargo, no especificó qué aspecto de las mismas carecen de veracidad y anunció que interpondrá una querella contra el periódico porque “cualquier sospecha o elucubración que se pueda hacer en torno a la salud de una persona me parece que es constitutiva de un delito y por lo tanto, será perseguida por quien suscribe, lógicamente”. Tal delito, que no concretó, está castigado con hasta siete años de prisión.
El facultativo escogido por Alba para ser, según sus palabras, su médico de cabecera está acusado por la Fiscalía por la presunta comisión de delitos contra la intimidad y falsificación documental contra su exmujer en pleno proceso de divorcio. La exesposa del doctor Hernández Sánchez le denunció por haber accedido en repeticiones ocasiones a su historial clínico durante su separación y le había añadido un diagnóstico falso para usarlo en su propio beneficio. El fiscal pide para él seis años de prisión.
El doctor Hernández demandó en su día a Canarias Ahora por intromisión en el derecho al honor y sus pretensiones fueron desestimadas. Fue condenado a pagar las costas judiciales, pero tiene recurrido ese fallo ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde todavía trabaja Salvador Alba.
Suspensión del juez Alba
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iniciará el próximo jueves el procedimiento para suspender al polémico magistrado. Los miembros de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces tomarán conocimiento del auto que decreta la apertura del juicio oral contra Alba y, a partir de ese momento, darán un plazo de diez días tanto al magistrado como al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la resolución, aunque la expulsión temporal se da por hecha.
A pesar de que existen dudas jurídicas acerca de si la baja médica de Alba podría bloquear su suspensión de funciones, José Macías Castaño, vocal del Poder Judicial y miembro de la Comisión Permanente , ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad donde participa en unas jornadas de especialistas en la jurisdicción contencioso-administrativa, que las bajas médicas “no influyen, en absoluto, en las cuestiones relativas a una eventual suspensión”.
