Los expertos en Canarias ante la crisis climática y la Agenda 2030, “con voz, pero sin voto”

Dos comités de expertos, uno fundado en 2018 para combatir el calentamiento global y otro creado esta misma semana para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Ambos cuentan con siete miembros de “reconocido prestigio y experiencia” designados por el presidente canario, Fernando Clavijo (Coalición Canaria). Los dos se reúnen “al menos cuatro veces cada año natural” para elevar al Gobierno regional propuestas y recomendaciones en las mencionadas materias. Pero los integrantes de dichos órganos, al fin y al cabo, están “con voz, pero sin voto” en la planificación de las Islas.

Esta semana, el Ejecutivo autonómico, conformado por CC y Partido Popular (PP), ha aprobado una reforma de la ley de cambio climático ampliamente cuestionada por ambientalistas, oposición y la Federación canaria de municipios (FECAM) en la que da forma, entre otras cosas, a la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, una especie de delegación administrativa encargada de coordinar las políticas climáticas del Gobierno. En ella participarán todas las consejerías y la dirección del comité de personas expertas para el estudio del cambio climático en el Archipiélago, aunque esta última lo hará “con voz, pero sin voto”.

Para Ana Barreira, abogada especializada en derecho ambiental y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambienta (IIDMA), es el procedimiento habitual. Los expertos en Canarias en estas reuniones de la Comisión, que se celebrarán con carácter anual en septiembre, tendrán el estatus de “observador” y nada más porque este es un órgano administrativo, no científico. Es una novedad, no obstante, ya que ni siquiera la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, constituida en 2018 por el Estado, cuenta obligatoriamente con científicos entre sus integrantes.

“En las Islas, al menos, los representantes de las administraciones públicas, de los funcionarios, van a escuchar lo que opinan los expertos”, valora Barreira. El presidente del comité e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Aridane González, también agradece que se vaya a contar con ellos, pese a que siempre puede explorarse una participación “más activa” de la ciencia en la toma de decisiones.

El IIDMA estudió hace unos años (2022) el papel que ejercen los comités de expertos de cambio climático autonómicos en España. Existen en las Islas Baleares, Canarias, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. El Instituto encontró que ninguno de ellos cuenta con un presupuesto propio y suficiente que le permita desarrollar su trabajo de manera fluida, independiente y eficaz (solo el canario contempla un régimen de indemnización limitado por asistencia a reuniones oficiales). También halló que, exceptuando el catalán, ningún ejecutivo regional está obligado a motivar sus decisiones cuando estas se aparten de las recomendaciones del comité de expertos. Asimismo, salvo el de Catalunya, de nuevo, ninguno de los grupos de expertos regula jurídicamente la duración del mandato de sus miembros, “garantizando que su composición no se vea afectada por posibles cambios de legislatura”, así como los periodos de renovación parcial del órgano. Y, por último, a excepción del balear, la información disponible al público sobre el funcionamiento de estos comités regionales y el resultado de su trabajo es muy escasa, “lo que evidencia una falta de transparencia institucional”.

En el caso del canario, fue creado en 2018 por Fernando Clavijo en su anterior mandato (2015-2019). No dispone de una página web en la que estén a disposición los análisis elaborados. Según el informe del IIDMA, el Ejecutivo regional, junto al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la ULPGC, iba a incluir la documentación señalada en la Base de Datos de Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Macaronesia (BADIMAC), pero sigue sin hacerlo. González recalca que esa es una decisión “política” y que el comité es de naturaleza consultiva, aunque reconoce que “sería muy interesante” que el consenso científico tuviera un valor “más que informativo” a la hora de elaborar leyes.

El también doctor en Ciencias del Mar y máster en Oceanografía sostiene que, en líneas generales, tanto este Gobierno como el anterior, liderado por el denominado Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG), han escuchado al grupo de expertos. Admite que “la parte política y científica a veces discrepan”, pero que “sus recomendaciones suelen ser tenidas en consideración”. “El cambio climático es transversal a casi todo. Tenemos que revisar el marco legal y meter esa visión en leyes fundamentales”, subraya. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata (PP), dijo hace unos días, en relación con la reforma de la ley de cambio climático, que “la colaboración con el comité ha sido piedra angular para el desarrollo” de la modificación. No hay constancia documental, sin embargo, de lo que proponían los expertos y finalmente fue aceptado por los gobernantes. El doctor en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma (UAM) y responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, Pedro Zorrilla, pide más transparencia al respecto.

“Estaría bien que se publicasen no solo los informes de los comités, sino también las actas de las reuniones que han tenido para que toda la ciudadanía tenga acceso a cuáles son los puntos de vista, la información aportada, las opiniones… Y finalmente las decisiones de los políticos”, razona Zorrilla. “Yo no creo en los gobiernos tecnocráticos, porque al final todos los técnicos tenemos una orientación política. Pero sí tiene sentido que se sepa con qué conocimiento partían los representantes políticos y qué datos les han proporcionado”, continúa.

El Reino Unido es un ejemplo al respecto. Fundó en 2008 un comité climático transparente a través de una ley pionera en la lucha contra el calentamiento global. Tiene personalidad jurídica y la capacidad de contratar, adquirir y poseer bienes, así como de pedir préstamos e invertir. Este curso gasto casi 600.000 libras esterlinas, más de 700.000 euros, en ello. Su papel principal es el de apoyar la acción gubernamental en los objetivos climáticos y medioambientales. El comité asesora al Secretario de Estado, es decir, al ministro encargado de estas cuestiones. Está compuesto por entre cinco a ocho miembros. Todos sus informes son públicos y el Gobierno, si decide separarse de sus opiniones, debe justificar por qué lo hace.

En la Unión Europea, por otro lado, hasta diez países han creado consejos científicos e independientes sobre el clima para supervisar y asesorar en este ámbito. Pero, según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, en sus siglas en inglés), “sin un papel claro y visible y sin los recursos adecuados, su impacto es escaso”. El análisis de la EEA revela que numerosos consejos climáticos son incapaces de proporcionar el detalle cuantitativo que desearían cuando se trata de evaluaciones de políticas y valoración de impacto previsto de las mismas. Muchos de ellos lamentan la falta de recursos. Y también la naturaleza específica (o inespecífica) del mandato “condiciona el grado de influencia de los consejos en la formulación” de medidas

Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y experto en transiciones ecosociales justas e innovaciones democráticas. Escribió hace más de una década junto con dos colegas un artículo académico titulado ¿Con voz, pero sin voto?: movimientos sociales y lobbies en los desarrollos recientes de la gobernanza europea en el que señaló que las administraciones públicas, en este caso la Comisión Europea, mantienen a la población el acceso vinculado a la elaboración de políticas para “incrementar su legitimidad (…) más que dar a las ONG o al resto de la sociedad civil un rol significativo dentro del ciclo político”.

Una reflexión similar podría hacerse sobre los comités científicos, en opinión de Jerez, quien confiesa que existe una “preocupación” en el mundo universitario sobre cuál es la “función social” de la propia academia en el marco de la agenda climática, también para luchar contra el “negacionismo científico”. El experto lamenta que casi todo dependa de la “voluntad política”, pero ve con buenos ojos, por ejemplo, el anuncio reciente del Gobierno nacional, que prevé fichar a más de medio centenar de asesores científicos para fundamentar sus políticas. Ese nuevo sistema de asesoría, con una oficina ubicada en La Moncloa y voces acreditadas en cada ministerio, contará un presupuesto anual de diez millones de euros.

Jerez considera que en España “llevamos muchos años de retraso” en cultura participativa. Pone el ejemplo de Francia, donde 150 ciudadanos, elegidos al azar para ser representativos según criterios de género, edad, calificaciones y estatus socioeconómico, redactaron decenas de recomendaciones para la elaboración de la ley nacional de cambio climático. En España también hubo una asamblea participativa, pero sus propuestas fueron remitidas al Congreso de los Diputados después de la aprobación de la norma, no antes. El experto cree que los científicos, además, podrían jugar un papel de “intermediación” en la conversación ciudadana, “explicando qué hay en juego” y “acercando sus reflexiones” a la población, sobre todo en un momento de “ataque frontal” a los “consensos básicos” por el resurgimiento de los movimientos ultra.