El alcalde de Guía rechaza que se suprima el juzgado de Violencia de la localidad

Juzgados en Santa María de Guía, en Gran Canaria.

Canarias Ahora

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El alcalde del municipio grancanario de Guía, Pedro Rodríguez (NC), ha expresado este martes su rechazo a la decisión del Ministerio de Justicia de retirar las competencias sobre violencia machista que ejercía uno de los juzgados del municipio para centralizarlas en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria.

En un comunicado, el primer edil sostiene que no se ha tenido en cuenta la singularidad del Partido Judicial de Santa María de Guía, que atiende a cinco municipios del Norte de Gran Canaria (Agaete, Gáldar, Moya, La Aldea de San Nicolás y Guía).

Y resalta que, desde esta semana, las víctimas de este tipo de delitos y sus hijos menores tendrán que desplazarse hasta la capital para que les tomen declaración, “alejando así el servicio público de la justicia que se presta a las víctimas de los citados municipios”.

“Ante la falta de sensibilidad con las víctimas de violencia de género que hasta la fecha venían siendo asistidas en el citado partido judicial, Pedro Rodríguez ha solicitado que este asunto se trate con carácter de urgencia en la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria”, anuncia el Ayuntamiento. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) explicó este lunes que esta medida de unificar los juzgados de Violencia hace que la atención de estos asuntos corresponda siempre a órganos especializados, bien los tres juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, o bien el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana. 

El fundamento normativo de esta medida se encuentra en los artículos 35 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial según redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015 que permitió extenderla jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, facultando al Gobierno para realizarlo mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia. Todos estos trámites se han cumplido, obviamente, en este caso, según el TSJC.

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